Proponen 6 años de cárcel por estafas cometidas desde cárceles
También aborda cambios en la Ley General de Telecomunicaciones
Un nuevo proyecto de ley presentado en la Asamblea Legislativa pretende imponer penas de cárcel por los delitos de estafas informáticas cometidas desde los centros penitenciarios.
Actualmente, el artículo 217 bis del Código Penal señala que el delito de estafa informática tiene una pena de prisión de entre 3 a 6 años.
La propuesta busca que se incluya un párrafo en el que se especifique cuando estas estafas se comentan desde las cárceles las penas sean de 4 entre 6 años de prisión.
"Se impondrá prisión de 4 a 6 años, si las conductas son cometidas desde centros penitenciarios en perjuicio de una persona física o jurídica, mediante el uso de datos falsos o incompletos, el uso indebido de datos, programación, valiéndose de alguna operación informática o artificio tecnológico, o bien, por cualquier otra acción que incida en el procesamiento de los datos del sistema o que dé como resultado información falsa, incompleta o fraudulenta, con la cual procure u obtenga un beneficio patrimonial o indebido para sí o para otro" señala el plan.
El texto del proyecto de ley mantiene, a como está actualmente en el Código Penal, una pena de entre 5 y 10 años si las conductas son cometidas contra sistemas de información públicos, sistemas de información bancarios y de entidades financieras.
Por otra parte, el proyecto busca que también una reforma a la Ley General de Telecomunicaciones, esto para que los operadores y proveedores de servicios de telefonía e internet adopten medidas para impedir la prestación de los servicios inalámbricos de telecomunicaciones, incluyendo los servicios de wifi, garantizando que no haya afectación al servicio de la población residente y personas usuarias de las zonas aledañas.
Datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) arrojan que 8 de cada 10 estafas telefónicas se realizan desde las cárceles.
"Es sabido que en 2019 se realizaron esfuerzos por impulsar e imponer bloqueos de señal celular en los centros penitenciarios de nuestro país, sin embargo, las cifras siguen sin mostrar una baja en las estadísticas. En el 2022, a pesar de los bloqueos existentes, este tipo de delitos le costaron más de ¢4.300 millones solo a víctimas en la provincia de San José", señala el proyecto de ley en su justificación de motivos.
Recientemente trascendió que la Policía Penitenciaria confiscó 76 celulares, 69 chips, 18 cargadores, 11 manos libres, 4 llaves USB, 64 adaptadores y cables USB, así como una llave para celulares dentro de cárceles en Limón, San Carlos, Puntarenas y el CAI Terrazas en San Rafael de Alajuela.
Según el OIJ, estos celulares decomisados en las prisiones tienen generalmente tarjetas SIM o chips de operadores de telefonía internacionales, con el fin de evadir los bloqueadores de señal instalados en las prisiones.
La propuesta completa del proyecto de ley, presentado por la fracción de Nueva República, puede verla en este enlace 24644
