¿Qué pasó con el Cementazo? Este obstáculo está frenando el eventual juicio
Falta de regularización de sociedades vinculadas a Bolaños y la disputa entre jueza y Fiscalía mantienen paralizado el juicio del escándalo del Cemento Chino
La disolución de dos sociedades relacionadas con el imputado Juan Carlos Bolaños, su inacción para resolver la situación de estas personerías jurídicas y la oposición del Ministerio Público a hacerse cargo del trámite, mantienen obstaculizado el avance de la causa penal denominada Cementazo: uno de los escándalos de supuesta corrupción más sonados de la década.
Tal como informó CR Hoy, una jueza anuló la audiencia preliminar que estuvo en curso en setiembre del año pasado. Este paso es fundamental, pues allí se decide si el expediente se eleva a juicio o no.
Fueron dos meses de audiencia, pero la juzgadora a cargo ordenó anular todo al decretar de oficio una supuesta actividad procesal defectuosa. La razón para determinarlo es que dos de las sociedades representadas por Bolaños son co-demandadas civiles.
El Juzgado Penal de Hacienda recibió información de que las sociedades de Bolaños habían sido disueltas recientemente. Cuando una sociedad se disuelve, es necesario nombrar un liquidador, es decir, un nuevo representante.
Por esa razón, la jueza consideró que esta información cambiaba las circunstancias: al estar disueltas y no contar aún con liquidador, podrían encontrarse en estado de indefensión, lo que generaba un vicio procesal que obligaba a anular lo actuado.
No obstante, estas personas jurídicas vinculadas a Bolaños son sociedades demandadas únicamente en la acción civil de la Procuraduría y, por ende, no tienen relación con los demás imputados.
Esto obligó a reiniciar la audiencia preliminar desde cero. Sin embargo, un año después de lo ocurrido, todavía no existe ni siquiera programación de la nueva audiencia.
La razón es que, en primera instancia, la jueza ordenó a Juan Carlos Bolaños, mediante resolución, poner en orden las dos sociedades, pero el imputado no cumplió con nombrar un liquidador ni regularizar la situación.
Entonces, el Juzgado remitió la instrucción al Ministerio Público y ordenó a la Fiscalía regularizar el tema de estas sociedades para evitar su indefensión y así poder reanudar la audiencia preliminar.
La Fiscalía, inconforme con esta decisión, interpuso un recurso de revocatoria contra la resolución, alegando que no le corresponde regularizar la situación de las sociedades, bajo el argumento de que, si bien podían estar en indefensión, no es su obligación ponerlas en orden.
El juzgado mantuvo su criterio de que sí les compete, y la Fiscalía apeló, dejando pendiente la resolución de este obstáculo. Por ello se ha retrasado la programación de la nueva audiencia preliminar, que dependerá de la resolución sobre la disolución de las sociedades.
De acuerdo con Gerardo Huertas, abogado defensor de otros imputados, no sería extraño que la audiencia se programe hasta finales de 2026 o incluso más tarde, dada la saturación de casos en este despacho judicial.
"Si bien desde la defensa entendemos que en este momento se están tratando de subsanar algunos de los temas de notificaciones relacionados a sociedades disueltas que son co-demandadas civiles en el caso del Cemento Chino que no tienen relación alguna con mis dos representados, sino con otros imputados, sí nos preocupa la enorme duración que lleva este proceso", explicó Huertas.
El abogado insistió en la prolongada duración del proceso hasta ahora y espera que no se convierta en un caso similar al del expresidente Miguel Ángel Rodríguez, quien afronta un juicio 24 años después de los hechos que se le atribuyen.
"Ya lleva solo en este momento más de 8 años y ni siquiera se ha podido celebrar la audiencia preliminar por ese primer intento fallido de celebrarla que tuvo que anularse.
Los más perjudicados de este paso del tiempo son los propios imputados que se han visto afectados en su salud tanto física como anímica y que son los más interesados en que el caso avance para demostrar la realidad de lo absolutamente temeraria que es esta acusación, esta querella y poder cerrar este capítulo", explicó el jurista.
El principal sospechoso es Juan Carlos Bolaños Rojas, propietario de la empresa Sinocem, así como Javier Rojas Zúñiga y Mario Cortés Zúñiga, gerentes de la misma.
También figuran como imputados Andrés Víquez Lizano, exsubgerente de Banca Mayorista; Marvin Corrales Barboza, exsubgerente de Banca Minorista; Rodrigo Ramírez Rodríguez, exdirector de Gestión de Créditos; y Paola Mora Tuminelli, expresidenta del BCR.
Además, Gilbert Barrantes Campos, exgerente corporativo de Riesgo y Control de Crédito del BCR, así como Leonardo Acuña Alvarado, exgerente de Finanzas y Riesgo del BCR, quien falleció en un accidente de tránsito a inicios de 2024 y sobre quien se dictaría un sobreseimiento.
Desde hace dos años está lista la acusación: en julio de 2022, el Ministerio Público señaló posibles delitos de peculado, tráfico de influencias, falsedad ideológica, uso de documento falso, falsificación de documento público, captación indebida de manifestaciones verbales, influencia contra la hacienda pública, y receptación, legalización y encubrimiento de bienes públicos.
La investigación y la acusación ya culminaron: son nueve acusados, bajo el expediente 16-000013-0033-TP, y se trata de un asunto de tramitación compleja. Actualmente se espera la autorización para pasar a juicio.