Retiro de la PCD de fronteras coincidió con ofrecimiento de Gamboa de meter droga al país, prueban documentos
Un mes antes de que Celso Gamboa presumiera control de ingreso de cocaína, viceministro ordenó retirar a la PCD de dos fronteras clave con Nicaragua
Celso Gamboa, identificado por los Estados Unidos como un importante narcotraficante en la región, ofreció a dos agentes encubiertos de la DEA pasar droga por Costa Rica, gracias a los contactos que tenía en el Gobierno, pocos días después de que el viceministro de Seguridad Manuel Jiménez Steller ordenara el retiro de la Policía de Control de Drogas (PCD) de los puestos fronterizos de Peñas Blancas y Tablillas.
Así consta en oficios del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) y en el expediente de extradición que presentó Estados Unidos para someter a Gamboa a una acusación penal por narcotráfico internacional. Ambas documentaciones están en manos de CR Hoy.
Fue el 24 de agosto de 2023 cuando Jiménez Steller ordenó al director de la PCD, Stephen Madden, desocupar las instalaciones de la policía antinarcóticos ubicada en Peñas Blancas, uno de los puestos limítrofes más sensibles de las fronteras terrestres del país.
Los agentes antidrogas fueron trasladados a la delegación regional de Liberia, Guanacaste. En el oficio MSP-DM-DVUE-MJS-272-2023 también ordenó a la Policía de Fronteras asumir el puesto:
"Se notifica en este mismo acto, para que el comisionado Adrián Salazar, reciba dicho inmueble el día 15 de setiembre del 2023, realizando el debido levantamiento de actas para que quede evidenciado el recibimiento del inmueble", ordenó el viceministro.
Ese mismo día se firmó un segundo oficio, con instrucciones similares: Jiménez Steller ordenó a la PCD entregar sus instalaciones en Tablillas en Los Chiles, a la Policía de Fronteras. El cambio debía ejecutarse a partir del 15 de setiembre de 2023.
"Les agradezco mantenerme al tanto del avance y cualquier requerimiento adicional relacionado con dicho movimiento", instruyó el jerarca en el oficio MSP-DM-DVUE-MJS-273-2023.
El retiro de la PCD de los principales puestos fronterizos con Nicaragua quedó en firme apenas cinco días antes de que el exmagistrado Celso Gamboa —perfilado por autoridades estadounidenses como líder criminal regional ligado a varios carteles mexicanos y colombianos— asegurara que contaba con facilidades gubernamentales para movilizar cocaína en el país.
De acuerdo con el expediente de extradición, revelado en primicia por CR Hoy, Gamboa participó el 20 de setiembre de ese mismo año en una reunión en la que afirmó de forma explícita que su organización criminal recibía acceso facilitado por el Gobierno para introducir droga a suelo costarricense, y que él controlaba ese ingreso.
Esta revelación forma parte de la investigación realizada por la Administración de Control de Drogas (DEA) en conjunto con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Las autoridades grabaron un encuentro entre Gamboa y dos individuos que luego se convirtieron en informantes confidenciales de la DEA. La solicitud de extradición cita:
"Alrededor del 20 de setiembre de 2023, (…) El imputado hizo varias declaraciones en las que confirmó que podía garantizar la recepción de la cocaína que llegara a través de la costa atlántica o la costa pacífica de Costa Rica. El señor GAMBOA SÁNCHEZ les dijo a CS-1 y CS-2 que el gobierno concede a la DTO el acceso para que los cargamentos de cocaína ingresen al país, pero que la DTO controla cómo se introduce la cocaína a Costa Rica, así mismo, les dijo a CS-1 y a CS-2 que la recepción de la cocaína está 100 % garantizada.
Oleada de críticas
La decisión de Jiménez Steller trajo una oleada de críticas contra el Gobierno.
Incluso, oficiales de la Policía de Control de Drogas denunciaron lo ocurrido, señalando que la decisión se justificó bajo la aparente finalidad de realizar labores de calle en sedes regionales, pero resultó en que los agentes terminaron realizando trabajos administrativos, principalmente como oferentes.
Además, enviaron una carta al mandatario Rodrigo Chaves Robles para solicitarle una reunión y evaluar estos cambios.
"Externamos el más profundo repudio y la enorme decepción de parte de las y los oficiales de la Policía de Control de Drogas, PCD, al escucharle a usted, don Rodrigo, repetir afirmaciones desacertadas y ofensivas sobre la operatividad de dicho Cuerpo Policial.
Tal circunstancia, además, deja en evidencia la ignorancia (entiéndase el epíteto desde su significado correcto, y no como un insulto) y la pésima asesoría en temas de seguridad que su persona posee", le manifestaron por escrito a Chaves.
Lo mismo pasó en Puerto Moín
Tal como reveló CR Hoy semanas atrás, Jiménez Steller también giró la orden de retirar a la PCD de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM) unos días antes de que Celso Gamboa asegurara a dos socios que contaba con apertura del Gobierno para mover droga.
El 4 de setiembre de 2023, el viceministro instruyó al director de la PCD a sacar del puerto —administrado por APM Terminals— al personal especializado en búsqueda y rastreo de drogas para ubicar allí a otro grupo operativo.
La directriz ya había sido formulada verbalmente desde julio de ese año. No obstante, fue hasta meses después que el jerarca demandó que, para esa fecha, los agentes antinarcóticos ya estuvieran fuera.
Fue 16 días después, el 20 de setiembre, cuando Gamboa aseguró que contaba con facilidades para movilizar cocaína en el territorio nacional.
En APM Términals, Jiménez Steller reemplazó a la PCD por otra unidad: la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC). Aunque el jerarca aseguró que este nuevo grupo había sido capacitado, lo cierto es que, al momento de asumir esas funciones, no tenía ni un año de operación.
"En cuanto a las labores de perfilamiento y revisión de marchamos, estas serán asumidas por el personal del DIAC, quienes ya han sido capacitados por el personal de la PCD, para desarrollar estas actividades", señala la directriz de Jiménez.
Según Daniel Calderón, exdirector de la Fuerza Pública que lideró la creación de la DIAC, el objetivo inicial no era sustituir a la PCD, sino recopilar información para colaborar con los agentes antinarcóticos.
"El enfoque era fortalecer, que se convirtiera en una herramienta para planificar acciones efectivas de prevención y control, pero también para alimentar los casos de investigación de manera ágil que llevaba OIJ y la PCD", manifestó el exjefe policial durante una audiencia en el Congreso el 3 de julio.
Jiménez Steller justificó el retiro de los agentes antidroga de Puerto Moín en que el Gobierno escanearía el 100 % de exportaciones e importaciones, y la detección de estupefacientes en contenedores "revestía menor importancia".
Esa afirmación resultó falsa. Una auditoría de la Contraloría General, divulgada en abril, reveló que durante 2024 apenas el 48 % de las unidades de transporte movilizadas en Moín fueron inspeccionadas con escáneres.
Además, la operación Embassy, ejecutada por la propia PCD en conjunto con la Fiscalía de Narcotráfico y autoridades europeas, demostró que la droga sigue saliendo incluso con escáneres activos.
Solo para ese caso se documentó que al menos 29 contenedores fueron contaminados por dos bandas criminales, que lograron exportar 3.513 kilogramos de cocaína a países europeos como Países Bajos, Bélgica, España, Portugal y Alemania.
Retiro de Guardacostas de Sixaola, donde operaba Celso
Otra de las coincidencias entre las declaraciones de Celso Gamboa, las operaciones narco y las decisiones de Manuel Jiménez Steller es que, a mediados de 2023, el viceministro ordenó retirar al grupo operativo del Servicio Nacional de Guardacostas (SNG) que se mantenía en el puesto de Sixaola, Limón, para trasladarlo al centro de Limón, a una hora de distancia navegando por mar.
Justamente en la zona de Sixaola, en Talamanca, se ubican dos propiedades vinculadas a Edwin Danney López Vega, alias Pecho de Rata, aparente socio del exmagistrado quien, según la DEA, movilizaba cargamentos importantes de droga por ese sector.
El 16 de octubre de 2024, CR Hoy reveló que Jiménez Steller giró la instrucción verbal de cerrar el puesto de Guardacostas en Sixaola, un punto crítico del Caribe sur por donde se mueve una de las principales rutas del narcotráfico.
Inicialmente, este medio recolectó al menos tres testimonios confidenciales de personas ligadas a la operación del servicio naval, quienes, bajo anonimato, confirmaron que el viceministro giró la directriz.
Los informantes señalaron que la decisión fue tomada por este cuestionado jerarca, quien por dos años ha estado a cargo del SNG, el Servicio de Vigilancia Aérea y la Policía de Control de Drogas (PCD), cuerpos clave en la lucha antinarcóticos.
La instrucción se giró entre junio y julio de 2023. En Sixaola existía un puesto fronterizo con presencia de Guardacostas, diseñado para responder rápidamente ante alertas sobre lanchas rápidas que transportaban droga por mar y suelo tico.
Pero, en su lugar, los oficiales fueron trasladados al puesto ubicado 5 km al norte de Limón centro. Este cambio incrementó en una hora la posibilidad de interceptar o atender reportes de embarcaciones sospechosas, ya que la distancia es unas 40 millas náuticas más lejos.
Solo en 2021 en ese sector, se reportaron casi 100 alertas de lanchas con cocaína y marihuana en esa zona. Jiménez Steller dictó la orden de retiro de forma verbal al entonces director de Guardacostas, coronel Martín Arias, quien alertó sobre los riesgos que implicaba.
Un mes después de la publicación, el coronel Arias, quien dirigió la policía naval durante dos décadas, confirmó bajo juramento ante la Asamblea Legislativa que la orden le fue dada verbalmente por Jiménez Steller pocas semanas después de asumir el cargo en el Gobierno de Rodrigo Chaves Robles.
"El puesto de Sixaola ordenó cerrarlo el señor Manuel Jiménez Steller. No más recibió de viceministro, dio la orden. Yo le dije: 'don Manuel, pásemelo por escrito', pero no lo hizo.
Dos veces más: '¿qué pasó con el oficio?' No lo hizo y no lo hizo. Yo tuve que mandar una nota porque ya el comandante de Sixaola no estaba ahí, estaba en Portete.
Tuve que hacer un oficio porque no recibí una orden escrita formal, como sí la hizo verbal el señor Manuel Jiménez Steller", dijo Arias durante una comparecencia legislativa el 14 de noviembre de 2024.
Dos meses después, el propio Ministerio de Seguridad confirmó el retiro del grupo operativo tras los cuestionamientos de este medio. La justificación fue que la estación no contaba con navíos, por lo que no se realizaban patrullajes costeros.
Alegaron que los oficiales solo hacían rondas a pie sobre el puente binacional Costa Rica–Panamá y, ocasionalmente, en botes de la Policía de Fronteras. Se indicó que en la zona solo había seis agentes, quienes fueron reubicados en la Estación de Portete y que había una "baja incidencia criminal".
No obstante, de acuerdo con el informe de la DEA, los agentes antinarcóticos recibieron información de que Edwin Lóez, alias "Pecho de Rata", movilizaba aviones cargados de cocaína mediante una propiedad ubicada en Sixaola.
Se trata de dos fincas localizadas en puntos estratégicos: tienen salidas directas por carretera hacia playa Gandoca y el río Sixaola, en la frontera con Panamá, a la que se puede llegar en cuestión de 10 minutos.
Estos son dos de los puntos de ingreso de la droga conocidos por las autoridades y que, desde 2023, ante la ausencia de Guardacostas, quedaron más vulnerables a la llegada de lanchas con droga.
Estas dos fincas ligadas a López Vega no son de su propiedad directa, pero están arrendadas por la sociedad anónima Hermanos López Tyndall, conformada por los hijos del cabecilla Pecho de Rata y en la que él mismo figuró como fiscal.
En esa sociedad aún participan sus hijos y su exesposa. Se trata de propiedades —95 hectáreas en total— a las que alude la DEA en el expediente de la solicitud de extradición (25-00071-0016-PE).
Pasados conexos
La solicitud de extradición no detalla los nombres de los funcionarios costarricenses que habrían colaborado con Celso Gamboa. Lo cierto es que ambos personajes han coincidido en varios criterios.
El 15 de octubre del año pasado, este medio dio a conocer que Celso Gamboa, entonces abogado defensor de Alejandro James Wilson (presunto líder del caso Turesky), utilizó declaraciones públicas del viceministro Jiménez Steller para sustentar la defensa de uno de sus clientes en un proceso por narcotráfico.
Específicamente, incorporó en el expediente judicial contra James Wilson —acusado por tráfico internacional de drogas y legitimación de capitales— declaraciones de Jiménez en las que aseguraba que los contenedores costarricenses podrían haber sido contaminados en el extranjero.
"Como lo ha dicho reiteradamente el viceministro de Seguridad, Manuel Jiménez Steller, que los contenedores costarricenses que están llegando a otros países, no son contaminados en Costa Rica, sino que son contaminados en otras fronteras.
Yo tengo las declaraciones, donde el viceministro dice que muchos contenedores que salen en el país, gracias a los escáneres, son utilizados por grupos criminales fuera de nuestras fronteras en otros puertos y ahí es donde son contaminados.
Es el propio viceministro de Seguridad el que respalda nuestra tesis y así fue considerado por el Juzgado y fue valorado también con prueba tan importante y con manifestaciones de una persona tan versada en materias de seguridad, tiene asidero la gestión del señor Wilson", aseguró Gamboa.
Este medio identificó al menos tres ocasiones en que Jiménez Steller aseguró públicamente que la droga hallada en productos exportados desde Costa Rica habría sido introducida fuera del país.
¿Favorecimiento a La H? El exgrupo aliado de Celso
Entre los escándalos que han envuelto a este jerarca, ahora la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) abrió una causa penal contra el viceministro por la presunta comisión del delito de procuración de impunidad.
La investigación se debe a la solicitud de sobreseimiento que firmó Jiménez Steller cuando era fiscal adjunto de Limón, a favor de seis sujetos vinculados con el hallazgo de una lancha cargada con 2,5 toneladas de cocaína y que, tras la gestión de Jiménez, quedaron en libertad.
Los sospechosos, al parecer, pertenecían a la banda narco "La H". Jiménez ha dicho que no existían pruebas contundentes para llevar a las seis personas a juicio, pese a que testigos fueron claros al señalar que vieron a los sospechosos con la droga.
Uno de ellos declaró que era el conductor de un camión en el que también encontraron cocaína, dos tenían antecedentes por narcotráfico y uno de ellos, que se fue a Panamá tras quedar libre, después fue condenado en dicho país.
Tras un análisis más exhaustivo del expediente, la entonces fiscala general a. i., Sara Arce, solicitó una enmienda jerárquica para trasladar el caso a la Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada.
El Juzgado Penal de Limón aprobó la gestión el 25 de febrero de 2022 y remitió el expediente a ese despacho para iniciar un nuevo proceso con la misma prueba. Los fiscales revisaron nuevamente los elementos del caso y concluyeron que existía prueba suficiente para llevarlo a juicio.
El expediente señala que uno de los teléfonos decomisados el día de la incautación contenía apuntes con coordenadas que revelaban el destino del cargamento: la frontera entre Nicaragua y Honduras, cerca de Puerto Lempira.
El ahora viceministro justificó su decisión señalando que los análisis biológicos, inspecciones de vehículos, revisión de dispositivos electrónicos, declaraciones de testigos y allanamientos no aportaron pruebas suficientes para acusarlos como responsables de llevar la droga hasta esa comunidad limonense.
Jiménez Steller dirigió la Fiscalía Adjunta de Limón desde 2017 hasta mayo de 2023, cuando el mandatario Chaves lo nombró segundo al mando del Ministerio de Seguridad Pública, junto al ministro Mario Zamora Cordero.
Detenciones de la DEA
Hace más de un mes, el OIJ detuvo a los primeros tres extraditables: Celso Gamboa, Pecho de Rata, y a Jonathan Álvarez Alfaro, como parte de una solicitud de extradición de la DEA.
López Vega tiene antecedentes por narcotráfico y legitimación de capitales, con condenas en 2004 y 2014. Fue detenido en mayo de 2025 con ₡3 millones en efectivo, sin poder justificar su origen.
Álvarez Alfaro es señalado como uno de los supuestos cabecillas de una red de lavado de dinero mediante bienes raíces, subastas ganaderas, compraventa de vehículos y canchas deportivas. Su detención se dio en la operación Venus.
Gamboa, López y Álvarez se encuentran ahora en el módulo de máxima seguridad de La Reforma, donde cumplen dos meses de detención provisional mientras se resuelve la solicitud de extradición.
