Pugna entre Industrias Infinito y Costa Rica por fiasco minero está a punto de resolución

(CRHoy.com).- Este primer semestre de 2021 será clave para conocer el fallo del arbitraje internacional que sostiene la empresa Infinito Gold Mining contra el Estado de Costa Rica por el fracaso minero en Crucitas de Cutris, San Carlos.

El Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica (Comex) indicó que el tribunal a cargo del caso en el Centro Internacional de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, en Washington D.C, informará el fallo entre los meses de enero y junio.

"El arbitraje se encuentra en su última etapa, a la espera del laudo final del tribunal arbitral a cargo. El tribunal arbitral nos notificó en noviembre que emitiría su laudo en el transcurso del primer semestre de 2021", señaló la cartera, a través de la oficina de prensa.

La empresa canadiense reclamó al Estado un pago de $394,8 millones (más de ₡229 mil millones) por el fracaso en el proyecto que pretendió desarrollar en Crucitas.

La compañía planteó la demanda en octubre de 2013 y en 2014 inició la pugna legal. En principio el monto reclamado era de $94 millones, sin embargo durante el proceso se incrementó en más de $300 millones. La audiencia de fondo (última etapa procesal cursada) ocurrió en julio de 2019.

El reclamo exige el pago por –supuestamente- las inversiones realizadas en la zona y una serie de violaciones en el acuerdo entre los gobiernos de Costa Rica y Canadá para la promoción y protección de inversiones.

Costa Rica destinó casi $1.9 millones en la representación legal extranjera (bufete estadounidense Arnold&Porter) que encabezó el arbitraje. Se trata de una firma ubicada en Washington D.C., la cual asumió la defensa costarricense desde que inició el proceso.

"El monto total reclamado por Infinito Gold en este arbitraje internacional es de $394,8 millones (más de 200 veces el monto invertido por el Estado costarricense en la defensa del litigio). El monto invertido en la representación legal desde que inició el caso hace 6 años (2014) es de $1.874.000. Ha sido pagado por etapas contra cada fase completada, de conformidad con el calendario procesal establecido por el Tribunal Arbitral", explicó Comex, en agosto del año pasado.

¿Hubo posibilidad para echar marcha atrás en el proceso? Según Comex, en este tipo de arbitrajes, es usual que exista comunicación entre las partes durante las etapas iniciales con miras a buscar vías alternas para llegar a un acuerdo. No obstante, en este caso, eso no fue posible.

"Comex no tiene noticia ni ha recibido ningún 'acercamiento reciente' para poner en marcha atrás el proceso. Es nuestro entender que este continúa su curso normal, a la espera de la decisión final del tribunal, como se indicó", enfatizó la institución.

Entre 2001 y 2010 la empresa minera canadiense intentó desarrollar un proyecto de extracción de oro. Sin embargo, tras un pulso social y legal, la intención topó con pared en el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) ante irregularidades en el decreto de conveniencia nacional otorgado en 2008 que sustentó el proyecto. Esa gestión fue avalada por la administración Arias Sánchez (2006-2010).

Daños y millones

En marzo de 2020 CRHoy.com informó que entre 2017 y 2018 los oreros clandestinos y coligalleros que operan en Crucitas saquearon cantidades de oro con un valor de mercado superior a los $197 millones (más de ₡112 mil millones, según el tipo de cambio actual).

Ese monto se traduce en 149.243 onzas troy extraídas en terrenos contenidos en 19 fincas ubicadas en esa localidad de Cutris de San Carlos.

La onza troy (ozt) es una unidad de medida británica que se utiliza para medir el peso y el valor de los metales preciosos.

Estos datos figuran en el informe DM-0154-2020, del 30 de enero de 2020, elaborado por el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae). En ese mismo documento se señala que Costa Rica habría dejado de percibir ingresos directos por el canon de extracción de oro (2%, según normativa actual) por aproximadamente $4 millones (más de ₡2.2 mil millones, según el tipo de cambio actual) durante el período bajo análisis.

El Minae detectó que la minería ilegal afecta a 19 fincas –de 14 propietarios diferentes- circundantes a la finca principal (denominada Vivoyet, antes Finca Mina Crucitas) donde la empresa extranjería desarrollaría la iniciativa.

Los estudios de la Dirección de Geología y Minas (DGM) adscrita al Minae estimaron a diciembre de 2018 que el área intervenida para la explotación de oro superaba las 45.11 hectáreas: 34.04 en sistemas coluvio-aluviales y 11.07 en sistemas subterráneos.

En 2019 el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) realizó un estudio de la finca Vivoyet. Se analizaron más de 720 hectáreas, se identificaron 5 núcleos con afectación minera de 11.5.7 hectáreas y se determinaron 13.14 hectáreas con impactos por minería.