Secretismo y ofrecimientos enturbian recta final de eurobonos
Texto en discusión no tendría los 38 votos necesarios para ser aprobado
Pilar Cisneros, jefa de fracción del oficialismo. (Asamblea Legislativa).
(CRHoy.com) -En la recta final de su trámite parlamentario, el futuro del proyecto de ley que pretende autorizar al Poder Ejecutivo a colocar $6 mil millones de eurobonos para el pago de deuda pública es incierto.
Así lo reconocen diputados de los partidos Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC) y Frente Amplio (FA), quienes mantienen severos cuestionamientos al fondo de la propuesta y a la forma en la que el gobierno de Rodrigo Chaves la ha manejado en el Congreso.
En momentos en que las dudas rodean al proyecto de ley, expediente 23.036, amarrar los 38 votos que obligatoriamente requiere para su aprobación es todo un reto para la Casa Presidencial y la bancada legislativa del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD).
Sofía Guillén, diputada del FA. (Archivo/CRH).
Desde su curul, la diputada Sofía Guillén, del FA, dejó perplejo a más de uno el miércoles pasado cuando denunció que el legislador Alexander Barrantes, del PPSD, le ofreció una embajada y puestos para frenteamplistas a cambio de votos para el polémico proyecto.
Y a pesar del precipitado intento de Barrantes, la jefa del oficialismo en el Parlamento, Pilar Cisneros, y la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, por bajarle el tono a la contundente denuncia, el señalamiento abrió más interrogantes y dejó un sinsabor sobre la forma con la que el Ejecutivo presiona para la aprobación del texto.
El escándalo se unió a una larga lista de cuestionamientos que ha tenido la iniciativa de ley prácticamente desde que inició su trámite legislativo.
Camino atropellado
Rodrigo Chaves, presidente de la República, y Rodrigo Arias, presidente del Congreso. (Archivo/CRH).
Encuentros secretos, reuniones paralelas y ofrecimientos de puestos han enturbiado el camino del proyecto, defendido férreamente por el Gobierno y aliados de otras fuerzas políticas, en especial una mayoría de la fracción parlamentaria del PUSC, encabezada por la congresista Daniela Rojas.
La ruta que siguió el Poder Ejecutivo para impulsar la propuesta ha sido atropellada desde un inicio, según reconocieron legisladores consultados por este medio.
El 26 de julio pasado, a poco más de un mes de haber comenzado la administración de Chaves, Cisneros orquestó una reunión secreta entre el mandatario y diputados de la Comisión de Asuntos Económicos, órgano del Congreso que tramita el expediente, para conversar sobre el mismo.
Los legisladores acudieron al encuentro un día después de que Chaves les exigió aprobar los eurobonos y los acusó, desde Guanacaste, de "jugar chapitas", en un claro y criticado intento por saltarse la división de poderes que, incluso, llevó al presidente del Congreso, Rodrigo Arias, a reunirse con el Presidente para bajar los ánimos el 9 de agosto anterior.
Los desacuerdos en el seno de la Comisión de Asuntos Económicos sobre el monto y las condiciones de la millonaria colocación de títulos valores en el mercado internacional -que encontraron sustento en la falta de claridad y transparencia del Ejecutivo- motivaron al Gobierno a organizar una reunión paralela únicamente con diputados aliados a su postura en la Asamblea Legislativa el pasado 4 de octubre.
La reunión -liderada por los ministros de la Presidencia y Hacienda, Natalia Díaz y Nogui Acosta, respectivamente- se llevó a cabo mientras la Comisión de Asuntos Económicos sesionaba formalmente y generó cuestionamientos por parte de diputados opuestos a los términos con los que el Gobierno quiere que el Congreso apruebe el texto.
Presión
Daniela Rojas, jefa de fracción del PUSC, y Erwen Masís, nuevo representante de Costa Rica en el BCIE. (Archivo/CRH).
Lo negociado de forma paralela ese 4 de octubre sirvió para que la iniciativa fuera dictaminada afirmativamente por mayoría, pero no por unanimidad, por la Comisión de Asuntos Económicos y se enrumbara al Plenario Legislativo, a pesar de no contar con altos niveles de consenso político, principalmente entre las bancadas del PLN y el FA.
La severa denuncia que lanzó en el Plenario la diputada Guillén fue antecedida por el sorpresivo anuncio de 7 de los 9 congresistas del PUSC de apoyar el texto propuesto por el Gobierno para que se le autorice la colocación de $6 mil millones en eurobonos, a pesar de que los mecanismos y normas de control siguen siendo difusos.
La mayoría de la fracción parlamentaria rojiazul dio su apoyo al proyecto oficialista el mismo día en que el excongresista Erwen Masís, a quien le guardan lealtad política, fue nombrado como representante de Costa Rica en el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), cargo para el cual fue impulsado por la administración de Chaves.
¿Y los 38 votos?
Diputadas Paulina Ramírez, Vanessa Castro y Kattia Rivera. (Asamblea Legislativa).
El texto llega al Plenario en medio de tales cuestionamientos. Ahí enfrentará la dura prueba de reunir los 38 votos necesarios para su aprobación después de que supere las mociones de fondo que recibirá.
¿Tendrá esa mayoría calificada o terminará en el archivo? Por ahora, está claro que el Gobierno no tiene los suficientes votos y en vez de hacer uso del tacto político para alcanzarlos, lo que ha hecho es enfriar a quienes más adversan la propuesta.
En opinión de la diputada Kattia Rivera, jefa de la fracción parlamentaria del PLN, el Ejecutivo se complicó más de la cuenta y de forma innecesaria con el manejo de un proyecto de ley que para ella es un "cheque en blanco".
Ha sido manejado torpemente por parte del Ejecutivo (…) Espero que por parte de las demás fracciones se logre hacer una lectura correcta sobre lo que puede ser el mejor mecanismo y el monto que pueda llegar a tener una mayor apertura por parte de las diversas fracciones, y poder sacar consensos (…) En este momento, no tiene los 38 votos.
La legisladora Vanessa Castro, del PUSC, sostiene que el Gobierno desperdició, de una otra forma, una ruta más sencilla para el proyecto de ley: aquella de ponerse de acuerdo entre todos con respecto al monto y las condiciones de la colocación de eurobonos.
El camino ha sido bastante particular porque los obstáculos no han venido de quienes se supone deberían ser opositores, sino que los obstáculos mayores han venido de parte de las autoridades del Gobierno, quienes más bien deben facilitar la conversación (…) Quisiera pensar que hoy el Gobierno realice las acciones necesarias para que eurobonos continúe y se pueda dar un final feliz. Pero para eso tenemos que ser muy humildes y entender lo que conviene al país.
Jonathan Acuña, jefe de fracción del FA. (Archivo/CRH).
Un criterio parecido mantiene el jefe de la bancada legislativa del FA, Jonathan Acuña, quien asegura que la ruta del proyecto pudo haber sido más simple, si el Gobierno hubiera abierto negociaciones "más transparentes", con más capacidad de diálogo y con "realismo político."
Tienen que tener un criterio de realidad política. Creo que si el monto lo bajan a $3.000 millones y le agregan indicadores anti-fraude, tendrían los 38 votos.
Sin embargo, es claro que, por ahora, el proyecto carece de ese músculo político para convertirse en ley de la República y difícilmente lo tendrá, si el Gobierno no afina su manejo político en el Congreso, poder del Estado que, al fin y al cabo, tiene la última palabra.