Sala IV ordena al Gobierno restituir a exdirectivos del Banco Nacional en sus cargos
De izquierda a derecha, Carlos Rodolfo González, Marvin Arias y Maricela Alpízar. (Asamblea Legislativa).
Por mayoría, la Sala Constitucional ordenó este viernes al Consejo de Gobierno restituir a los siete exdirectivos del Banco Nacional (BN), quienes fueron destituidos por la Presidencia de la República el pasado 28 de mayo, tras un cuestionado procedimiento disciplinario.
Así lo resolvieron cinco de los siete magistrados al acoger varios recursos de amparo interpuestos por distintos abogados en favor de los exdirectores de la entidad bancaria.
Los directivos cesados que deberán ser restituidos en sus cargos son: Marvin Arias Aguilar (presidente), Maricela Alpízar Chacón (vicepresidenta), Ruth Belarmina Alfaro Jara, José Bernal Juan Alvarado, José Manuel Arias Porras, Montserrat Betzel del Carmen Buján Boza y Carlos Rodolfo de Gerardo González Cuadra.
El entonces vicepresidente, Stephan Brunner, promovió la destitución debido a que el Gobierno estuvo en desacuerdo con el nombramiento de Rosaysella Ulloa como gerente general del Banco Nacional, efectuado el 3 de septiembre de 2024.
El Poder Ejecutivo procedió a la destitución sin contar con un informe de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), requisito establecido en la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional.
Los recursos presentados a favor de los exdirectivos sostienen que la Presidencia de la República violentó el debido proceso, vulneró la autonomía del BN, quebrantó principios constitucionales y configuró una desviación del poder estatal.
Ese mismo 28 de mayo, tras cesar a los exdirectivos, el Consejo de Gobierno nombró una junta directiva temporal, la cual fue juramentada por el presidente Rodrigo Chaves en menos de dos horas.
Seis de esos directivos temporales fueron ratificados de forma definitiva por el Consejo de Gobierno el pasado 21 de agosto.
Las actuaciones del Ejecutivo en relación con la destitución de los exdirectivos son investigadas por la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Públicos de la Asamblea Legislativa.
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