Precarios en Costa Rica se dispararon mientras cayó la entrega de bonos de vivienda
"¿Para qué voy a pedir? No me van a dar nada. Primero, soy extranjera, soy nicaragüense", respondió cabizbaja Margarita García, una mujer que trabaja en una mini pulpería dentro del precario "Los Huevitos", ubicado en Río Segundo de Alajuela.
García, quien vive desde hace cinco años en ese asentamiento informal junto con su madre, una señora de 76 años, dos hijos y dos nietos, es el único sostén económico de su hogar.
Accedió a conversar con este medio bajo la condición de no ser grabada en video ni fotografiada.
Aunque reconoció que el dinero no le alcanza y que, si no trabaja, su familia no come, manifestó que nunca ha considerado pedir ayuda al Estado para obtener una solución de vivienda y reiteró con notable incredulidad: "No me van a dar nada".
Respuestas similares ofrecieron otros habitantes de ese precario, en el que conviven más de 250 familias.
Severa caída
A pesar de la expansión de los asentamientos informales en Costa Rica en un 50 % en los últimos 12 años, los avances alcanzados años atrás en materia de vivienda, especialmente para los sectores de bajos ingresos, se ven amenazados hoy.
Según el informe Balances y Tendencias del Sector Vivienda 2023, elaborado por reconocidas entidades, en los últimos años se ha observado un cambio en la dinámica de otorgamiento de los Bonos Familiares de Vivienda (BFV).
A partir de 2021 disminuyó la cantidad de bonos entregados, pero en 2022 y 2023 la reducción fue mucho más pronunciada.
Entre 2017 y 2021 se otorgaron en promedio 11.952 bonos por año, mientras que en 2022 y 2023 el promedio descendió a 8.296.
"Se trata de una reducción de más de 3.500 bonos por año respecto al promedio del quinquenio anterior, lo que se traduce en más de 7.000 familias que han perdido la posibilidad de acceder a una vivienda adecuada", detalla el documento.
La caída en la cantidad de BFV entre 2021 y 2023 representa una disminución del 36 %.
"La situación descrita evidencia un drástico cambio en relación con lo que había venido siendo la tendencia en cuanto al otorgamiento de los bonos y la atención a las necesidades residenciales de los sectores de menores ingresos y, seguramente, un retroceso en los indicadores de vivienda que se reflejará en años venideros", añade el informe.
Llamado de atención
El estudio señala que, si se amplía el periodo de análisis desde el inicio del Sistema Financiero de Vivienda (SFNV) y la entrega de bonos en 1987, los años 2022 y 2023 registraron la cobertura más baja de todo ese lapso, únicamente superados por 1999.
Además, la disminución en el otorgamiento de BFV iniciada en 2021, y acentuada en 2022 y 2023, se refleja sobre todo en los Bonos Familiares de Vivienda para Reparación, Ampliación y Mejoras (RAMT), cuyo propósito es atender el déficit cualitativo, el más amplio del país.
"Históricamente, estos bonos han sido pocos en cantidad y porcentaje en comparación con el total de los bonos entregados por año y, sobre todo, en relación con la magnitud del déficit cualitativo", menciona el documento.
Entre 2006 y 2020, la colocación de bonos RAMT mantuvo una tendencia creciente; sin embargo, desde ese último año ha caído de forma importante, reduciendo las posibilidades de mejorar el parque habitacional existente.
Los bonos familiares de vivienda han sido un mecanismo relevante de transferencia de beneficios del Estado hacia los sectores menos favorecidos económica y socialmente. Su aporte ha sido fundamental, aunque insuficiente, para atender el déficit habitacional.
No obstante, el estudio advierte que en los últimos años esa participación ha cambiado de rumbo: la reducción del presupuesto asignado al Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) para el otorgamiento de bonos ha implicado una menor cantidad de familias beneficiadas con la posibilidad de acceder a una vivienda adecuada.
"Ese cambio en la tendencia de la cantidad de bonos otorgados debería ser solo una mala coyuntura y no una nueva tendencia", concluye.