Proyecto del Gobierno amenaza supervisión técnica en mercado de seguros

Un proyecto de ley que permitiría al Gobierno tener un amplio control en la supervisión de entidades financieras amenaza la supervisión técnica del mercado de seguros.

Así lo advirtió la Asociación de Aseguradoras Privadas de Costa Rica (AAP) en una carta dirigida a los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos, órgano del Congreso que estudia la iniciativa bajo el expediente 24.616.

Según la AAP, la propuesta de Ley de Protección del Consumidor de Servicios o Productos Financieros, que plantea ampliar significativamente las competencias del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) en materia de supervisión financiera, amenaza con debilitar las funciones técnicas y especializadas que hoy ejercen los entes reguladores, como la Superintendencia General de Seguros (Sugese).

"La AAP considera que el mercado asegurador costarricense cuenta con uno de los marcos regulatorios más recientes, robustos y especializados del sistema financiero nacional, construido conforme a los estándares de la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS) y las recomendaciones del G20 y la OCDE", indica la nota.

La organización solicitó formalmente ser incluida en una mesa técnica encargada de analizar el texto sustitutivo del proyecto de ley, con el fin de contribuir con su experiencia y conocimiento al fortalecimiento del sistema regulatorio vigente, y evaluar la necesidad de duplicar un marco regulatorio en materia de protección al consumidor que, en seguros, ya funciona con excelentes resultados para los asegurados.

Norma Montero, directora ejecutiva de la AAP, afirmó que "el fortalecimiento de la protección al consumidor financiero debe basarse en la experiencia técnica acumulada. Evitar duplicidades y fragmentaciones es clave para asegurar un sistema eficaz y confiable. Por eso estamos convencidos de que el diálogo técnico y participativo es esencial para construir una legislación robusta y coherente que verdaderamente beneficie a todos los costarricenses".

Llamado

Ante los cuestionamientos que el proyecto formula sobre los derechos del consumidor, el sector asegurador hizo un llamado a los legisladores a revisar la arquitectura regulatoria ya existente.

Esta se sustenta en la Ley Reguladora del Mercado de Seguros, la Ley Reguladora del Contrato de Seguros y un conjunto de reglamentos específicos emitidos por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) y la Sugese.

Dicho marco incluye normativas diferenciadas en temas como la comercialización de seguros, la atención de quejas, la protección del consumidor, la inclusión y la accesibilidad.

Estos instrumentos se basan en principios internacionalmente reconocidos, como la transparencia, el trato justo, la idoneidad del producto, la gestión de conflictos de interés, la resolución de quejas y la supervisión basada en riesgos.

De hecho, en un oficio remitido a la Asamblea Legislativa, la Sugese manifestó su oposición al proyecto de ley.

La Superintendencia advirtió que la propuesta generaría una estructura paralela de supervisión sin el respaldo técnico, jurídico ni institucional necesario, lo que afectaría la coherencia normativa y elevaría los costos del sistema.

La entidad señaló que el MEIC no cuenta con la capacidad técnica, los recursos humanos ni los sistemas tecnológicos requeridos para asumir funciones propias de los entes supervisores.

Para la AAP, el principal riesgo es la creación de un modelo de supervisión paralela en seguros, sin contar con la capacidad técnica ni jurídica para ello.

Esto no solo podría generar inseguridad regulatoria, sino que también terminaría afectando al consumidor financiero, debido a la fragmentación institucional que implicaría.

Aunque, según el texto, el objetivo de la propuesta es establecer mejores prácticas en la defensa de los consumidores financieros, introduce un modelo de doble supervisión sobre las entidades financieras, lo cual tendría implicaciones en su estabilidad y solidez.