Proyecto busca blindar a funcionarios que incomoden con criterios técnicos a jerarcas de gobierno
Un nuevo proyecto de ley presentado en el Congreso pretende proteger a los funcionarios públicos que sean "congelados" en sus puestos o responsabilidades por emitir criterios técnicos que vayan en contra de los intereses de los jerarcas del Poder Ejecutivo.
La propuesta define el "congelamiento" como una forma de acoso que consiste en marginar o aislar a un trabajador, asignándole tareas irrelevantes o despojándolo de sus responsabilidades sin justificación. En el ámbito público, esta práctica puede ser utilizada como un mecanismo de presión o castigo.
El plan establece la prohibición de cualquier forma de "congelamiento" o marginación de las personas funcionarias del Poder Ejecutivo en el ejercicio de sus funciones, por razones relacionadas con la emisión de criterios técnicos que resulten incómodos o inconvenientes para las autoridades superiores.
Asimismo, dispone que la reasignación de funciones dentro del Poder Ejecutivo solo podrá realizarse bajo los siguientes criterios:
a) Que las nuevas funciones asignadas correspondan con el perfil profesional y la atinencia de la persona funcionaria.
b) Que exista una justificación fundada, por escrito, sobre la necesidad de reasignar a la persona funcionaria.
c) Que se respete el debido proceso en cualquier decisión que afecte los derechos laborales del trabajador.
El proyecto también dispone que los jefes directos o cualquier persona con autoridad sobre el funcionario que utilice el "congelamiento" como represalia por la emisión de criterios técnicos o profesionales serán sancionados administrativamente por la Dirección Nacional de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), sin perjuicio de las sanciones aplicables en el Régimen de Servicio Civil o en los estatutos especiales correspondientes.
Las sanciones podrán incluir amonestaciones, suspensiones y, en casos graves o reiterados, la destitución, conforme a los procedimientos establecidos en la legislación laboral y administrativa vigente.
El texto plantea, además, la creación de un protocolo confidencial e independiente dentro del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a través de la Dirección Nacional de Inspección de Trabajo, para que los funcionarios del Poder Ejecutivo puedan denunciar situaciones de "congelamiento" o cualquier represalia derivada de la emisión de criterios técnicos.
Finalmente, establece que los funcionarios que demuestren haber sido objeto de "congelamiento" deberán ser reincorporados a sus funciones originales o a otras de igual o superior relevancia técnica, dentro de un plazo de 30 días hábiles a partir de la resolución que así lo determine.
La diputada proponente, la independiente Cynthia Córdoba, dijo que la aplicación se limitaría al Poder Ejecutivo, incluyendo a las personas funcionarias no sujetas al Régimen del Servicio Civil que laboren dentro de ministerios, órganos o dependencias. No será aplicable a los demás poderes de la República ni a las instituciones con autonomía constitucional o con regímenes especiales de empleo público.
