Juzgado canceló sorpresivamente primera audiencia por caso de la trocha
A pesar que desde hace un año y nueve meses se presentó la acusación contra 26 personas no ha habido avance en el proceso judicial
La construcción de la fallida trocha comenzó en el 2010. Archivo CRH
El Juzgado Penal de Hacienda decidió cancelar, de manera sorpresiva, la audiencia preliminar que determinaría si se eleva a juicio o no el caso por la trocha fronteriza.
A pesar que la audiencia se programó a partir del 9 de septiembre anterior y hasta el próximo 7 de diciembre, repentinamente fue cancelada.
Este medio tuvo acceso a la copia de un citatorio, por medio del cual el pasado 14 de mayo desde el Juzgado Penal del II Circuito de San José, se convocó a uno de los acusados por este caso de apellidos Jiménez Alfaro.
CRHoy intentó constatar con la Fiscalía General de la República las razones por la cuales dicha audiencia fue suspendida, sin embargo esa instancia trasladó la consulta a la oficina de prensa de la Corte Suprema de Justicia. En esa dependencia se informó que "por lo complejo del caso" el Juzgado no ha podido compaginar las agendas de todos los abogados que representan a las partes.
"En este momento se está recopilando todas las agendas para ver qué día pueden coincidir", dijo la periodista Andrea Marín al respecto.
Vale señalar que el pasado viernes ni la Corte Suprema de Justicia ni la Fiscalía General dieron a conocer la cancelación de esta audiencia, a pesar que ese día se consultó a ambas instancias sobre el avance del caso.
El 17 de enero de 2017, la Fiscalía General -en ese momento dirigida por el entonces jerarca Jorge Chavarría Guzmán- presentó la acusación por el polémico caso que salpicó a la administración de Laura Chinchilla.
En total, 26 personas fueron señaladas entre funcionarios públicos, inspectores aparentemente falsos, así como empresarios y familiares.
El caso analizó posibles delitos de peculado, cohecho propio, penalidad del corruptor, enriquecimiento ilícito, encubrimiento de bienes, influencia contra la hacienda pública y legitimación de capitales.
Según cálculos hechos por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) el perjuicio económico que sufrieron las arcas estatales supera los ¢1.200 millones A la vez, en octubre del año pasado, la Procuraduría General de la República (PGR) estimó en ¢968 millones (más de $1.7 millones) el daño social provocado por este caso.
La polémica obra fue desarrollada desde 2010 por el gobierno de Laura Chinchilla Miranda (2010-2014), mediante un decreto de emergencia nacional ante la disputa fronteriza con Nicaragua. Sin embargo, nunca se concluyó en su totalidad y dejó de ser una prioridad para el Ejecutivo.
En principio, el proyecto de 160 kilómetros – dividido en trayectos – a lo largo de la frontera con Nicaragua estuvo valorado en ¢20 mil millones.
Como el expediente penal se abrió en 2012, la prescripción regirá a partir de 2022.