Seguridad física, seguridad jurídica y economía
Si estamos preocupados de dónde emerge la riqueza, se debe poner mucho énfasis en la importancia de tener claras las reglas del juego y que éstas sean modificadas con mucho cuidado. Esto en algunos contextos puede ser perverso, porque puede preservar reglas históricamente diseñadas para poner en desventaja explícita a ciertos grupos, como a las mujeres en la mayor parte de las sociedades, o a los afroamericanos en los EEUU. Sin embargo, las reglas estables en general inducen a que las personas puedan tomar decisiones de largo plazo con relativa tranquilidad, sea decisiones de estudiar, trabajar o invertir.
En Latinoamérica y Costa Rica uno de los retos es precisamente el problema del “leviatán de papel” (a lo Acemoglu y Robinson), un Estado que se es simultáneamente despótico y ausente. Estado despótico y caprichoso en la aplicación de ciertas reglas que son muy numerosas en el papel y fáciles de romper incluso con comportamientos ordinarios, pero a la vez estado ausente en el cumplimiento mínimo de ciertos compromisos hacia la población a, por ejemplo, sentirse seguros físicamente o a sentir seguridad jurídica en la aplicación de los contratos. El caso más extremo es un estado fallido que ya no controla efectivamente todo el territorio nacional sino de facto lo cede a grupos criminales.
Muchos esfuerzos por promover la inversión fracasarán si el Estado no tiene un verdadero monopolio de la violencia. Pocos empresarios encontrarán interesante que les prometan menos burocracia o requisitos para invertir, si llegan a creer que a cambio sus vidas corren peligro o grupos armados de delincuentes fácilmente se apropiarán de la producción de manera impune, sea con “peajes” (cobros para evitar violencia) o porque directamente se roben el producto. Sin importar si es un empresario, empleado o trabajador independiente, el día a día de la ciudadanía se deteriora muy rápido cuando la violencia aumenta, ya que deja de asistir con tranquilidad a muchas actividades sociales.
En países genuinamente ricos y productivos como Suiza, no sólo el Estado tiene el monopolio de la violencia, sino que logran difuminar el control político de dicho monopolio y brindan seguridad jurídica además de la física. En Latinoamérica nos ha resultado más difícil, en parte por el legado de abusos coloniales donde la violencia estatal se utilizaba para la extracción de rentas contra la población colonizada, y esto es aún más obvio en países de reciente independencia en África donde aún hablan de la normativa legal como “reglas de hombre blanco”. También tenemos un legado de “hombre fuerte” que puede controlar temporalmente la violencia con medidas extraordinarias, pero nos devuelve a las veleidades y caprichos del autócrata, inestabilidad que rápidamente tiende a extenderse a otros ámbitos de la vida económica y social.
Sin embargo, los abusos del pasado no justifican la aplicación laxa de reglas. El Poder Ejecutivo debe tener como una prioridad alta el control territorial y la prevención de la violencia. Cuando el Poder Ejecutivo ha fracasado en prevenir la violencia, entra en juego el Poder Judicial para tomar las medidas punitivas contra aquellos que han realizado actos violentos. Si esta segunda etapa también falla, por las razones que sea, la población queda sumamente vulnerable a la reincidencia de aquellos que quedaron impunes por los actos que inicialmente no previno el Poder Ejecutivo. El Poder Legislativo también tiene su cuota de responsabilidad en la elaboración de leyes que dejen las reglas claras para la ciudadanía.
Desde la perspectiva de muchos expertos como Gary Becker, la decisión de cometer un crimen responde a un costo-beneficio donde el costo tiene dos partes principales: la probabilidad de ser atrapado y la penalización una vez atrapado. La mayoría de mediciones empíricas ha revelado que la penalización una vez atrapado tiende a tener un efecto pequeño. El efecto fuerte lo tiene la prevención del crimen o captura rápida del delincuente. Por ende, en países aquejados por la violencia, la responsabilidad primaria es del Poder Ejecutivo.
Mucho de la violencia emerge de la desigualdad económica de Latinoamérica. A veces es difícil dimensionar cuán desiguales somos, pero el siguiente gráfico elaborado por Branko Milanovic lo ilustra bien: En países como Francia, incluso la gente más pobre, es muy rica a nivel mundial, mientras que los franceses ricos, son de las personas más ricas del planeta. En Países como Sri Lanka, su gente pobre es pobre a nivel mundial, pero ni siquiera su gente más rica es rica a nivel mundial. En cambio, Brasil es tan extraordinariamente desigual, que sus pobres son pobres a nivel mundial, y sus ricos también son de las personas más ricas del mundo.
En el mediano plazo, es difícil imaginar soluciones permanentes a nuestra violencia sin atender la vulnerabilidad económica de grandes estratos de nuestra población y tener mecanismos que suavicen nuestra desigualdad, por lo que es muy importante seguir trabajando en las grandes áreas de participación estatal como la educación pública, la salud pública y la protección social ante eventos que generan vulnerabilidad.
Sin embargo, en el corto plazo, se debe trabajar fuerte en contener la ola de violencia, porque detrás de esa, viene la ola de inseguridad jurídica ante reglas cambiantes que desestimularán la inversión y la producción. Sólo con claridad en cuáles son las reglas del juego, que éstas no sean de papel, las energías de la población irán dirigidas a producir y construir una sociedad mejor en vez de a aferrarse a lo que les quede a mano y perpetuar el status quo de pobreza y desigualdad.
