Avanza investigación contra viceministro de Presidencia por préstamos al PUSC
Tribunal supremo de Elecciones duda de origen de fondos y no descarta apertura de procedimiento administrativo o denuncia formal al concluir investigación

Agustín Castro Solano, viceministro de la Presidencia durante una reunión entre el Presidente Alvarado y la fracción del PUSC 2018-2022.
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) se encuentra en la etapa intermedia de la investigación que realiza a 17 prestamistas que financiaron al Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), en condiciones que generaron sospechas, durante la campaña de las elecciones municipales del año 2016.
Uno de los investigados es Agustín Castro Solano, quien fue nombrado viceministro de la Presidencia por el presidente Carlos Alvarado Quesada.
A Castro, quien fue parte del equipo de asesores de los diputados de la Unidad Social Cristiana durante el periodo 2014-2018, se le investiga por tres préstamos que dio al PUSC entre el 4 y el 9 de febrero del 2016 y que suman poco más de ¢60 millones.
En su caso, las dudas del ente electoral surgen sobre el origen de los fondos y sobre las circunstancias que mediaron en la supuesta venta de una propiedad para generar el préstamo a la agrupación política, por eso, el departamento de financiamiento de partidos políticos del TSE solicitó explicaciones a Castro mediante la nota n° DFPP-844-2017.
Los diputados de la comisión legislativa que investigó los créditos de la banca pública y el cementazo en 2017, lanzaron fuertes críticas ya que el salario que tenía Castro en aquel entonces no sería suficiente para generar los ingresos para ese tipo de préstamos.
CRHoy.com confirmó que el Tribunal Supremo de Elecciones recibió la documentación de descargo del nuevo viceministro el 27 de noviembre anterior y se encuentra analizándola para determinar si se cometieron delitos electorales. Desde el pasado viernes, este medio ha intentado comunicarse con el viceministro Castro para conocer su posición, sin embargo al cierre de esta nota no ha respondido a ninguna de las solicitudes.
Otros investigados
Dentro de la investigación que realiza el departamento de financiamiento de partidos políticos del TSE se encuentran varias figuras del Partido Unidad Social Cristiana, entre ellos los diputados Pedro Muñoz y Aracelly Salas, los ex diputados Johnny Leiva y Gerardo Vargas y el viceminisro Castro, entre otros.
El órgano electoral confirmó que la investigación avanza satisfactoriamente. "Los estudios relacionados con el financiamiento de la campaña municipal del PUSC se encuentran en una etapa intermedia de avance en aras de contar con el elenco documental que permita arribar a una conclusión respecto del curso a seguir sobre el caso objeto de consulta. Considérese que los elementos de juicio de los que se dispone no permiten aún confirmar o descartar la eventual comisión de faltas o delitos electorales y comunes, ni precisar a posibles responsables." indicó Ronald Chacón, jefe de dicho departamento.
Sobre el caso específico del viceministro Agustín Castro Solano el ente electoral indicó que "este Departamento, mediante oficio n° DFPP-844-2017 le requirió una ampliación sobre los créditos otorgados a dicha agrupación política. El oficio fue atendido mediante nota suscrita por el señor Castro Solano, recibida en este despacho el 27 de noviembre de 2017. En general, siendo que la información aportada por este y otros prestamistas y las evidencias que se obtengan como parte del estudio desarrollado podrían dar lugar a la apertura de un procedimiento administrativo o la presentación de formal denuncia ante la instancia pertinente, situación que actualmente está siendo valorada, los datos específicos estarían resguardados bajo el instituto de la confidencialidad aludido en el numeral 15 del Reglamento sobre el Financiamiento de los Partidos Políticos" concluyó Chacón.
El TSE indicó que información remitida por algunos prestamistas podría contener datos de carácter sensible referida a movimientos bancarios que dan cuenta de su condición socioeconómica, elemento protegido por la Ley 8968 de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales, situación que vedaría la posibilidad de facilitar el detalle al público de esta información.