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¿Por qué EE. UU. sancionó a jueces de la Corte Penal Internacional y qué tiene que ver Israel?

Por Gustavo Arias | 25 de Ago. 2025 | 6:16 am

Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra cuatro jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional (CPI). La decisión está directamente relacionada con la investigación que el tribunal de La Haya lleva adelante sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por Israel en Gaza, y provocó un fuerte rechazo internacional.

El episodio reaviva la disputa entre Washington y la CPI, y coloca a Israel en el centro de una controversia que mezcla justicia internacional y geopolítica.

¿Qué sanciones impuso Estados Unidos?

El secretario de Estado, Marco Rubio, informó que los magistrados sancionados tienen prohibido ingresar a Estados Unidos y se congelarán sus activos en el país.

Rubio sostuvo que la CPI es una "amenaza para la seguridad nacional" y acusó al tribunal de ser usado como "arma política contra Estados Unidos y nuestro aliado Israel".

¿Quiénes son los sancionados?

Las sanciones alcanzan a cuatro juristas de distintas nacionalidades:

  • Nicolas Guillou (Francia): juez que preside el caso en el que se emitió una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.
  • Kimberly Prost (Canadá): jueza que participó en el proceso que autorizó investigar presuntos crímenes cometidos en Afganistán, un caso que toca a soldados estadounidenses.
  • Nazhat Shameem Khan (Fiyi): fiscal adjunta señalada por apoyar las órdenes de arresto contra Netanyahu y el exministro de Defensa de Israel Yoav Gallant.
  • Mame Mandiaye Niang (Senegal): fiscal adjunto, también vinculado a la investigación de Israel.

Washington subrayó que todos ellos intentaron procesar a ciudadanos estadounidenses o israelíes "sin el consentimiento" de sus gobiernos.

¿Qué es la Corte Penal Internacional?

La CPI es un tribunal creado en 2002 a través del Estatuto de Roma. Su misión es juzgar a individuos acusados de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio y agresión, cuando los sistemas judiciales nacionales no pueden o no quieren hacerlo.

Con sede en La Haya, Países Bajos, la corte está integrada por 125 Estados miembros.

Ni Estados Unidos ni Israel forman parte de la CPI. Ambos rechazan su jurisdicción porque temen investigaciones contra sus ciudadanos y autoridades.

¿Si no son miembros, cómo puede investigar a Israel?

Aunque ni Washington ni Tel Aviv ratificaron el Estatuto de Roma, Palestina sí lo hizo en 2015. Esto permite a la CPI ejercer jurisdicción sobre presuntos crímenes cometidos en territorio palestino, incluyendo Gaza y Cisjordania.

Con base en esa adhesión, la fiscalía emitió en noviembre de 2024 órdenes de arresto contra Benjamin Netanyahu y su entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Las acusaciones incluyen ataques intencionales contra civiles y el uso de la hambruna como arma de guerra durante la ofensiva israelí en Gaza.

¿Qué tiene que ver Israel con las sanciones?

Las sanciones están directamente vinculadas con este caso. Entre los jueces castigados se encuentra Nicolas Guillou, quien preside el expediente contra Netanyahu.

Washington considera que procesar al líder israelí es un "abuso de poder" de la CPI. En la práctica, las sanciones buscan proteger a Israel de un proceso judicial internacional, enviando a la vez una señal de respaldo político a Netanyahu.

¿Cómo reaccionó Israel?

El primer ministro israelí celebró la decisión de inmediato.

"Es una acción decisiva contra la campaña de difamación y mentiras dirigida contra Israel y su ejército, en favor de la verdad y la justicia", declaró Netanyahu.

¿Cuál fue la reacción internacional?

  • Corte Penal Internacional: calificó las sanciones como un "ataque flagrante contra la independencia judicial".
  • Francia: expresó "consternación" porque uno de los jueces sancionados es ciudadano francés.
  • Canadá: también criticó la inclusión de la jueza Kimberly Prost.
  • Naciones Unidas: manifestó "grave preocupación" y recordó que la CPI es un órgano independiente respaldado por la comunidad internacional.
  • Organizaciones de derechos humanos: denunciaron que Estados Unidos intenta socavar la justicia internacional y generar impunidad.

¿Ha tenido antes Estados Unidos roces con la CPI?

Sí, y no son pocos. El choque con el tribunal de La Haya tiene una larga historia:

  • Rechazo desde el inicio: aunque el presidente Bill Clinton firmó el Estatuto de Roma en 2000, nunca lo envió al Senado. Su sucesor, George W. Bush, retiró formalmente la firma y dejó claro que EE. UU. no aceptaría la jurisdicción de la corte.
  • La "Ley de Invasión de La Haya": en 2002, el Congreso aprobó la "American Servicemembers' Protection Act", que autoriza "todos los medios necesarios" para liberar a militares estadounidenses detenidos por la CPI.
  • Presiones diplomáticas: Washington presionó a decenas de países para firmar acuerdos bilaterales que evitaran la entrega de ciudadanos estadounidenses al tribunal.
  • Primer mandato Trump: cuando la CPI abrió una investigación sobre Afganistán, que incluía a soldados y agentes de inteligencia de EE. UU., la administración Trump impuso sanciones directas a la fiscal Fatou Bensouda y a otros funcionarios de la corte.
  • Retórica dura: en 2018, John Bolton, entonces asesor de Seguridad Nacional, calificó a la CPI como "ilegítima" y amenazó con prohibiciones de entrada a sus jueces.
  • Cooperación limitada: durante el gobierno de Barack Obama hubo algunos gestos de colaboración en casos concretos, como el de Libia, pero sin que EE. UU. llegara a acercarse a la ratificación del tratado.
  • Biden: durante su mandato, Joe Biden calificó como "indignante" la solicitud de detención de la CPI contra Netanyahu.
  • Segundo mandato de Trump: Trump firmó una orden ejecutiva, en febrero de 2025, que autorizó sanciones contra el fiscal Karim Khan y otros funcionarios de la corte. En junio, el secretario de Estado, Marco Rubio, sancionó a cuatro juezas: Solomy Balungi Bossa (Uganda), Luz del Carmen Ibáñez Carranza (Perú), Reine Alapini-Gansou (Benín) y Beti Hohler (Eslovenia).

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