Proyecto busca dar sostenibilidad financiera al 9-1-1
Plantea crear una tasa que se aplicaría a servicios de telecomunicaciones
El diputado Rolando González impulsa la iniciativa. (CRH)
El diputado Rolando González, del Partido Liberación Nacional (PLN), presentó un proyecto de ley que busca garantizar la sostenibilidad financiera del Servicio de Emergencias 9-1-1.
La iniciativa plantea la creación del Fondo del Sistema de Emergencias 9-1-1, que será destinado exclusivamente al financiamiento de las actividades de ese órgano.
El fondo se financiaría con una tasa que se aplicaría sobre la facturación total de los servicios de telecomunicaciones disponibles al público.
La tasa sería fijada por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), previa comprobación de los costos de operación e inversión del 9-1-1 a más tardar en junio de cada año.
Además, sería determinada en función de los costos que demande la eficiente administración del sistema, para lo cual se consideraría como administración tributaria y constituiría un modelo de financiamiento más participativo y sostenible.
"Los contribuyentes de esta tasa son los suscriptores de los servicios de telecomunicaciones disponibles al público y serán agentes de percepción de este tributo toda institución, compañía, empresa o similar que brinde esos servicios, los cuales deberán transferir la totalidad del dinero facturado directamente al Sistema de Emergencias 9-1-1, sin costo alguno para este último, dentro de los primeros diez días hábiles del mes siguiente posterior al período de facturación, en los medios, la forma y las condiciones que establezca el Sistema de Emergencias 911", indica el texto.
En la actualidad, el 9-1-1 se financia por medio de telefonía fija, servicio al que se le aplica un tope de un 1 por ciento de la facturación, pero esto, según el proyecto, afecta las finanzas del servicio.
La iniciativa también establece que el Sistema de Emergencias podría constituir fideicomisos para la administración de los recursos de su fondo.
Una de las reformas es que el Sistema de Emergencias pasaría a ser una entidad semiautónoma del Estado, que contaría con personalidad jurídica propia e independencia administrativa.
Sus funcionarios, además, serían remunerados mediante la modalidad de salario único.