Ley para prohibir pagos en efectivo para bienes de más de $10 mil avanza en el Congreso

Una mayoría de diputados están por aprobar el expediente 20.438, una iniciativa que se presentó a la corriente legislativa 29 de junio del 2017 y que busca ser un mecanismo para evitar la compra de bienes con recursos del narcotráfico y del lavado de dinero.

La iniciativa se presentó por los exdiputados del Partido Acción Ciudadana (PAC) Marco Vinicio Redondo, Marcela Guerrero y la frenteamplista Patricia Mora.

Tras 7 años, la propuesta ha sufrido cambios, y su último texto aprobado, ya ha llegado a la discusión en el plenario en la actual legislatura.

Este indica que para la compra de cualquier bien, como una casa, un carro o una finca, que sea igual o supere los $10 mil, es decir, unos 5 millones de colones (al tipo de cambio actual) se deba realizar por medio de una transacción bancaria.

Puntualmente, se trata de una adicción de un artículo a la Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Actividades Conexas Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, que dice así:

Toda transacción correspondiente al traspaso de bienes muebles e inmuebles que sean inscribibles, en la que medie uno o más pagos de dinero en efectivo entre las partes compradora y vendedora en moneda de curso legal nacional o extranjera, cuyo monto sea igual o superior a los $10.000 o su equivalente en otras monedas, aun cuando se cancelen mediante pagos fraccionados por montos menores y que en un mes calendario igualen o superen dicho umbral, deberán realizarse por medio de los servicios prestados por las entidades financieras supervisadas por alguna de las Superintendencias a que refiere el artículo 14 de la presente o por entidades financieras en el exterior, debidamente autorizadas para operar por parte de la respectiva autoridad encargada de la regulación y supervisión financiera de cada país en materia de prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo

Agrega el proyecto que los bienes inmuebles que no sigan este proceso no serán inscritos por el Registro Nacional.

Contra el lavado

El proyecto cuenta actualmente con el respaldo de la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), el Frente Amplio (FA), Nueva República y el oficialismo.

Con dudas se han manifestado las bancadas del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) el Partido Liberal Progresista (PLP).

El frenteamplista Jonathan Acuña insiste que la iniciativa lo que hace es luchar contra los grupos del crimen organizado que se aprovechan de este vacío legal para comprar activos evadiendo el sistema financiero.

Recordó que la posibilidad que con dinero del lavado se compre en efectivo propiedades, o carros evitando al sistema financiero, borra el rastro del dinero, lo que se convierte en un gran estímulo para estos grupos criminales.

Acuña señaló que el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) ha señalado que este mecanismo como una forma para evitar de lavado de dinero.

"Esto (tener que hacer una transacción bancaria para comprar el bien) no afecta a nadie que haga las cosas de manera justa, porque si usted va a comprar una casa o un carro y la plata viene de su trabajo honesto, usted puede explicarle al banco de dónde viene su dinero", afirmó el frenteamplista.

¿Por qué $10 mil?

Acuña señaló que poner un tope de $10 mil no es antojadizo, sino que responde a un criterio técnico del ICD.

Ese monto se establece además en la Ley 8204 que posibilita a los bancos preguntar al cliente el origen de los recursos cuando se hagan depósitos por esa cantidad.

El criterio del ICD incluso es que en el mejor de los casos no existe un umbral, pero que si es necesario poner uno, que sea coincidente con la Ley de "conozca a su cliente" que aplica el sistema financiero nacional.

"Esto es un proyecto en contra de quienes lavan plata y de los que hacen negocios ilegales en la compra de fincas, carros y casas", insistió.

"No hace falta que esta Asamblea Legislativa le ayude a los que lavan plata en este país", agregó Acuña.

Rechazan umbral

Los diputados socialcristianos presentes en el Congreso el día lunes 1 de abril, cuando inició la discusión del proyecto en el plenario, votaron en contra de la moción para modificar el proyecto y ajustarlo al monto de los $10 mil.

También los legisladores presentes del PLP rechazaron la moción.

En total 37 diputados acordaron modificar el texto y 11 lo rechazaron.

Este cambio fue necesario porque en comisión se establecieron umbrales más altos diferenciados para compras de carros (hasta 18 millones de colones) y para propiedades de hasta 110 millones de colones.

El diputado Acuña indicó que esos montos no correspondían con la recomendación del ICD.

Criptomonedas

En plenario han tomado la palabra para cuestionar las formas del proyecto, los diputados del PLP, Johana Obando y Gilberto Campos.

Ambos insisten que el PLP no está a favor de la legitimación de capitales, pero agregan que no respaldan la manera en que el proyecto propone combatir esta problemática.

Para Obando, el problema es que el proyecto excluye el mercado de las criptomonedas, donde dijo que un 8% de los costarricenses tranza en esta moneda virtual hoy, lo que impediría que estas personas puedan tranzar con estos recursos e inscribir sus bienes.

Agregó que están a favor de evitar que esta moneda digital se use para lavar bienes, pero tampoco convertirla de pleno en una moneda ilegal.

También rechazan la fijación del umbral de los $10 mil, al considerarlo muy bajo.

Obando afirma que a pesar de las dudas, van a votar a favor el proyecto.

En el caso de Campos, este cuestiona la interpretación que hizo el ICD de una serie de recomendaciones hechas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y que la propuesta lo que hace es elevar los controles a la ciudadanía.

Insiste que no hay razones técnicas para hablar de los $10 mil, incluso dijo que hay una imprecisión en el umbral, porque el GAFI habla en dos recomendaciones de $15 mil.

Agregó que tampoco el GAFI está recomendando la no inscripción de los bienes, como sí lo hace el proyecto, estableciendo así un castigo a la población.

"Este proyecto de ley lo que dice es que si usted no pasa por las manos de los banqueros, usted no puede inscribir sus bienes", agregó.

El proyecto podría votarse en primer debate este jueves, y hay además un acuerdo para devolverlo a comisión para hacerle una pequeña corrección en su redacción sobre la terminología de lo que se entiende por dinero.