Firma que acapara venta de patrullas emplea a hijo de encargada de compras del Ministerio

La empresa Purdy Motor, la que vende más vehículos para uso policial al Ministerio de Seguridad Pública, contrató hace dos años en planilla al hijo de la encargada de compras de la Subdirección de la Fuerza Pública, de apellidos Badilla Zamora.

A solicitud de CRHoy.com, la empresa confirmó que el hombre, de apellidos Gamboa Badilla, forma parte de su planilla.

Se le consultó a la firma que distribuye la marca Toyota si esa persona participa directamente en la venta de vehículos al Gobierno. Sin embargo, ni confirmaron ni descartaron dicha información, argumentando que era en respeto a la confidencialidad de los asuntos laborales de su colaborador.

Este medio también pidió al Ministerio de Seguridad Pública confirmar si Badilla Zamora es la jefa de despacho de la Subdirección Administrativa de la Fuerza Pública y la coordinadora de Gestión de Compras de la Policía, tal y como ella misma lo indica en su perfil de una red social.

Al respecto, el Ministerio contestó por escrito que Badilla no desempeña esa función que se atribuye en redes sociales, pero que sí es la encargada de Ejecución Presupuestaria y de la Fase Previa de Compras de la Fuerza Pública.

Badilla Zamora trabaja para el Área Administrativa de la Subdirección General de la Fuerza Pública desde el 2006. El primer cargo que ocupó fue el de secretaria. En el 2007 fue asignada al equipo de Compras y desde el 2013 se desempeña como encargada del Proceso de Ejecución Presupuestaria y Fase Previa de Compras.

En tanto, su hijo empezó a laborar en julio del 2016 para Purdy Motor S.A., cargo en el que se mantiene hasta la fecha.

La Oficina de Comunicación de la cartera confirmó también que la funcionaria tuvo participación en la confección del cartel licitatorio 2018LN-000010-0007100001 que el Gobierno sacó en junio del año pasado para la compra de patrullas para la Fuerza Pública, y que ganó Purdy Motor. De hecho, la empresa ya le ha vendido 50 patrullas marca Toyota a la Policía producto de ese concurso.

"La señora Badilla participó, junto con otros miembros de la Subdirección General de la Fuerza Pública y de las áreas técnicas del Ministerio, en la confección del cartel 2018LN-000010-0007100001", respondió Seguridad Pública.

Al consultárseles si la encargada de compras juega regularmente un papel en la confección de carteles licitatorios, el Ministerio respondió que, dadas sus funciones, "en ocasiones" ella participa en la confección de las secciones fiduciarias de los carteles, no así, según Seguridad Pública, en las secciones técnicas de los mismos.

Una de las funciones que le corresponde realizar a Badilla, de acuerdo con la respuesta del Ministerio, es "coordinar y elaborar en conjunto con las unidades policiales" "el Plan de Adquisiciones (Plan Anual de Compras) para el año en ejercicio".

También se dedica a "dar seguimiento a la presentación de los criterios técnicos requeridos para el trámite de compras específicas" y, entre otras labores, a coordinar, supervisar y ejecutar la formulación, programación, ejecución y evaluación del presupuesto para la Seguridad Ciudadana, así como coordinar la elaboración del anteproyecto de presupuesto para esa área.

El caso de la compra de patrullas: negocio multimillonario

Después de que el Ministerio de Hacienda le adjudicara en febrero del 2013 a la empresa Purdy Motor S.A. el cartel licitatorio de "Convenio Marco para la adquisición de vehículos policiales para las instituciones públicas", en el 2018 el Ministerio de Seguridad volvió a licitar para comprar más unidades tipo pick up 4×4 doble cabina y moticicletas de varios cilindrajes.

De ahí nace el cartel licitatorio 2018LN-000010-0007100001. Aunque era una invitación a que participaran varios oferentes, solo dos empresas presentaron ofertas: Agencia Datsun y Purdy Motor S.A.

En la práctica solo la segunda cumplía a priori con el requisito de admisibilidad de haber vendido previamente al menos 300 carros para uso policial, puesto que, como se mencionó en el párrafo anterior, había ganado años antes el convenio marco que licitó Hacienda para dotar de vehículos a los cuerpos de policía durante 4 años.

La "ventaja" que ese convenio le daba al Estado era que sus instituciones no debían realizar licitaciones para comprar carros, pues podían ahorrarse ese paso de la contratación administrativa adquiriendo directamente las unidades en la plataforma digital Comprared.

Según un reportaje que publicó el Semanario Universidad en noviembre del 2014, producto de la adjudicación del convenio marco, entre julio del 2013 y setiembre del 2014, Purdy Motor facturó ¢28.084 millones, es decir, un 95% de la cifra total de ¢29.497 millones que el Estado destinó a la compra de vehículos para sus diversas instituciones en ese periodo, detalló el diario con base en datos de la Dirección General de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda.

Según la información del Semanario Universidad, el Ministerio de Seguridad Pública fue el mayor comprador de la Purdy Motor en ese periodo al pagarle ¢12.682 millones a la empresa por 705 carros para la Policía.

El subdirector administrativo de la Fuerza Pública, Reinaldo González, afirmó que otras agencias de vehículos no acreditaron haber vendido al menos las 300 unidades, requisito que solicitaba de entrada el cartel licitatorio.

¿Cómo justificó la Fuerza Pública ese requisito? Según un oficio del Ministerio de Seguridad Pública, la cláusula era necesaria porque "para esta instancia técnica, es de vital importancia saber que la empresa oferente cuenta con la capacidad de venta de estas unidades, esto por cuanto al tratarse esta licitación de un procedimiento de entrega bajo la modalidad según demanda, los requerimientos de unidades se indicaron de manera anual en este caso se estimó una necesidad de 228 unidades tipo pick up".

En la declaración jurada que presentó Purdy a las autoridades de Seguridad Pública para acreditar que cumplía y superaba el requisito de las 300 unidades vendidas, incluyó tres ventas de 8 vehículos que se había adjudicado en el 2014, de los cuales 2 los entregó en diciembre del 2014 y el resto a principios del 2015, violentando el cartel licitatorio que estipulaba que la venta de las 300 unidades debía de haber ocurrido entre el 2015 y mediados del 2018.

Empero, según la Dirección Jurídica del Ministerio de Seguridad no hubo problemas con ese detalle pues la empresa sí logró acreditar la venta de al menos 300 unidades en el periodo señalado en el cartel.

Todo en manos de la Fiscalía

La semana pasada, durante una corta entrevista, el ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, afirmó que a raíz de las publicaciones de este diario digital ordenó que la Dirección Jurídica del Ministerio y la Auditoría Interna realizaran nuevos análisis de la licitación 2018LN-000010-0007100001 para determinar si existieron irregularidades.

Soto dijo que tenía la intención de presentar una denuncia ante el Ministerio Público para que este indagara si se cometió algún delito durante ese proceso, lo cual descartó al enterarse de que el 14 de febrero pasado fue presentada una acusación ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) referente a trámites de licitaciones en el Ministerio. La causa se sigue bajo el expediente 19-000032-1218-PE y se encuentra en investigación preliminar.

Además de la investigación que realiza la Fapta, hace dos semanas los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público aprobaron por unanimidad una moción para convocar a Michael Soto para que les rinda explicaciones acerca de la licitación que ganó Purdy Motor el año pasado.