Reactivación económica: del discurso a la realidad

Durante el desarrollo de la recién pasada campaña electoral un tema recurrente fue la reactivación económica. Los candidatos a la Presidencia de la República presentaron sus respectivas propuestas, unas más completas que otras. Pero más allá del discurso o el programa de gobierno, la reactivación económica es un tema complejo, con muchas aristas y lejos de poder tratarse como un todo homogéneo en cuanto a los actores involucrados, la naturaleza de las políticas públicas y el contexto donde se diseñan, ejecutan y evalúan esas políticas.

Por tamaño, están las micro, pequeñas, medianas y grandes. Este universo se puede clasificar en varias categorías: empresas de subsistencia, industrias nacientes (start-ups), las estrellas nacionales (Champions), las empresas del futuro, etc. En cuanto a la naturaleza de las políticas dirigidas a las empresas, las intervenciones pueden ser horizontales o verticales. Las primeras son aquellas que proporcionan un marco de incentivos para mejorar la competitividad de las empresas sin discriminar entre sectores económicos ni tipo de empresa. Las segundas son intervenciones dirigidas a sectores concretos o empresas individuales, que el gobierno elige por distintas razones (económicas, sociales, políticas). En las propuestas de los candidatos sobresalieron las propuestas de intervención vertical.

Las intervenciones verticales han sido criticadas por ser selectivas, en el tanto discriminan entre sectores o empresas eligiendo a unos en lugar de otros. Por lo cual se dice que eligen ganadores (picking winners). Este ha sido el caso de países emergentes como China, Brasil e India- También se objeta que las intervenciones verticales fuerzan artificialmente a destinar recursos escasos a proyectos empresariales que no surgen de las necesidades del mercado, lo cual distorsiona la asignación eficiente de los recursos provocando fallas de mercado. Por otra parte, se argumenta que cuando una empresa es uno de los ganadores elegidos por el gobierno, tiene incentivos para relajar la presión competitiva y es entonces cuando proliferan los buscadores de rentas (rent seekers), actores que se especializan en conseguir recursos públicos sin una actividad productiva que lo justifique. Costa Rica vivió en el pasado episodios de búsqueda de rentas al amparo del crédito subsidiado al sector agropecuario. Si la política pública de la próxima administración se inclina por las intervenciones verticales, debe cuidar que no desemboque en la captura de las autoridades y en casos de corrupción.

Otro aspecto a considerar es el estado de la cancha, por así decirlo. En Costa Rica abundan fallas de mercado que deben ser corregidas, y aquí hay un rol para la política pública vertical: asimetrías de información, empresas con poder de mercado, ineficiencias en el sistema financiero, exclusión financiera, externalidades positivas y negativas, entre otros. El punto es entonces alcanzar un adecuado balance, de manera que la intervención pública no genere distorsiones (corregir una distorsión con otra distorsión). En algunos casos puede ser deseable que el Estado actúe para mejorar la competitividad de las empresas, pero evitando crear distorsiones e ignorando las señales del mercado.

A todo lo anterior debe agregarse el aspecto institucional. El diseño, la ejecución y la evaluación de la política vertical es una pieza fundamental que puede llevar al éxito o al fracaso. La calidad y el fortalecimiento institucional son aspectos que muy a menudo se dejan de lado, o se da por sentado algo que no existe. La calidad y fortaleza institucional puede verse minada por deficiencias operativas, captura por parte de grupos de interés, corrupción, entre otros. La ausencia de un enfoque de gestión por resultados es un mal en muchos países latinoamericanos. El diseño de los incentivos económicos es también crucial. En materia de innovación tecnológica, por ejemplo, en Estados Unidos existe protección legal a los derechos de propiedad intelectual de la investigación subvencionada por el gobierno federal a las universidades beneficiarias de la financiación. En el 2002 la revista The Economist consagro esa legislación como una de las más relevantes promulgada en ese país en los últimos 50 años.

En resumen, el tema de la reactivación económica luce sencillo de plasmar en el discurso político. Sin embargo, en la práctica es complejo. Requiere conocer los beneficiarios de la política, el tipo de políticas a implementar, el conocimiento del tablero donde se mueven las piezas, el marco institucional. Además de mantener un adecuado balance entre los costos y beneficios de la intervención pública. Cabría esperar que la política de reactivación que adopte la próxima administración tome en cuenta todos estos aspectos, al pasar del discurso a la acción. Si la política pública de la próxima administración se inclina por intervenciones verticales, debe cuidar también que no desemboquen en la captura de las autoridades, en la búsqueda de rentas y en casos de corrupción. Solo así se podrá recuperar la confianza perdida.