Separan a uno de los acusados en el caso La Trocha
Esta mañana se reanudó el juicio del caso conocido como La Trocha, en el Tribunal Penal del II Circuito Judicial de San José.
La investigación acusa a 14 personas apellidados: Acosta, Castillo Villalobos, Baralis, Serrano, Ramírez, Herra, Soto, Agüero, Mesén, Mora, Méndez, Morera (mujer), Montoya y Campos
Esta mañana el Tribunal fue notificado que el acusado identificado como Campos Vindas se encuentra incapacitado debido a un quebranto de salud.
El abogado de este acusado explicó que se trataba de una inflamación en el cerebro. Ante esta situación, no se podía garantizar que pudiese hacerle frente a todo el juicio.
El defensor pidió que su cliente fuera separado del caso para que no se atrasase más el juicio, y que se le llevara un testimonio de piezas.
La Fiscalía indicó que no había duda del padecimiento de Campos Vindas. Por lo tanto, no hay perjuicio en separar al imputado y llevar un testimonio de piezas.
Los fiscales explicaron que contra este empresario solo se llevarían los hechos relacionados a 7 facturas de él.
Los abogados de la Contraloría General de la República y de la Procuraduría General de la República tampoco vieron problema con su separación.
Los jueces aprobaron que Campos Vindas fuese separado y que se lleve la gestión de esa manera.
Con lo cual, contra los otros 13 imputados, el caso inició este lunes.
¿Qué es un testimonio de piezas?
De acuerdo con el diccionario del Poder Judicial, se trata de una copia certificada del fallo que ordena la remisión de algunas partes del expediente al despacho que corresponda, sea para acusar o para diligenciar de manera diferente la causa.
La Trocha
Este caso salió a la luz pública el 4 de mayo de 2012, cuando la expresidenta de la República, Laura Chinchilla, denunció las irregularidades ante la prensa.
Durante su administración se planteó la construcción de la ruta 1856, ubicada en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, como una alternativa ante la invasión de tropas nicaragüenses a la Isla Calero en 2010.
A los investigados se les acusa de los delitos de peculado, cohecho, influencia contra la hacienda pública, penalidad del corruptor, enriquecimiento ilícito, encubrimiento de bienes e influencia en contra de la hacienda pública. Todos estos crímenes en contra del Estado.
