Solo obtuvo 12 votos a favor provenientes del PAC y Frente Amplio

34 diputados entierran proyecto que buscaba penas de hasta 35 años por matar ambientalistas

Paula Ruiz [email protected] Junio 4, 2019  4:25 pm

06042019

  • Buscaba penas de prisión entre 20 a 35 años a quienes asesinaran ambientalistas
  • Surgió tras muerte de Jairo Mora

(CRHoy.com) – 34 diputados enterraron el proyecto de ley que surgió a raíz del asesinato del activista Jairo Mora y que pretendía endurecer penas contra quienes den muerte a estas personas.

Este martes, mediante una moción liderada por el Partido Acción Ciudadana (PAC), intentaron ampliarle el plazo cuatrienal a la iniciativa 19.610 que reformaba los artículos 112 y 192 del Código Penal.

Pese a la insistencia de Paola Vega del PAC y José María Villalta del Frente Amplio para convencer a los diputados de salvar la iniciativa y hacerle las correcciones respectivas, no tuvieron éxito.

Incluso, Ivonne Acuña del bloque de independientes y Eduardo Cruickshank, jefe de fracación del Partido Restauración Nacional (PRN), revelaron el voto en contra de sus fracciones.

Cruickshank indicó que hay ambigüedad porque se habla del término “persona defensora o activista” por lo tanto es impreciso.

“Si una persona un día levantó la voz por un tema de ese tipo, podría ser catalogado como defensora, hay que precisar y creemos inadmisible”, sostuvo ante el Plenario.

En tanto la independiente argumentó que ya dentro del Código Penal hay penas sobre homicidios sin importar la razón que sea.

Vega recordó que no se estaba votando el proyecto de ley, sino, la posibilidad de ampliar su permanencia en la Asamblea Legislativa. 

La iniciativa solo contó con el respaldo de 12 legisladores y se había analizado en la Comisión de Derechos Humanos. La propuesta había sido presentada por exlegisladores del Frente Amplio 2 años después de la muerte del activista Jairo Mora. 

El proyecto pretendía una pena de prisión de entre 20 a 35 años a quien de muerte a una persona defensora o activista en amparo y promoción de los derechos humanos. En tanto, busca prisión de 4 a 10 años a quien prive de libertad a un defensor o activista de derechos humanos.

 



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