Rodrigo Chaves investigado por prevaricato por nombramiento irregular de directivos del Banco Nacional
El mandatario Rodrigo Chaves Robles figura en una causa penal por el aparente delito de prevaricato, debido a los recientes movimientos en la junta directiva del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) ejecutados por el Consejo de Gobierno que él preside.
La Fiscalía General confirmó a CRHoy la apertura de una investigación en trámite por las posibles irregularidades cometidas por el Poder Ejecutivo al separar a la cúpula de la entidad financiera pública para sustituirla por otra que no cumplía con todos los requisitos legales.
"En respuesta a su solicitud, la Fiscalía General informó que tramita la causa 25-000067-0033-PE, en la cual se investiga al señor Chaves Robles por el presunto delito de prevaricato.
El caso tiene relación con la destitución de la Junta Directiva del Banco Nacional", confirmó el Ministerio Público mediante su oficina de prensa.
El 28 de mayo anterior, la Presidencia y el Consejo de Gobierno destituyeron a siete directivos mediante un cuestionado procedimiento disciplinario.
El entonces vicepresidente Stephan Brunner promovió la destitución debido al desacuerdo del Gobierno con el nombramiento de Rosaysella Ulloa como gerente general del Banco, efectuado el 3 de septiembre de 2024.
El Poder Ejecutivo procedió a las destituciones sin contar con el informe de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), requisito establecido en la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional.
Ese mismo 28 de mayo, tras cesar a los exdirectivos, el Consejo de Gobierno nombró una junta directiva temporal, la cual fue juramentada por Chaves en menos de dos horas. Seis de esos directivos temporales fueron ratificados de forma definitiva el 21 de agosto.
No obstante, la Sala Constitucional ordenó hace dos semanas reinstaurar a los siete exdirectivos removidos, al acoger varios recursos interpuestos contra el actuar del Gobierno, y dispuso su reinstalación inmediata.
El fiscal general Carlo Díaz, aseguró que pese a que una primera acusación contra el mandatario no prosperó porque la Asamblea Legislativa no avaló el levantamiento de su inmunidad, continuarán con esta y otras investigaciones en curso, cumpliendo con la obligación legal.
"Yo tengo una función específica que es ejercer acción penal contra miembros de los Supremos Poderes. El hecho que en una causa que nosotros ya hicimos la investigación, que la concluimos, que la presentamos en primera instancia ante Corte Plena y posteriormente se remitió a la Asamblea Legislativa y allí se decidió políticamente no levantar la inmunidad, no hace que nosotros no continuemos con las investigaciones que tenemos en curso.
Más bien, todas las causas en las cuales sea necesario investigar a cualquier miembro de los Supremos Poderes, llámese magistrados o diputados, nosotros vamos a continuar con la investigación y vamos a formular los requerimientos que eventualmente correspondan", indicó Díaz.
El jefe del Ministerio Público recalcó que muchas causas han sido archivadas, dos elevadas a acusación y otras más permanecen bajo investigación.
Irregularidades en nombramientos
El delito investigado en este caso es prevaricato, que consiste en que un funcionario judicial o administrativo dicta resoluciones contrarias a la ley o las fundamenta en hechos falsos. También se configura cuando, a sabiendas o por ignorancia injustificable, falta a los deberes de su cargo.
El castigo por este delito contempla penas de prisión de dos a quince años. No obstante, en el trámite de la causa podría determinarse si se configuró algún otro delito, debido a las anomalías detectadas en los nombramientos de los sustitutos.
El viernes 10 de octubre, los magistrados de la Sala IV votaron por mayoría y declararon con lugar un recurso de amparo interpuesto por los directivos del Nacional apartados por Chaves, en apariencia de forma irregular.
La resolución anuló una disposición del exvicepresidente mediante la cual recomendó la destitución de los miembros de la junta directiva, así como todos los actos posteriores, incluida su separación de los cargos.
De esta forma, la Sala IV ordenó la restitución de la cúpula que había sido removida. Menos de 24 horas antes, la Sugef emitió la resolución SGF-2167-2025, en la que confirmó la falta de requisitos que presentaban varios de los sustitutos nombrados por el Poder Ejecutivo.
Así consta en la documentación a la que CR Hoy tuvo acceso. La superintendente general, Hazel Valverde Richmond, firmó la resolución a las 4:00 p. m. del jueves 9 de octubre de 2025, y al día siguiente los magistrados votaron, en un proceso completamente independiente.
En la resolución, la Sugef determinó que Noylin Cruz Suárez (vicepresidenta), María del Milagro Solórzano León, Anabelle Chaves Soto y Rolando Saborío Jiménez (secretario), cuatro de los siete miembros de la junta directiva nombrada por el Gobierno, carecían de idoneidad para ocupar el puesto, según lo establecen las normas.
Como la orden de la Sala IV de restituir a los miembros destituidos fue dictada en tan poco tiempo, no fue necesario ejecutar la resolución de la Sugef.
En ese documento, la Superintendencia confirmó que la mayoría de los miembros de la junta nombrada por el Gobierno a mediados de año tras la destitución irregular de los anteriores directivos, no cumplía con los requisitos exigidos para el cargo.
En específico, se detectó falta de idoneidad, conforme con a los parámetros establecidos en el Acuerdo 15-22 del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), conocido como el Reglamento sobre idoneidad y desempeño de los miembros del órgano de dirección y de la alta gerencia de entidades y empresas supervisadas.
Tal como reveló CR Hoy el 6 de junio anterior, tras una revisión exhaustiva de la normativa y de los currículos de la nueva cúpula, algunos de los miembros designados por el gabinete de Chaves incumplían con la experiencia mínima necesaria.
El reglamento establece exigencias de idoneidad, entre ellas que los miembros de la alta gerencia y del órgano de dirección —la junta directiva, en el caso del BN— deben demostrar experiencia suficiente en cargos de esa naturaleza.
Para ello, se valora la similitud en la naturaleza, tamaño y complejidad de las entidades o empresas donde se haya adquirido dicha experiencia.
Con el fin de garantizarla, la norma fija umbrales mínimos: para ser presidente se requieren al menos ocho años de experiencia práctica y profesional en puestos directivos o de alta gerencia dentro de los últimos diez años.
Los demás miembros del órgano de dirección deben contar con tres años de experiencia práctica y profesional en puestos directivos, de alta gerencia o en un nivel inmediato inferior.
Sin embargo, no todos los miembros cumplían con este requisito, según demuestra un documento que recopila los atestados y currículos. La resolución de la Sugef detalla que durante la revisión efectuada, en aplicación de la normativa vigente, se identificaron debilidades significativas.
El principal problema radicaba en la falta de experiencia práctica y profesional de algunos directores, lo que limitaba la capacidad colectiva de gestión prudencial de la junta. Además, la Sugef halló debilidades en la formación profesional de estos directivos, quienes ejercieron el cargo durante más de cuatro meses.
El documento agrega que, respecto a la idoneidad conjunta de la cúpula, se presentó una brecha relevante en materia de experiencia, la cual limita la capacidad colectiva del órgano para responder a los retos prudenciales y estratégicos de una entidad de importancia sistémica, según la resolución.