Sala IV rechaza tercer recurso que pretendía liberación de Celso Gamboa
El Tribunal rechazó por tercera vez recursos presentados en favor del exmagistrado, incluyendo uno que cuestionaba la reforma constitucional que habilitó la extradición de costarricenses
La Sala Constitucional rechazó un tercer recurso interpuesto en favor del extraditable Celso Gamboa Sánchez, el cual pretendía su liberación y que se le facilitara un cuaderno dentro de la celda de máxima seguridad en La Reforma, donde permanece recluido.
La persona que interpuso el recurso, cuya identidad no fue revelada, alegó afectaciones al derecho de defensa, a la privacidad de las comunicaciones y a la dignidad humana de Gamboa, y solicitó como medida cautelar que se le permitiera contar con un cuaderno para tomar notas relacionadas con su defensa.
Los magistrados declararon sin lugar el recurso de amparo, al no constatarse una vulneración a los derechos fundamentales alegados. El asunto fue presentado originalmente como un recurso de amparo, pero fue reconducido a un hábeas corpus, tramitado bajo el expediente 25-020009-0007-CO.
Celso Manuel Gamboa enfrenta un proceso de extradición junto con sus presuntos socios: Edwin Danney López Vega alias Pecho de Rata —exconvicto por narcotráfico y excliente del abogado—, y el empresario Jonathan Álvarez Alfaro, perseguido por legitimación de capitales en Costa Rica.
Las autoridades estadounidenses señalan a Gamboa como coordinador del Cártel del Golfo —de origen mexicano—, y lo vinculan también con el Clan del Golfo de Colombia y el Cártel de Sinaloa.
Se le acusa de facilitar el ingreso de cargamentos de cocaína a Costa Rica, presuntamente con colaboración desde el propio Gobierno, para luego enviarlos hacia Centroamérica y Norteamérica.
Tal como reveló CR Hoy en primicia, en septiembre de 2023 Gamboa aseguró a dos supuestos socios —en realidad, informantes de la DEA— que el Gobierno de Rodrigo Chaves Robles le daba acceso para introducir cocaína al país.
Según el Departamento de Justicia de EE. UU., el exfuncionario costarricense fue acusado de delitos federales relacionados con el narcotráfico en el Distrito Este de Texas.
La acusación sostiene que Gamboa conspiró y colaboró con narcotraficantes internacionales para fabricar, distribuir y transportar grandes cantidades de cocaína, buena parte de la cual transitó por Costa Rica con destino final a Estados Unidos.
Tan solo 24 horas después de su detención, CR Hoy informó en primicia que la acusación fue presentada el 1.º de octubre de 2024 ante el Tribunal Federal del Distrito Este de Texas, tras una investigación iniciada en 2020.
Gamboa fue arrestado el 23 de junio de 2025 en Costa Rica, en cumplimiento de una orden de detención provisional emitida por EE. UU. Ese mismo día, el OIJ detuvo a López Vega, acusado también por narcotráfico internacional ante el mismo tribunal estadounidense.
Todos los implicados permanecen en prisión, en espera de que se resuelva su proceso de extradición.
Fallo previo
El pasado 21 de julio, la Sala IV ya había rechazado otro recurso interpuesto en favor de él y de otros dos extraditables, quienes permanecen detenidos mientras se resuelve un proceso de extradición hacia Estados Unidos.
Se trataba de un recurso de hábeas corpus contra la reforma a la Constitución Política recientemente aprobada por la Asamblea Legislativa, la cual autorizó el proceso de extradición de costarricenses requeridos por la justicia internacional.
En ese recurso se solicitó la libertad de todas las personas que se encuentren en proceso de extradición, y se pedía que se ordenara el cambio de la medida cautelar de prisión preventiva por monitoreo electrónico domiciliario, hasta tanto la Sala resolviera de manera definitiva el expediente.
En el expediente 25-019583-0007-CO se alegó que, aunque en mayo de 2025 se reformó el artículo 32 de la Constitución para permitir la extradición de nacionales, no se modificaron las disposiciones legales secundarias que aún la prohíben (artículo 3, inciso a), de la Ley n.º 4795, y artículo 8, inciso 1), de la Ley n.º 7146).
Se argumentaba que esta omisión generaba una confrontación normativa que violaba el principio de supremacía constitucional. El hábeas corpus fue interpuesto contra la Asamblea Legislativa, el Ministerio de Justicia y Paz, y el Poder Judicial.
La Sala resolvió declarar inadmisible el recurso, al considerar que las pretensiones del recurrente exceden el ámbito de competencia de esta jurisdicción en dicha materia.
En particular, se pretendía que el Tribunal Constitucional determinara —por la vía sumaria del hábeas corpus— si deben reformarse o no disposiciones de la normativa ordinaria, específicamente el artículo 3, inciso a), de la Ley n.º 4795, y el artículo 8, inciso 1), de la Ley n.º 7146, lo cual no corresponde a esta vía ni al objeto del recurso.
La Sala recordó que las reformas normativas le competen a la Asamblea Legislativa.
En la misma línea, conforme a su reiterada jurisprudencia, los magistrados determinaron que tampoco les corresponde sustituir al juez en la determinación de la normativa aplicable al caso concreto, pues se trata de una pretensión ajena al ámbito de competencias de la Sala y que debe ser alegada en la jurisdicción ordinaria mediante los mecanismos previstos en la ley que regula esa materia.
En cuanto a la revocatoria o suspensión de la medida cautelar de prisión preventiva, el Tribunal también ha establecido en su jurisprudencia que no le compete pronunciarse sobre un posible cambio de medida, sea del tipo de prisión provisional a una bajo monitoreo electrónico domiciliario.
Tampoco le corresponde determinar la procedencia o no de la prisión preventiva como tal, ya que estos aspectos exceden su competencia y deben resolverse dentro del proceso penal respectivo.
Otro intento fallido previo
A finales de junio, la misma Sala IV recibió una acción de inconstitucionalidad (25-018436-0007-CO) contra la reforma que permite la extradición de costarricenses a otras jurisdicciones, como la estadounidense. Este primer recurso fue rechazado de plano.
El recurso fue presentado tan solo cuatro días después de la captura de Gamboa; del exconvicto por narcotráfico Edwin López, alias Pecho de Rata; y de Jonathan Álvarez Alfaro, sospechoso de legitimación de capitales. Todos están vinculados a un caso de narcotráfico internacional.
Además de solicitar que se declarara la inconstitucionalidad parcial de las normas, los recurrentes pidieron la suspensión inmediata de cualquier proceso de entrega a EE. UU. de Gamboa y los demás implicados, mediante medidas cautelares, pero dichas pretensiones no fueron admitidas.
