Procuraduría reclama ¢330 millones a exdiputados del PASE por “nombramientos fantasma”

(CRHoy.com) La Procuraduría General de la República reclamó ¢329,4 millones a los cuatro exdiputados del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE) que desde el lunes pasado encaran un juicio por aparentes "nombramientos fantasma" en la Asamblea Legislativa.

El monto demandado fue confirmado por la oficina de prensa de la Abogacía del Estado ante una consulta de CRHoy.com.

Sin embargo, el procurador Miguel Cortés Chaves solicitó incluir tales pretensiones económicas la mañana del miércoles, durante una de las audiencias del debate oral y público que se celebra por el expediente 12-000031-0033-PE. Lo anterior a pesar de que la acción civil resarcitoria fue leída la tarde del lunes; situación que despertó la molestia de la barra de la defensa.

Los abogados de los 12 imputados incluso plantearon una protesta contra el órgano procurador por incorporar a "última hora" el cobro, la cual se espera sea resuelta este viernes, indicó a este medio el excongresista Óscar López Arias, sospechoso en el caso que se defiende a sí mismo.

Desde la perspectiva de este encartado, las actuaciones de la Procuraduría son contrarias al Código Procesal Penal y, por lo tanto, improcedentes.

En la causa en cuestión también figuran los exparlamentarios Víctor Emilio Granados Calvo, Rita Chaves Casanova y Martín Monestel Contreras. Asimismo, aparecen los exasesores de confianza Rodríguez Rodríguez, Zamora Álvarez, Casanova Aragón, Madrigal Morera, Arias Jiménez, Brenes Villalta (dos) y Esquivel Mondragón.

A todos se les reclaman -solidariamente- los daños materiales y morales, que un peritaje estimó en ¢260 millones y ¢70 millones, respectivamente. López Arias descartó que se hubiese hecho algún cobro a la agrupación política.

Los exlegisladores son acusados de un presunto peculado -con la posibilidad de recalificarse como una posible influencia contra la hacienda pública o una aparente estafa- al designar -en los periodos constitucionales 2006-10 y 2010-14- a ocho familiares y amigos suyos como asistentes de fracción, consejeros y secretarias, entre otros; que supuestamente cobraron salarios a pesar de que en ningún momento se presentaron a trabajar.

El lunes anterior, durante la lectura de la acusación, la fiscala de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, Patricia Padilla Abarca; estimó el perjuicio económico derivado de este aparente "plan delictivo" en ¢165.491.770.

Los abogados Gonzalo Castillo Carrillo Delgado, Vanessa De León Quesada, Blanca Briceño Bustos y Carlos Luis Redondo Gutiérrez reiteradamente han indicado que darán declaraciones a los medios una vez que arranque el contradictorio; situación que, según el primero, no ha ocurrido.

Contradictorio en suspenso

El juicio por los presuntos "nombramientos fantasma" de Accesibilidad Sin Exclusión se mantiene suspendido desde el miércoles, señalaron a CRHoy.com los abogados Óscar López Arias y Gonzalo Carrillo Delgado.

De acuerdo con el primero de los juristas, además de la protesta contra la Procuraduría, el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública también deberá resolver una actividad procesal defectuosa -alegato o argumento que permite cuestionar actuaciones judiciales por posibles violaciones a las garantías procesales- presentada por él.

La gestión se sustenta en que el imputado y defensor, como persona ciega, no ha tenido acceso pleno al expediente en el tanto que la forma en que este fue digitalizado es incompatible con el programa Jaws con el que cuenta.

Incluso el miércoles, López Arias hizo una demostración ante las partes de cómo interpreta el software el documento que le fue suministrado.

Previamente el exdiputado presentó el 31 de marzo pasado un amparo contra la Corte Suprema de Justicia por esta misma situación. El recurso fue admitido, pero no ha sido resuelto, según consta en el Sistema de Gestión en Línea.

El amparo se tramita bajo el expediente 22-7064-0007-CO. El mismo contiene un informe rendido por los jueces Alfredo Arias Calderón (presidente), Rosaura García Aguilar y Franz Paniagua Mejía, que adjunta actas, reportes y correos electrónicos.

Dicho documento apunta que en una audiencia celebrada por la cámara el 25 de abril, la fiscala Patricia Padilla Abarca, informó oralmente las diligencias llevadas a cabo para darle acceso al recurrente al expediente.

Según la representante del Ministerio Público, López Arias hizo la solicitud desde que se le tomó declaración indagatoria; es decir, cuando se le informó de los delitos por los que se le investigaban y de la prueba que existía en su contra. Un acta del 19 de setiembre de 2018 establece que el encartado recibió una copia en formato de reconocimiento óptico de caracteres (OCR), bajo extensión PD, compatible con Jaws. En esa oportunidad, al encartado además se le ofreció utilizar el programa en el despacho, así como su respectivo convertidor.

El 21 de agosto de 2019, el exparlamentario planteó una nueva petición, pero esta vez para tener acceso al expediente en sistema braille o en formado Word; una conversión que los decisores consideran innecesaria, en el tanto que el documento existe en forma de Jaws y puede ser convertido.

Dicho 25 de abril, Padilla Abarca remitió el expediente físico al Tribunal, a fin de que este estuviera a disposición de las partes involucradas. Asimismo, el órgano jurisdiccional inició las gestiones para convertir la causa al formato Word.

"En virtud de lo expuesto reiteramos nuestra solicitud de declarar sin lugar el recurso de amparo interpuesto, toda vez que el recurrente sí ha tenido los recursos necesarios para acceder en forma efectiva al expediente", señalaron los juzgadores.

No obstante, entre las comunicaciones adjuntadas, se observan correos electrónicos en los que la Oficina de Informática del II Circuito Judicial advierte que, como el expediente digital contiene gran cantidad de imágenes, estas se copiarán en el Word y, consecuentemente, el resultado final podría contener caracteres ilegibles.