Secuestro de George Angulo y otro empresario a las puertas de ir a juicio como caso de crimen organizado
Ya se celebró audiencia preliminar y se está a la espera de resolución que definirá si caso se eleva a juicio
La causa penal por el secuestro del empresario Jorge "George" Angulo Solano y de otro empresario, Jaime Guardián Moreno, ocurridos a comienzos del 2023, se tramita como un caso de crimen organizado.
El expediente fue asumido por la Fiscalía Adjunta Especializada contra la Delincuencia Organizada (FAEDO), órgano del Ministerio Público que ya solicitó al Juzgado Penal de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada (JEDO) permitir que el caso sea elevado a juicio.
La Fiscalía acusó a un total de 13 personas por varios delitos, entre ellos secuestro extorsivo, sancionado con penas de entre 15 y 20 años de cárcel; asociación ilícita, castigada con entre 1 y 6 años de prisión; y robo agravado, con penas de 5 a 15 años.
Además, se señala a varios de los imputados por uso ilegal de uniformes, insignias o dispositivos policiales, delito que conlleva penas de 5 a 8 años de cárcel, y por legitimación de capitales, que puede implicar sanciones de entre 8 y 20 años de prisión.
La audiencia preliminar para examinar la petición se realizó en octubre pasado y actualmente se está a la espera de que el Juzgado emita una resolución que defina si el caso se eleva a juicio.
De acuerdo con las autoridades judiciales, se trata de una banda de secuestradores que en primera instancia ejecutó la retención de George Angulo, propietario de una cadena de gimnasios con sedes en San José, Heredia, Alajuela y Puntarenas.
La víctima, hijo del exdiputado Jorge Alberto Angulo Mora, fue interceptada por sus captores dentro del negocio que tiene en San Pedro de Montes de Oca. Según relató él mismo tras el hecho, fue llevado hasta una finca donde lo mantuvieron retenido al menos dos días, y posteriormente fue liberado en una zona solitaria de Sarapiquí.
Aunque no trascendió el monto que debió pagar Angulo, la policía judicial confirmó que los secuestradores solicitaron el rescate por medio de una transferencia en bitcoins, por una suma millonaria.
El segundo caso ocurrió hacia mediados del mismo año en Escazú, cuando, al parecer, el mismo grupo interceptó al otro empresario, un exdirectivo bancario, mientras conducía su vehículo. Los sujetos, bajo amenaza con armas, lo secuestraron y mantuvieron cautivo durante tres días, hasta liberarlo el fin de semana en La Uruca.
Este ingeniero agrónomo, de 66 años, es reconocido por su trayectoria en distintas compañías transnacionales del sector financiero que operan en el país. Estuvo vinculado durante varios años a un banco privado conocido.
Para su liberación, la organización exigió a la familia de la víctima una suma millonaria que también debió pagarse en moneda virtual.
Este último caso fue clave para que la Unidad de Secuestros del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) avanzara en la investigación que ya se encontraba en curso. Gracias a las diligencias realizadas tras ese segundo secuestro, se logró ubicar a los sospechosos.
El 5 de julio de ese año, se efectuaron allanamientos en San José y Cartago, con apoyo del Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT) y la Brigada Operacional de Apoyo (BOA).
Los operativos se realizaron en viviendas ubicadas en El Porvenir de Desamparados y en el Proyecto Manuel de Jesús Jiménez, así como en El Tejar, La Pitahaya y Lankaster, con el objetivo de detener a los presuntos miembros del grupo delictivo.
En Desamparados se localizó al supuesto líder del clan, originario de Cartago, quien en días previos se habría desplazado a la capital. Varios de los sospechosos registraban antecedentes por distintos delitos e incluso algunos habían estado en prisión por hechos similares, como agresión con arma, asaltos, posesión de armas no permitidas y privación de libertad.
Las operaciones que habrían ejecutado los miembros de este grupo criminal dedicado a los secuestros extorsivos allanaron el camino para que la policía lograra detener a 11 personas en primera instancia.
La exigencia de pagos mediante monedas virtuales, la comunicación fragmentada a través de aplicaciones de mensajería rápida y el lenguaje utilizado fueron algunos de los elementos que permitieron a las autoridades identificar el modo de operar de la organización.
La banda estaba conformada por dos subgrupos, uno encargado de ejecutar las privaciones de libertad y otro de manejar el cobro de los rescates.
Para la policía judicial llamó la atención que la mayoría de los detenidos formaban parte del grupo encargado de mantener contacto con los familiares de las víctimas, con el fin de coordinar el pago de la liberación mediante el uso de criptomonedas.
Precisamente, el sospechoso de apellido Brenes, detenido en El Porvenir de Desamparados, era uno de los coordinadores de los traslados de dinero desde billeteras virtuales hacia efectivo.
Junto a él operaba un colombiano de apellido Acevedo, quien colaboraba en los canjes y trámites relacionados con la moneda virtual. A diferencia de ellos, los otros integrantes del grupo son personas con amplia trayectoria delictiva.
El OIJ explicó que los sospechosos comenzaron a realizar gastos de montos menores luego de recibir las sumas millonarias, destinando el dinero a compras diversas. Parte de ese dinero se utilizó para pagar deudas, y no se detectaron movimientos mayores a los cinco millones de colones. Entre las adquisiciones figuran motocicletas, vehículos y viajes dentro del país.
Varios de los miembros del grupo fueron ubicados en Jacó, donde se encontraban vacacionando junto a sus familiares. La mayoría estaba hospedada en dos cabinas, y una pareja fue detenida en un apartamento del mismo cantón de Garabito.