Rocío Aguilar contradice a Chaves: asegura que nombramiento de gerente del BN fue legal
La exjerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), Rocío Aguilar, afirmó este lunes que el nombramiento de Rosaysella Ulloa como gerente general del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) se realizó conforme al ordenamiento jurídico, contradiciendo así la versión del presidente Rodrigo Chaves.
Esta declaración la brindó durante su audiencia ante los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa.
Semanas atrás, Chaves aseguró en su programa televisivo de los miércoles que el nombramiento fue contrario a la ley, y que ello motivó la destitución de toda la Junta Directiva del banco.
Según el Ejecutivo, en esa elección no se respetó el principio de probidad, Ulloa fue nombrada “a dedo” y ni siquiera se le aplicó una prueba de inglés, como se exige en el proceso de selección. Estas afirmaciones han sido rechazadas por los exdirectivos de la entidad.
¿Fue ilegal?
Durante la audiencia, la diputada Dinorah Barquero (PLN) consultó a Aguilar sobre la legalidad del proceso y las consecuencias de la destitución de los directivos:
“Le pregunto: ¿Quién restituye a estos miembros que fueron destituidos de manera ilegal?”, cuestionó la legisladora.
Aguilar respondió haciendo referencia a un informe de la Sugef, que —a su juicio y el de varias diputaciones— debió haber sido considerado por el Consejo de Gobierno (presidido por Chaves) antes de tomar la decisión de destituir a la Junta Directiva.
Ese documento establecía que los miembros del órgano directivo no cometieron ninguna infracción al nombrar a Ulloa.
Sin embargo, dicho informe no habría sido tomado en cuenta por el Ejecutivo, específicamente por el vicepresidente Stephan Brunner, quien fue quien recomendó el cese.
“Tal y como ha sido advertido, se emitió el acto final sin tener en mano ese documento o acto previo. Y me parece que queda ahora en manos de quien tomó esa decisión evaluar las implicaciones, ya que el informe emitido por la Sugef concluye que el nombramiento de la gerente general fue conforme al ordenamiento jurídico”, argumentó Aguilar.
Denuncian silencio de la Sugef
La diputada Alejandra Larios (PLN) también cuestionó el silencio de la actual jerarca de la Sugef, Hazel Vargas, ante una decisión de esa magnitud.
Aguilar reiteró su posición y advirtió sobre la gravedad de lo ocurrido:
“Efectivamente, una decisión que se toma —pareciera— contraria a la ley, y siendo la destitución de una Junta Directiva de un banco de carácter sistémico, es un tema que debió haberle preocupado y llamado la atención a la Superintendencia.”
La discusión volvió a centrarse en el presunto incumplimiento del principio de probidad, argumento usado por el Poder Ejecutivo para justificar la destitución del órgano directivo el pasado 28 de mayo, tras el nombramiento de Ulloa.
La destitución fue impulsada por el vicepresidente Brunner, bajo el argumento de una violación a los principios de probidad y a las buenas prácticas de Gobierno Corporativo.
No obstante, trascendió posteriormente que la Sugef habría notificado a la Vicepresidencia que los exdirectivos no habían incurrido en tales faltas, lo que haría que la destitución fuera improcedente.
