BCR devolvió salarios a gerentes investigados porque les cambiaron medidas cautelares
Los habían suspendido sin goce salarial el año pasado pero están recibiendo el dinero tras quedar libres
El Banco de Costa Rica (BCR) confirmó que el cambio en las medidas cautelares impuestas a dos gerentes y un tesorero de sucursales de la institución motivó a la entidad a restituirles el salario que percibían antes de ser detenidos por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y suspendidos sin goce de sueldo desde setiembre de 2024.
Ante una consulta de CR Hoy, la entidad explicó que la suspensión salarial se ejecutó debido a que los funcionarios, de apellidos Salas Sandoval (gerente), Vargas Mora (gerente) y Zúñiga Brenes (tesorero), se encontraban cumpliendo prisión preventiva al inicio del proceso. No obstante, en la última audiencia se revisaron las medidas cautelares, y los tres quedaron en libertad.
A los funcionarios los arrestaron el 17 de setiembre del año pasado, como sospechosos de colaborar con una red de lavado de dinero proveniente de un grupo narcotraficante vinculado al Clan del Golfo de Colombia, una de las organizaciones criminales más poderosas en la actualidad.
Desde entonces quedaron fuera de sus funciones en la entidad financiera y enfrentan el proceso como imputados en la causa 22-000116-1322-PE, conocida policialmente como Caso Shark.
(…) las personas trabajadoras del Banco de Costa Rica investigadas fueron inicialmente privadas de su libertad (prisión preventiva) por parte del Ministerio Público durante varios días. En virtud de la prisión preventiva la relación laboral y por ende el pago de salario fue suspendido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 del Código de Trabajo. Aquella suspensión se mantendrá vigente hasta el momento en que el Juez Penal competente resolvió la situación jurídica de los investigados y la solicitud de medidas cautelares de la Fiscalía.
Luego de que el Juez penal competente resolvió la solicitud de la Fiscalía de las cautelares sobre las personas trabajadoras medidas del Banco y no autorizó medidas privativas de libertad, en el Banco de Costa Rica la Gerencia General dispuso como medida prudencial la suspensión de estas personas trabajadoras con goce de salario durante la fase de la investigación preliminar en el proceso penal", indicaron en el BCR.
Por esa razón los dos gerentes tienen prácticamente 3 meses de estar ganándose otra vez ₡1.919.076 y el tesorero ₡1. 288.074.
Estos tres funcionarios son señalados por el Ministerio Público de formar parte de la organización criminal, cuyas operaciones estaban instaladas con fuerza en la Zona Norte, por lo que movían grandes cantidades de dinero provenientes del narco en diferentes negocios de esa región del país como exportación de fruta, iglesias evangélicas y locales pequeños de diversa venta.
La investigación realizada por la Sección de Legitimación de Capitales del OIJ reveló que los presuntos narcotraficantes buscaron a los funcionarios del BCR por medio de testaferros, para que les ayudaran a introducir dinero de origen ilícito en el sistema bancario nacional, evadiendo los controles habituales para tenerlos en cuentas como capital limpio.
Randall Zúñiga, director del OIJ, confirmó que estas tres personas en apariencia estaban en colusión con el grupo criminal y funcionaban como colaboradores de los supuestos narcos desde sus oficinas en las sucursales de Río Cuarto y Santa Rosa de Pocosol.
Junto a ellos detuvieron a otras 9 personas sospechosas de operar en favor de la organización delincuencial en diferentes rangos y con distintos puestos.
El líder de este grupo, según el OIJ, es un colombiano de apellidos Meléndez León, quien figura en la lista de objetivos de alto valor estratégico para la DEA por su presunto ligamen con el Clan del Golfo.
Además figura en la base de datos CPAC de la agencia antinarcóticos y como uno de los llamados “Siete Tiburones del Pacífico”, siendo que estaba en el top 50 de los más buscados por la DEA.
Las autoridades atribuyen a Meléndez ganancias millonarias por sus constantes envíos de droga a Europa, las cuales habría canalizado hacia diversas actividades económicas, entre ellas el cultivo de piña. Además, se sospecha que mantenía vínculos con un pastor evangélico, de apellidos Barboza Pilartes, con quien habría colaborado para movilizar fondos sin levantar sospechas.
"Presuntamente, la organización criminal le entregaba a este líder dinero y él lo depositaba como si fuera parte de lo reunido por la congregación religiosa. Los ingresos generados por estas actividades ilícitas se habrían utilizado para la legitimación de capitales", detalló el Poder Judicial.
Meléndez es de origen colombiano, perose casó en 2019 para naturalizarse como costarricense y así refugiarse, dado que en el país no está autorizada la extradición de nacionales todavía.
Otro sospechoso apellidos Arosemena Siles, que también cuenta con amplio expediente criminal, es otro de los supuestos líderes que se dedicaban a utilizar contenedores para exportar la droga. También se detuvo al pastor de una iglesia y a 3 funcionarios de bancos estatales sospechosos de ayudar a lavar las ganancias.
Meléndez León, alias "Volvo"
Intentó recuperar salario en enero
Tras ser suspendido sin goce de salario por el BCR, uno de los funcionarios investigados acudió al Tribunal Contencioso con el fin de revertir la medida. Se trata de Vargas Mora, gerente de la sucursal de Río Cuarto, quien presentó una demanda el pasado 9 de enero, al cumplirse tres meses desde su separación del cargo.
El banco había emitido la resolución administrativa N.° GCCH-650-09-2024, el 24 de setiembre de 2024, con la cual ordenó cesar el pago salarial a los funcionarios detenidos como parte del proceso penal que enfrentan.
En su acción judicial, Vargas sostuvo que la suspensión afectaba gravemente su economía familiar, al constituir —según dijo— su única fuente de ingresos. Argumentó que la medida equivalía a una sanción anticipada, dado que el vínculo laboral no se había extinguido ni existía restricción alguna sobre su libertad personal.
El gerente explicó además que debía afrontar el pago de un alquiler de ¢250 mil, dos hipotecas y los gastos relacionados con su hija, quien cursa estudios universitarios.
No obstante, la jueza Alana Fonseca Lobo, encargada del caso, concluyó que el interés individual del funcionario no podía prevalecer sobre el interés general, por lo que rechazó su solicitud de medida cautelar y dejó en firme la suspensión salarial mediante la resolución N.° 01157-2025, emitida el 12 de febrero de este año.
A pesar de este fallo, cuatro meses más tarde CR Hoy reveló que tanto Vargas como los otros funcionarios implicados volvieron a recibir su salario, pese a que continúan fuera de sus funciones y bajo investigación judicial.
