¿Por qué ahora diputados deben decidir si levantan inmunidad a Gerald Campos?
Corte Plena avaló enviar a la Asamblea Legislativa la solicitud para levantar la inmunidad del ministro de Justicia y permitir su enjuiciamiento por peculado y otros delitos
La Asamblea Legislativa deberá decidir si levantan el fuero de improcedibilidad del ministro de Justicia, Gerald Campos Valverde, quien fue acusado por la Fiscalía General por supuestos actos de corrupción cometidos cuando formaba parte de la Policía Judicial.
Este lunes, el Tribunal de la Corte Plena sesionó —tal como lo adelantó CR Hoy en horas de la mañana— para tramitar la acusación penal por los presuntos delitos de peculado, falsedad ideológica y reconocimiento ilegal de beneficios laborales.
Los magistrados llegaron a una decisión y resolvieron continuar adelante con la causa penal: por mayoría de 17 votos contra 5, se ordenó trasladar a la Asamblea Legislativa la solicitud de levantar el fuero especial, conocido como inmunidad.
Esto es parte del proceso extraordinario que se emplea para miembros de Supremos Poderes. Al tratarse de un miembro del gabinete del mandatario Rodrigo Chaves Robles, no es posible someterlo a un enjuiciamiento ordinario.
Esa es la razón por la cual el Congreso debe dar el visto bueno para que el ministro pueda ser sometido a juicio. La decisión final quedará en manos de los diputados. Actualmente, la resolución de la Corte se encuentra en fase de redacción y aún no ha sido enviada al Congreso.
Tras una eventual autorización legislativa, la Sala Tercera de Casación Penal podría procesar al alto jerarca, quien goza de una protección especial por su cargo, lo que impide que sea juzgado por la vía ordinaria ante un tribunal penal común.
Una vez levantada la inmunidad, un magistrado de la Sala Tercera asumirá la dirección del expediente judicial. Estará a cargo de los actos de investigación y notificará al imputado para que, en un plazo de tres días, designe a su abogado defensor con el fin de tomarle declaración indagatoria.
A este proceso se le conoce como la instrucción de la causa. Durante esta etapa, también se señalará la fecha para la toma de datos y la declaración indagatoria.
Posteriormente, se valorará y resolverá la admisión de prueba para dar curso a un eventual juicio contra el jerarca.
A diferencia del procedimiento ordinario, en estos casos no corresponde al Ministerio Público recibir la declaración del imputado. Será el magistrado instructor quien dirigirá esta diligencia y, tras ella, otorgará cinco días a las partes para que ofrezcan prueba de cara al juicio.
Vencido el plazo, se admitirán las pruebas pertinentes y se fijará fecha y hora para la realización del debate oral y público.
La Constitución Política, la Ley Orgánica del Ministerio Público y el Código Procesal Penal establecen el procedimiento específico que debe seguirse en una investigación penal contra un miembro de los Supremos Poderes, como ocurre en este caso con un integrante del Poder Legislativo.
La audiencia fue de carácter privado para remitir el expediente al Congreso. La acusación estuvo por año y medio, desde el pasado 30 de enero de 2024, cuando la Fiscalía envió al Tribunal de la Corte Plena una acusación formal contra el jerarca.
En detalle, los presuntos delitos que se le atribuyen son: reconocimiento ilegal de beneficios laborales en concurso ideal con dos delitos de peculado, así como dos delitos de peculado en concurso ideal con dos delitos de falsedad ideológica, según el Ministerio Público.
El concurso ideal es una figura jurídica que se configura cuando, mediante una sola acción, se cometen dos o más delitos. Es decir, en un solo acto, el actual ministro habría incurrido en múltiples conductas ilegales.
En la causa penal que enfrenta Gerald Campos se le achacan varios actos presuntamente ilícitos, como el uso irregular de un vehículo asignado, cobros excesivos por horas extra para un custodio de apellido Jara, y la inclusión de datos, en apariencia falsos, para justificar el pago de viáticos.
Los hechos habrían ocurrido años atrás, cuando el jerarca ocupaba el cargo de subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Aferrado a la inmunidad y la cereza en el pastel
El 3 de abril de este año, Gerald Campos renunció a su plaza como subdirector del OIJ, aferrándose al menos 13 meses más a la inmunidad que le otorga su permanencia como ministro, lo que dificulta que sea llevado a juicio.
La decisión del jerarca se dio dos días después de que la Corte Plena rechazara extenderle el permiso para continuar en el gabinete, dado que la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que un funcionario judicial de su rango requiere autorización de los magistrados.
El único camino para que Campos permaneciera como titular de Justicia y Paz era renunciar al OIJ. De no hacerlo, habría tenido que dejar el ministerio para reincorporarse a la Policía Judicial.
Consultado por CR Hoy el día de su renuncia, negó que su motivación fuera conservar la inmunidad.
"No, la inmunidad termina, la causa no. Yo siempre he dicho que investiguen a los que tengan que investigar.
El problema es cuando las investigaciones son por cosas basura. (…) Si usted escuchó el razonamiento que dio la Corte en la última votación, no hablaron de eso (la acusación penal)", señaló a este medio.
En 2022, cuando el entonces subdirector del OIJ pidió permiso a los magistrados por primera vez, prometió renunciar a la inmunidad cuando la causa avanzara. Por eso se amplió el permiso también para 2023 y 2024.
Pero en abril de este año afirmó que, como la acusación aún no ha llegado a la Asamblea Legislativa, no "discutirá" con el Poder Judicial en una etapa que "no corresponde".
Un video subido a YouTube en enero de 2016 detonó las investigaciones contra Campos, quien aún estaba en la Policía Judicial. La publicación fue titulada La cereza del pastel de GCV1.
Además, se habría comprobado la inserción de datos falsos en Hojas de Liquidación de Gastos de Viaje en el Interior del País, para justificar el pago de viáticos por desayunos, almuerzos o cenas a Campos y su custodio.
Al parecer, el entonces subdirector habría recibido alrededor de ¢900.000 en viáticos, mientras que su guardaespaldas, Jara, habría percibido ¢5,8 millones por horas extra y más de ¢800.000 por viáticos.
La acusación estuvo lista desde febrero de 2022, cuando la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) presentó la petición ante el Juzgado Penal de Hacienda del II Circuito Judicial de San José.
Posteriormente, Campos asumió como jerarca y obtuvo el fuero especial, lo que complicó el avance del proceso.
