Presidenta del INS cumplirá sanción de 20 días sin salario
El Gobierno de Rodrigo Chaves Robles informó, mediante redes sociales, que acatará la suspensión de 20 días sin goce salarial impuesta a Gabriela Chacón Fernández, presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Seguros (INS). La sanción fue ordenada por la Contraloría General de la República (CGR).
El Consejo de Gobierno detalló que atenderá la disposición, relacionada con actuaciones realizadas cuando Chacón se desempeñaba como asesora de la presidencia ejecutiva del INS.
No obstante, desde Casa Presidencial manifestaron que lamentan la decisión de la CGR y que no la consideran razonable ni proporcional.
La señora Chacón no presenta antecedentes de ninguna índole y, por ello, continuará ante los Tribunales Contenciosos Administrativos defendiendo la legalidad de sus actuaciones, señalaron en un comunicado de prensa.
La sanción
El 13 de enero de este año, la CGR notificó al INS el acto final del procedimiento administrativo, tras la resolución de los recursos planteados contra las sanciones.
Gabriela Chacón Fernández deberá cumplir la sanción administrativa por irregularidades detectadas en dos contrataciones.
La investigación se abrió en 2023 y concluyó en 2024 con sanciones impuestas contra Chacón Fernández y otros cuatro funcionarios:
- Carlos Gamboa Ramírez, encargado de la Unidad de Contratación Directa.
- Carmen González Ramírez, encargada de la Unidad de Contratación Directa.
- Gabriel Pérez Salguera, expresidente ejecutivo del INS.
- Katherine Phillips Quesada, subjefa del Departamento de Proveeduría.
El proceso se originó por una contratación directa aprobada en 2021 y concretada en 2022, cuando Chacón fungía como asesora de la presidencia ejecutiva a cargo de Pérez Salguera.
La CGR detalló que se trata del expediente administrativo CGR-PA-2023004188, por contrataciones irregulares de servicios de asesoría y consultoría en materia laboral, promovidas mediante los procedimientos de contratación 2021CD-0000403-0001000001 y 2022CD-000073-0001000001.
En el acto final N.º 8849-2024 (DJ-0966) se determinó la responsabilidad administrativa, resolución que se mantuvo tras resolver los recursos interpuestos.
Chacón Fernández fue nombrada presidenta ejecutiva del INS el 8 de mayo de 2024, luego de la destitución de Mónica Araya Esquivel por parte del presidente Rodrigo Chaves.
La investigación
La primera contratación fue adjudicada el 15 de enero de 2022 al bufete DPI Legal por ¢26,5 millones. La segunda, el 2 de marzo de 2022, recayó en José Paulino Hernández, por ¢16 millones.
DPI Legal debía valorar una denuncia anónima contra el auditor general para determinar si procedía abrir un proceso disciplinario en su contra. Posteriormente, el caso fue trasladado a José Paulino Hernández, quien desarrolló la investigación.
El ente contralor señaló que, en ese momento, Chacón fungía como asesora de la presidencia ejecutiva y promovió la contratación directa de dichos proveedores sin apego a las reglas de contratación administrativa ni fundamentación técnica o jurídica que justificara la excepcionalidad.
La investigación concluyó que Chacón firmó varios oficios en los que ordenó a la Proveeduría institucional avanzar con las contrataciones sin estudios de costo-beneficio, técnicos o jurídicos que respaldaran la decisión.
Ambos procedimientos se ejecutaron como contrataciones directas, sin concurso público de por medio.
El ente contralor enfatizó que las sanciones se impusieron con base en el artículo 96 bis, inciso d), de la Ley de Contratación Administrativa (vigente en ese momento) y el artículo 39, inciso b), de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.
"Queda ahora en manos del INS la ejecución de dichas sanciones, de modo que desde la CGR no podemos ampliar sobre ese proceso que corresponde a la Administración", concluyó la entidad.
