Funcionarios de UCR suspendidos por escándalo con edificio logran anulación de medidas cautelares

Los dos funcionarios de la Universidad de Costa Rica (UCR) señalados por presuntas irregularidades en la construcción y recepción del laboratorio de Ciclotrón, una "tecnología de punta" para el diagnóstico de cáncer, lograron que el Tribunal Penal de Hacienda anulara las medidas cautelares que se les impusieron en febrero anterior.

Se trata de un hombre de apellido Cotter y una mujer de apellido Soto que, entre 2017 y 2020, tuvieron a cargo la supervisión de la constructora que levantó la obra. Esas dos personas fueron detenidas, el 5 de febrero, luego de una serie de allanamientos en oficinas de la UCR, la empresa Navarro y Avilés y varias viviendas de los involucrados.

Desde entonces, Cotter y Soto fueron separados temporalmente de sus cargos como una medida cautelar para proteger el desarrollo de las investigaciones. Sin embargo, Ewald Acuña, abogado de Cotter, confirmó que lograron la anulación de esa medida cautelar.

Acuña detalló que la medida cautelar consistía en la separación del puesto hasta que finalizara el proceso judicial, lo cual considera "excesivo".

"Nosotros apelamos esa medida desde que se dictó, luego tuvimos una audiencia antes de Semana Santa y nos notificaron el martes de la semana pasada, en donde nos daban la razón", comentó el abogado.

Ahora, agregó Acuña, el Ministerio Público puede solicitar que se restablezcan las medidas cautelares, para ello se abrió un plazo que vence la próxima semana.

"Yo soy del criterio que si solicitan medidas no pueden ser más graves de las que ya había solicitado en febrero", concluyó.

Durante los meses en que Cotter y Soto han permanecido suspendidos la Universidad de Costa Rica suspendió el pago de sus salarios, según dijo Acuña.

El presunto delito que el Ministerio Público le achaca a los imputados es falsedad en la recepción de bienes y servicios contratados. El caso se originó tras una denuncia interpuesta por la administración de la UCR, la tesis es que los funcionarios señalados fueron omisos en la inspección de la obra y facilitaron su pago y entrega pese a varios defectos que requirieron inversiones millonarias para ser corregidos.

En total, el Ministerio Público estima que los supuestos pagos indebidos ascienden a $2,4 millones.