Promesa incumplida: la red 5G sigue en el arranque tras casi 3 años de espera
Cuando el presidente Rodrigo Chaves asumió el poder en mayo de 2022, uno de sus primeros anuncios fue que había dado la orden de liberar las frecuencias para permitir el despliegue de redes 5G en Costa Rica.
Su compromiso inicial era que, al finalizar el 2022, las frecuencias estarían disponibles para impulsar el desarrollo tecnológico del país. Sin embargo, tres años después, apenas se ha concretado la subasta de las bandas necesarias y el inicio del despliegue continúa pendiente.
El 8 de mayo de 2022, durante los primeros días de su administración, Chaves ordenó al presidente del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Marco Acuña, y al entonces ministro del Micitt, Carlos Enrique Alvarado, disponer de las frecuencias retenidas.
Diez meses más tarde, en marzo de 2023, Chaves volvió a referirse al tema y, con un tono triunfalista, afirmó a la ciudadanía que el ICE sacaría el primer cartel de contratación de la infraestructura para desplegar las redes basadas en tecnología 5G.
En esa ocasión celebró que, gracias a su gestión, el país dejaba atrás cinco años de disputas sobre las frecuencias y que, antes de que terminara 2023, las primeras conexiones 5G estarían funcionando en industrias y empresas de alto valor agregado. La realidad fue otra, y las demoras son producto de las trabas impuestas por el propio gobierno.
Decreto atrasó despliegue
En agosto de 2023, el Ejecutivo firmó el Decreto N.º 44.196-MSP-MICITT, que regulaba aspectos de ciberseguridad para la tecnología 5G, introduciendo restricciones que excluían a proveedores con sedes en países que no han firmado el Convenio de Budapest, como China. Esto dejó por fuera a la empresa Huawei.
La decisión oficial agregó nuevas complejidades al proceso de licitación. Huawei solicitó una medida cautelar ante el Tribunal Contencioso Administrativo contra el reglamento de ciberseguridad del decreto; sin embargo, fue rechazada.
Finalmente, la subasta de frecuencias concluyó hasta enero de 2025, cuando la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) entregó al Micitt el informe con la recomendación de adjudicación. Este informe fue emitido antes del plazo previsto, lo que permitió avanzar con los actos de concesión.
El 24 de abril de 2025, casi tres años después de la orden inicial de Chaves, se publicaron en el Diario Oficial La Gaceta los acuerdos de concesión de uso del espectro para redes móviles IMT, incluyendo 5G. A partir de esa fecha, los nuevos concesionarios deben cumplir las formalidades para suscribir los contratos y comenzar el despliegue.
Durante el proceso de subasta se obtuvo el compromiso de instalar un total de 3.373 unidades de infraestructura de acceso en zonas sin cobertura o con cobertura limitada (con una inversión de $310 millones), y además se logró recaudar un monto aproximado de $35 millones.
No obstante, el despliegue efectivo de las redes aún no comienza, pese a que las promesas iniciales del presidente apuntaban a que los usuarios podrían acceder a la nueva tecnología desde finales de 2023.
Hoy, mientras el Ejecutivo celebra la adjudicación, la realidad es que Costa Rica aún no cuenta con redes 5G operativas.
