Seguidilla de acciones de Celso y Pecho de Rata coinciden con retiro de Guardacostas de Sixaola
Recuento de revelaciones confirman coincidencias entre operación de banda criminal y acciones que debilitan lucha antinarco
A mediados del 2023, el viceministro de Unidades Especiales de Seguridad Pública, Manuel Jiménez Steller, ordenó retirar al grupo operativo del Servicio Nacional de Guardacostas (SNG) que se mantenía en el puesto de Sixaola, en el Caribe sur, para trasladarlo al centro de Limón, a una hora de lejanía navegando por mar.
Justamente en la zona de Sixaola de Talamanca se ubican dos propiedades vinculadas a Edwin Danney López Vega, alias Pecho de Rata, quien, según la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), movilizaba cargamentos importantes de droga por ese sector.
Ese mismo año en que ocurrió el destierro de Guardacostas, el exmagistrado Celso Gamboa Sánchez aseguró a dos de sus socios criminales que el Gobierno le daba acceso para que su cocaína ingresara a territorio nacional.
Tanto Gamboa como López figuran como socios criminales en la investigación que realiza la DEA y actualmente enfrentan un proceso de extradición por dos delitos de conspiración para traficar y distribuir cocaína desde el sur hacia el norte del continente.
Las autoridades policiales lograron acceso a una grabación de esa conversación y confesión, ocurrida el 20 de septiembre del 2023, en la cual el extraditable garantizaba el paso de sus cargamentos de droga.
El retiro de Guardacostas ordenado por Jiménez Steller, la operación narco de Pecho de Rata y las afirmaciones de Gamboa sobre contar con facilidades para mover los alijos ocurrieron en un lapso de apenas tres meses.
Retiro de Guardacostas
El 16 de octubre de 2024, CR Hoy reveló que Jiménez Steller giró la instrucción verbal de cerrar el puesto de Guardacostas en Sixaola, un punto crítico del Caribe sur por donde se mueve una de las principales rutas del narcotráfico.
Este medio recolectó al menos tres testimonios de personas ligadas a la operación del servicio naval, quienes en anonimato, confirmaron que el viceministro giró la directriz, provocando retrasos de hasta una hora para que las embarcaciones policiales respondan.
Los informantes señalaron que la decisión fue tomada por este cuestionado jerarca, quien por dos años ha estado a cargo de SNG, el Servicio de Vigilancia Aérea y la Policía de Control de Drogas (PCD), cuerpos clave en la lucha antinarcóticos.
La instrucción se giró entre junio y julio de 2023. En Sixaola existía un puesto fronterizo con presencia de Guardacostas, diseñado para responder rápidamente ante alertas sobre lanchas rápidas que transportaban droga hacia mar y suelo tico.
La presencia policial marítima era clave en esta zona, pues el río Sixaola es navegable y desde el mar permite el ingreso por varios kilómetros a embarcaciones cargadas con estupefacientes. Pero en su lugar, los oficiales fueron trasladados al puesto ubicado 5 km al norte de Limón centro.
Este cambio incrementó en una hora la posibilidad de interceptar o atender reportes de embarcaciones sospechosas, ya que la distancia es de unas 40 millas náuticas más lejos.
El Caribe sur resulta estratégico para interceptar cargamentos antes de que toquen el territorio. Solo en 2021, se reportaron casi 100 alertas de lanchas con cocaína y marihuana en esa zona.
Jiménez Steller dictó la orden de retiro de forma verbal al entonces director de Guardacostas, coronel Martín Arias, quien alertó sobre los riesgos que implicaba. Este tipo de órdenes de palabra, sin respaldo escrito ni fundamento técnico ha sido recurrentes en la gestión del viceministro.
Confirmación
Un mes después de la publicación de CR Hoy, el coronel Arias, quien dirigió la policía naval durante dos décadas, confirmó bajo juramento ante la Asamblea Legislativa que la orden le fue dada verbalmente por Jiménez Steller pocas semanas después de asumir el cargo en el Gobierno de Rodrigo Chaves Robles.
"El puesto de Sixaola ordenó cerrarlo el señor Manuel Jiménez Steller. No más recibió de viceministro, dio la orden. Yo le dije: ‘don Manuel, pásemelo por escrito', pero no lo hizo.
Dos veces más: ‘¿qué pasó con el oficio?' No lo hizo y no lo hizo. Yo tuve que mandar una nota porque ya el comandante de Sixaola no estaba ahí, estaba en Portete.
Yo tenía que justificar ante Control Interno, la Auditoría y Recursos Humanos, por qué no estaba el comandante y por qué no estaba la gente ahí. Tuve que hacer un oficio porque no recibí una orden escrita formal, como sí la hizo verbal el señor Manuel Jiménez Steller", dijo Arias durante una comparecencia legislativa el 14 de noviembre de 2024.
En entrevista posterior con este medio, Arias relató que Jiménez asumió el cargo tras dejar la Fiscalía de Limón, y a los pocos días giró la orden de cierre:
"Creo que fue a los 15 días de haber llegado, la primera orden de él es: ciérreme la estación de Guardacostas en Sixaola. Entonces, vamos a proceder a hacer los trámites, ya le advertimos a la gente, hay una orden superior.
Pero le digo antes de que la gente ya se moviera: "recuerde don Manuel, necesito su orden por escrito. Yo no sé si en la Fiscalía son así, que dan solamente órdenes verbales, pero aquí el asunto es por escrito.
Dos veces más en el tiempo, nunca lo dio. Entonces lo que hice fue un documento dirigido a Control y Evaluación de Recursos Humanos, por eso está mi firma ahí.
Porque ellos hacen las giras para ver cuánta gente hay en cada delegación por la cual están pagando y si no encuentran la gente, yo voy a tener problemas.
Lo firmé yo y dice que por orden verbal de ese señor (Jiménez Steller), ese puesto se cerró, ya la gente no está ahí, el comandante no está ahí, para que lo tengan en consideración", añadió Arias.
Dos meses después, el propio Ministerio de Seguridad confirmó el retiro del grupo operativo tras los cuestionamientos de este medio.
La justificación fue que la estación no contaba con navíos, por lo que no se realizaban patrullajes costeros. Alegaron que los oficiales solo hacían rondas a pie sobre el puente binacional Costa Rica–Panamá y, ocasionalmente, en botes de la Policía de Fronteras.
Se indicó que en la zona solo había seis agentes, quienes fueron reubicados en la Estación de Portete. Se dieron todas estas excusas en lugar de otorgar el equipo marítimo necesario para mantener la presencia en Sixaola, y se alegó una "baja incidencia criminal".
Operación de Pecho de Rata en Sixaola
De acuerdo con el informe de la DEA para pedir la extradición, los agentes antinarcóticos recibieron información de que Pecho de Rata, también conocido con los alias de Diosito o el Rey de Cahuita, movilizaba aviones cargados de cocaína mediante una propiedad ubicada en Sixaola.
Se trata de dos fincas localizadas en puntos estratégicos: tienen salidas directas por carretera hacia playa Gandoca y el río Sixaola, en la frontera con Panamá, donde se puede llegar en cuestión de 10 minutos.
Estos son dos de los puntos de ingreso de la droga conocidos por las autoridades y que, desde 2023 ante la ausencia de Guardacostas, quedaron más vulnerables a la llegada de lanchas con cocaína.
Estas dos fincas ligadas a López Vega no son de su propiedad directa, pero están arrendadas por la sociedad anónima Hermanos López Tyndall, conformada por los hijos del cabecilla Pecho de Rata y en la que él mismo figuró como fiscal.
En esa sociedad aún participan sus hijos y su exesposa. Se trata de propiedades —95 hectáreas en total— a las que alude la DEA en el expediente de la solicitud de extradición (25-00071-0016-PE).
El informe de la DEA apunta que una de las fuentes confidenciales (CS-1 por sus siglas en inglés confidential source) reveló a las autoridades estadounidenses de la adquisición de estas propiedades por parte del Rey de Cahuita, por medio de uno de sus hijos, quien estuvo involucrado en el equipo de fútbol Limón Black Star de la Liga de Ascenso y es investigado por legitimación de capitales en otra causa penal, conocida como caso Caribe Sur (expediente 21-000078-1322-PE).
"(…) el señor López Vega recientemente había comprado una propiedad en Sixaola para recibir aviones cargados de cocaína. Según CS-1, el sr. López Vega seguía siendo el "Rey de Cahuita" y colaboraba estrechamente con Celso Manuel Gamboa Sánchez.
CS-1 informó que El Sr. López Vega estaba lavando dinero con Gamboa Sánchez a través de su equipo de fútbol profesional en Limón", dice el documento.
La compra de esos terrenos coincide con lo descrito por un investigador judicial en uno de los procesos seguidos contra la familia López tras la salida de prisión de López Vega.
"Con respecto a Edwin López, en la oficina se maneja mucha información que se dedica a la venta de droga, la información se maneja a nivel de investigadores, así como, de la línea se maneja a nivel de confidencial del OIJ.
No se le conoce oficio a Edwin, según informaciones recibidas andaba comprando propiedades y que prestaba dinero a intereses muy ridículos", declaró.
Garantía de Celso Gamboa
Mientras se debilitaba la presencia policial en el Caribe sur y Pecho de Rata operaba en Sixaola, Celso Gamboa presumía ante dos aliados que contaba con las conexiones necesarias para introducir cargamentos de cocaína a suelo costarricense.
CR Hoy reveló en primicia estas afirmaciones tras obtener acceso al expediente de solicitud de extradición presentado por la DEA para enjuiciar a Gamboa en Dallas, Texas.
Según el documento, en septiembre de 2023 las autoridades grabaron, con consentimiento previo, reuniones entre Gamboa y dos informantes confidenciales en San José.
Durante el encuentro, Gamboa aseguró que podía garantizar la entrada de cocaína tanto por el Caribe como por el Pacífico, y afirmó que el Gobierno daba acceso a su organización criminal (DTO) para el ingreso de cargamentos. Cita el expediente:
"Alrededor del 20 de setiembre de 2023, las autoridades policiales grabaron, con consentimiento previo, reuniones entre la Fuente Confidencial 1 (en adelante, «CS-1»), la Fuente Confidencial 2 (en adelante, «CS-2») y el señor GAMBOA SÁNCHEZ en San José, Costa Rica. (…) El señor GAMBOA SÁNCHEZ les dijo a CS-1 y CS-2 que el gobierno concede a la DTO el acceso para que los cargamentos de cocaína ingresen al país, pero que la DTO controla cómo se introduce la cocaína a Costa Rica, así mismo, les dijo a CS-1 y a CS-2 que la recepción de la cocaína está 100 % garantizada", señala el documento.
También reveló su nombre completo, afirmó haber sido "comisionado antidrogas", director de Inteligencia y ministro de Seguridad. La DEA entrevistó a dos testigos colaboradores, exintegrantes de la organización de Gamboa, quienes detallaron su papel como coordinador y enlace con traficantes.
Uno de los testigos relató que, entre 2020 y 2022, incluso presenció cómo Gamboa y sus socios recibieron varios cargamentos marítimos de cocaína. Además, informantes cercanos confirmaron que Gamboa habría brindado apoyo logístico mediante su conocimiento de Guardacostas y el control de escáneres portuarios.
La DEA perfila a Gamboa como un líder regional del Cártel del Golfo, con conexiones en Colombia, Panamá, Guatemala, Honduras y México. Se le vincula con el Clan del Golfo colombiano, con quienes coordinaba la adquisición de cocaína para almacenarla en Costa Rica y luego enviarla hacia el norte. También se le relaciona con el Cártel de Sinaloa.
Pecho de Rata y Celso Gamboa
Para la DEA, la colaboración entre Pecho de Rata y Celso Gamboa es evidente. El exmagistrado habría brindado apoyo directo a López Vega desde 2020 y hasta su arresto. El informe detalla varias operaciones conjuntas entre ambos:
- Compra de finca en Sixaola (2024): un testigo aseguró que López Vega adquirió una propiedad para recibir aviones cargados de cocaína.
- "Rey de Cahuita" con guía legal: el testigo indicó que López Vega seguía siendo el Rey de Cahuita y colaboraba estrechamente con Celso Gamboa.
- Lavado de dinero a través del fútbol: comunicaciones interceptadas revelan que ambos lavaban activos mediante un equipo de fútbol profesional en Limón, cuyas operaciones pasaban por el bufete de Gamboa.
- Cargamentos de "Buty" (junio de 2025): un segundo testigo confirmó que ambos recibían cocaína de un narcotraficante colombiano conocido como Buty.
La DEA documenta que López Vega ha mantenido vínculos con el narcotráfico durante casi dos décadas, con registros de transferencias de fondos desde 2008.
Tras su salida de prisión en 2023, fue detectado coordinando operaciones activas de tráfico de drogas. El 11 de junio de 2025 fue identificado como miembro operativo de una organización criminal.
Decisiones cuestionadas
Además de sacar a Guardacostas de Sixaola, Jiménez Steller desterró al Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPES) —comando élite entrenado por EE. UU. y Colombia— de Bahía Drake hacia Quepos, reduciendo su efectividad en una zona clave para el tráfico marítimo de drogas por donde se calcula que pasan cientos de toneladas de cocaína.
Durante su gestión, también se paralizó el proyecto de construcción de un muelle en Drake con fondos estadounidenses, bajo el argumento de que el terreno no era propiedad estatal, sin aportar soluciones para retornar a ese comando élite allí.
Además, movió la academia de Guardacostas a Pococí, a 45 kilómetros del mar más cercano, dificultando la formación operativa. Sus decisiones son cuestionadas también fuera de Guardacostas.
En setiembre de 2023, el viceministro Jiménez Steller, firmó una directriz para retirar a la Policía de Control de Drogas (PCD) del puerto en Moín administrado por APM Terminals, uno de los puntos más estratégicos para el combate al narcotráfico por vía marítima.
Aunque la orden se había emitido verbalmente desde julio, el documento oficial instruyó el retiro a partir del 4 de setiembre. En su lugar, Jiménez asignó a la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC), una unidad sin experiencia ni trayectoria operativa en esa función, y cuya creación apenas se había anunciado un año antes.
Solo 16 días después de esa orden, el 20 de setiembre, fue cuando Gamboa aseguró contar con facilidades del Gobierno para movilizar su droga.
Fincas de Pecho de Rata
Una de las más sensibles fue la extracción de los oficiales del Caribe sur, donde esta estructura narco ligada a Celso Gamboa tendría los dos inmuebles. Estos se ubican prácticamente juntos, aunque los accesos o portones de cada uno están a 2,4 kilómetros de distancia.
El primero tiene una extensión de 843 mil metros cuadrados y está registrado ante el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) para actividad ganadera. Esta institución le otorgó permiso para manejar 200 reses, según un informe de la Sección de Legitimación de Capitales del OIJ del 2023.
Registralmente, la propiedad está a nombre de un hombre de apellidos Zúñiga Bermúdez, quien la adquirió el 2 de septiembre de 2019. Según el Registro Nacional, tiene un valor fiscal de ₡40 millones y está clasificada como terreno de potrero para ganadería.
La finca fue objeto de una anotación desde el 24 de noviembre de 2023, cuando el OIJ allanó propiedades vinculadas a la familia de Pecho de Rata, como parte de una investigación por blanqueo de capitales en el caso Caribe Sur.
La segunda finca está registrada a nombre de un hombre de apellidos Zúñiga Peralta, quien la compró hace cinco años por ₡18 millones. Está ubicada en barrio Celia de Sixaola, Talamanca, dos kilómetros al suroeste del bar Córdoba, y tiene una extensión de 114.000 metros cuadrados.
Uno de los hijos de Diosito, imputado en el caso Caribe Sur, desarrolla ahí un negocio ganadero, según documentación de Senasa. El comprador justificó que los fondos para adquirir la finca provenían de la venta de plátanos y ayote.
"(…) si bien Zúñiga Peralta es el dueño registral, pero el arrendador y responsable es el justiciable López Tyndall; esta propiedad es donde los investigadores lograron observar un aproximado de cincuenta cabezas de ganado, a los que le observaron la marca del fierro registrado ante SENASA a nombre del imputado López Tyndall", detalla el informe policial.
Un sujeto condenado por tráfico de drogas, detenido junto a Edwin Daney López Vega el 14 de mayo de 2004, es uno de los testaferros que el extraditable utilizó, junto con su familia, para adquirir fincas en la última década.
A él se suman el vendedor de ayote y plátano de 36 años, quien toda su vida fue peón en fincas bananeras, y un hombre de 45 años que durante casi 20 años trabajó como oficial de seguridad privada.
Ambas propiedades están a solo 10 kilómetros del mar por carretera y a 11 kilómetros del acceso al río Sixaola, una ubicación que las autoridades consideran estratégica para el trasiego internacional de drogas por su cercanía con Panamá.
En la junta directiva de la sociedad figura un sujeto que admitió su culpabilidad en un proceso por tráfico de drogas, tramitado en el expediente 04-000808-0063-PE.
Se trata de un hombre de apellidos Córdoba Solano, registrado como secretario de la sociedad encargada de adquirir varias propiedades en Talamanca para los negocios de López. El OIJ lo identificó en 2023 como uno de los testaferros de la familia, con participación en una transacción narco descubierta en 2004.
"Sobre la vinculación de terceras personas de forma personal, en sociedades y los inmuebles registrados a nombre de terceras personas que utilizan los imputados para sus supuestas actividades de legitimación de dinero, la policía judicial indicó en su informe que Córdoba Solano, cuenta con expediente criminal número DRL-5171, fue detenido el 16 de mayo de 2004, por el delito de Tráfico de Drogas (misma fecha y mismo delito por el cual fue detenido Edwin Daney López Vega)", dice el expediente sobre legitimación de capitales.
Este sujeto fue detenido junto al Rey de Cahuita mientras ambos participaban en el traspaso de 36 kilogramos de cocaína en barrio Corales 2, en Limón centro.
En la lista de presuntos testaferros que habrían adquirido fincas para los negocios de López, figuran otros tres hombres que transfirieron bienes por ¢253 millones, sin contar con capacidad económica para justificar dichas transacciones.
"Adicionalmente, las tres personas que han sido investigadas en la presente causa, y vinculados como posibles testaferros de la organización, han tenido un crecimiento patrimonial exponencial, especialmente en los últimos años, a saber: Gómez Gómez, un crecimiento de ¢54.500.000,00 (cincuenta y cuatro millones quinientos mil colones); Zúñiga Peralta, ha adquirido bienes por un total de ¢76.550.000,00 (setenta y seis millones quinientos cincuenta mil colones); y Zúñiga Bermúdez, un poder adquisitivo de ¢122.340.000,00 (ciento veintidós millones trescientos cuarenta mil colones)", indica el informe policial.
Zúñiga Peralta y Zúñiga Bermúdez compraron las dos fincas en Sixaola señaladas por la DEA como puntos para recibir avionetas cargadas de droga. En ambas se registró como arrendador a un hijo de Diosito, quien reportó ante Senasa un negocio de ganado.
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