Rezago de Puerto Caldera afecta a casi el 50 % de las industrias

El rezago de Puerto Caldera afecta al 49,5 % de las empresas que lo utilizan, según la más reciente Encuesta de Perspectivas Empresariales y Valoración de los Factores de Competitividad del Sector Industrial Manufacturero, realizada por la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR).

El estudio reveló que el factor "logística en puertos" pasó de afectar al 42,7 % de las empresas en 2024 al 49,5 % en 2025, y escaló tres posiciones en el ranking de presencia negativa.

Además, aumentó su impacto en el índice de incidencia, al subir del puesto 9 en 2024 al 6 en 2025, lo que refleja con claridad que este problema logístico no solo es más frecuente, sino también más determinante para la competitividad de las empresas.

El rezago no se limita únicamente al entorno portuario. El factor "infraestructura (carreteras, puertos, etc.)" también incrementó significativamente su presencia dentro de los resultados generales de la encuesta, al pasar de afectar al 56,5 % al 68,8 % de las empresas entre 2024 y 2025, y al escalar del puesto 9 al 6 en el índice de incidencia, lo que lo ubica entre los principales factores que más obstaculizan la competitividad del sector industrial.

Más aún, en el caso de las empresas grandes del régimen definitivo (RD), se ubicó en la posición 2 del índice de incidencia; y, en el caso de las empresas en zonas francas, se situó en la quinta posición.

Este resultado refleja que la conectividad física —tanto vial como portuaria— se ha convertido en un cuello de botella estructural que limita la eficiencia logística de las empresas y encarece sus operaciones.

Infraestructura portuaria

En cuanto a la infraestructura portuaria, más de la mitad de las empresas industriales encuestadas (55 %) utiliza Puerto Caldera para sus importaciones, y de ese grupo, casi la mitad ya ha comenzado a emplear rutas alternativas para movilizar su carga y evitar largos tiempos de espera e incertidumbre sobre su arribo efectivo a destino final.

Esto refleja una creciente pérdida de confianza en la capacidad operativa del puerto con su infraestructura actual, lo cual obliga a las empresas a asumir sobrecostos logísticos que impactan su competitividad y eficiencia.

Un 68,9 % de las empresas afirmó que ampliará o utilizará otras rutas si la situación del puerto continúa igual o empeora en los próximos tres años.

"La ampliación y modernización de Caldera debió haberse hecho hace más de diez años. Hoy seguimos arrastrando las consecuencias de esa inacción. El inicio del proceso licitatorio en octubre de 2024 fue un paso fundamental en la dirección correcta, pero incluso en el mejor de los escenarios, los efectos no se verán antes de 2029. El país no puede esperar. Ya se están desviando operaciones, reorganizando rutas, asumiendo sobrecostos; hay barcos que han dejado de recalar en Caldera, y el aumento en los costos está generando un impacto irreversible en las empresas, así como un alza en los precios para los consumidores. Como país, no podemos darnos el lujo de seguir retrasando un tema tan estratégico", comentó Sergio Capón, presidente de la CICR.

¿Qué debe hacer el país?

La CICR aseguró que reconoce las gestiones del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop), que ha iniciado el proceso de licitación para modernizar y ampliar Puerto Caldera.

Sin embargo, ese proceso —aun en el mejor escenario— no dará resultados antes de 2029 y podría extenderse hasta 2034 si surgen más objeciones o apelaciones.

Mientras tanto, la infraestructura existente seguirá operando por debajo de lo necesario para un país que aspira a competir globalmente.

Ante esta realidad, la CICR insistió en la importancia de abordar las necesidades del corto plazo.

Se deben considerar acciones urgentes para garantizar la operatividad mínima del puerto durante los próximos cinco años, como parte de una agenda de competitividad que contemple lo siguiente:

• Realización inmediata de inversiones clave, como la reparación de patios, vías y tomas eléctricas, estimadas en el pasado en $30 millones.
• Considerar los mecanismos legales y financieros viables para implementar estas mejoras en el corto plazo, sin frenar el proceso de licitación.
• Conectar la inversión en infraestructura con objetivos de competitividad y desarrollo.