PUSC propone protocolo para cuando una mujer desaparece

La desaparición y posterior muerte de Kimberly Araya Granados motivó a la diputada socialcristiana María Marta Carballo y otras legisladoras a presentar un proyecto de ley que establezca un protocolo para generar una alerta a la población cuando ocurra la desaparición de una mujer mayor de edad.

Se trata del expediente 24.311 que lleva a un rango de ley, este mecanismo de alerta.

"Presentamos un proyecto de ley que crea un protocolo con rango de ley para que el OIJ pueda generar una alerta cuando se dé la desaparición de una mujer y permita agilizar su búsqueda e investigación del caso. La alerta deberá ser difundida a la población por los medios de comunicación, redes sociales y telefonía móvil, de manera que a la ciudadanía le pueda llegar un mensaje con el nombre, la foto y otros datos de la mujer desaparecida", puntualizó la legisladora.

Dicho protocolo establece que una vez notificado el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de la denuncia de desaparición o no localización de mujer mayor de edad, deberá solicitar y enviar la información necesaria para emitir una alerta al respecto.

Para ello se utilizarán todos los medios de comunicación posibles, redes sociales, telefonía, radio y televisión. Dicha difusión se realizará de forma gratuita, hasta que se resuelva el caso.

La alerta deberá tener el nombre completo de la mujer desaparecida, fotografías, última vestimenta con que fue vista, último lugar donde fue visualizada y el sitio a donde comunicarse para brindar información.

Además, se enviará de inmediato a todas las autoridades en las fronteras, puertos, aeropuertos, servicios de guardacostas y a la Dirección General de Migración y Extranjería, para evitar la salida de la persona o de quienes exista sospecha o tenga información relevante para determinar la localización de la mujer.

El proyecto también establece que un juez penal podrá autorizar el registro, secuestro y examen de documentos privados, así como la intervención de comunicaciones y telecomunicaciones (de quienes exista sospecha razonable de que cuenta con información relevante) para determinar la localización de la persona.

"Esta iniciativa también permitirá al juez la intervención de comunicaciones y telecomunicaciones sin que medie un proceso penal. El femicidio de Kimberly, la muerte de mujeres por su condición de género, nos dice que no es suficiente lo existente para la protección de las mujeres y que se necesitan mayores y mejores herramientas para resguardar la vida de ellas, de todas. El Estado, entiéndase los tres poderes de la República tienen el deber de legislar al respecto", agregó Carballo.

La nueva legislación establece que el OIJ deberá mantener un registro nacional actualizado diariamente de mujeres desaparecidas al que pueda acceder la ciudadanía.

De registrarse como caso no resuelto, la alerta mencionada pasará a difundirse al menos una vez cada 30 días naturales.

Según datos del OIJ entre julio del año 2021 y julio del 2023 se contabilizaron 3334 reportes de mujeres desaparecidas, de las cuales más de 1500 reportes corresponden a mujeres mayores de edad.

Por su parte, estadísticas del Observatorio de Violencia de Género del Poder Judicial, señala que en Costa Rica por mes, ocurren 2 femicidios (la más grave de las violencias de género, en la cual una mujer es asesinada, por su condición de género) y por día, se presentan 136 solicitudes de medidas de protección por violencia doméstica.