Presidencia cumple una semana bloqueando proyecto sobre licencias de cuido
El presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, cumple una semana —este lunes— bloqueando en la Asamblea Legislativa el proyecto de ley 25.240, que busca subsidiar las licencias de cuido de pacientes terminales y menores de edad con enfermedades graves.
Esto, pese al llamado de diputados, grupos de cuidadores y a la advertencia de la Contraloría General de la República (CGR).
Incluso, la Sala Constitucional dio con lugar al menos cinco recursos de amparo presentados por madres y padres, señalando que debe garantizarse el pago a quienes brindan este tipo de cuidados.
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aprobó en sesión de junta directiva, el pasado miércoles, ₡2.700 millones destinados para este fin. Sin embargo, la asignación de los recursos requiere una reforma legal para obtener el aval de la Contraloría.
Chaves rechaza esa interpretación y sostiene que la responsabilidad recae exclusivamente en el órgano contralor, por lo que considera innecesario convocar el proyecto para su aprobación en segundo debate.
Licencias fuera de agenda
Desde el pasado 3 de noviembre, el Congreso entró en sesiones extraordinarias, lo que otorga al Poder Ejecutivo el control de la agenda legislativa.
Durante la semana anterior, la Presidencia envió dos decretos de convocatoria, pero en ninguno incluyó el proyecto sobre licencias de cuido. En su lugar, se convocaron más de 100 iniciativas propias de los aliados de Chaves en el Congreso —PUSC y Nueva República—, dejando por fuera las propuestas de Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio e independientes, es decir, toda la oposición.
Hasta este lunes, el mandatario no ha remitido ningún nuevo decreto, por lo que el expediente sigue sin ser convocado, pese a las solicitudes de diputaciones y grupos de mujeres cuidadoras, quienes advierten del riesgo de que la Contraloría rechace el pago de los recursos si el texto no se aprueba en segundo debate.
Ministro y DESAF reconocen limitaciones legales
El pasado lunes, Chaves afirmó ante la prensa que el proyecto "no era necesario", argumentando que los ₡2.700 millones incluidos en el Tercer Presupuesto Extraordinario 2025 —ya aprobado por el Congreso— solo requerían el visto bueno de la junta directiva de la CCSS y, posteriormente, el aval de la Contraloría.
Sin embargo, su propio ministro de Trabajo y Seguridad Social, Andrés Romero, reconoció ante la Comisión de Asuntos Hacendarios que sí se necesita una reforma legal —precisamente la que propone el proyecto— para girar fondos superiores al 0,5% del Fodesaf.
Esto debido a que, los recursos de ese 0,5% ya se giraron, pero se dio un incremento de beneficiarios para licencias de cuido, por lo que se requiere la reforma legal para saldar los nuevos subsidios por encima de dicho porcentaje.
Sin esa modificación, no existe respaldo jurídico para transferir los recursos destinados al pago de las licencias de cuido.
Mediante el oficio CARTA-MTSS-DMT-DVAS-DESAF-1084-2025, del 29 de octubre de 2025, la Dirección de Asignaciones Familiares (DESAF) comunicó formalmente a la CCSS la imposibilidad de asignar recursos adicionales a los ya girados. En el documento se detalla que:
"La distribución de los recursos del Fodesaf se encuentra taxativamente regulada por el artículo 3 de la Ley N.º 5662. Actualmente, el Fondo opera con aproximadamente un 80% de su capacidad comprometida en asignaciones legales, quedando solo un 20% de margen operativo destinado prioritariamente al Régimen No Contributivo de Pensiones. No existen recursos adicionales disponibles que puedan ser reasignados o redistribuidos sin vulnerar la proporcionalidad y el destino legalmente definidos para los demás programas financiados por el Fondo."
Contraloría respalda criterio de diputado
El pasado miércoles, la Contraloría General de la República contradijo la posición del presidente y confirmó la necesidad de aprobar el proyecto en segundo debate, al afirmar que la legislación vigente impone limitaciones legales que solo pueden corregirse mediante una ley.
La aclaración fue enviada en respuesta a una consulta del diputado del Frente Amplio y proponente de la iniciativa, Jonathan Acuña Soto, quien pidió criterio sobre la viabilidad de los fondos.
"La legislación vigente define un porcentaje para la asignación de recursos presupuestarios destinados al subsidio por cuido (…). Esa limitación relacionada con el porcentaje y la población meta requiere ser corregida por ley para que los recursos puedan destinarse al pago de tales licencias", indicó el órgano contralor.
Crece presión sobre Presidencia
Las diputaciones del Frente Amplio reiteraron en el Plenario su llamado al Ejecutivo para convocar el proyecto desde el inicio de esta semana.
El pasado viernes, Acuña envió una solicitud al ente contralor a fin de que valore la posibilidad de aprobar los recursos sin que se apruebe el proyecto de ley, ante la negativa de Presidencia.
En paralelo, grupos de mujeres cuidadoras se manifestaron durante toda la semana anterior frente a Casa Presidencial, exigiendo que el Gobierno reactive la discusión de la iniciativa y permita avanzar con su aprobación definitiva.