Programa de Abastecimiento engulló 41% de salvavidas financiero del CNP
En 4 años el Poder Ejecutivo sacó de sus presupuestos un total de ¢8.860 millones para pagar deudas del PAI
(CRHoy.com).- El Programa de Abastecimiento Institucional (PAI) engulló un 41,4% del salvavidas financiero que el Gobierno Central le tiró al Consejo Nacional de Producción (CNP) entre el 2013 y el 2017.
En ese periodo, el Poder Ejecutivo gastó un total de ¢21.391 millones en levantar al CNP de la tumba, según se desprende de datos que el Consejo reveló a solicitud de este diario digital.
De ese total, la administración del CNP destinó ¢8.860 millones para pagar las deudas que adquirió con proveedores del PAI, micro, pequeños y medianos productores agropecuarios que le venden sus productos al Consejo para que este los coloque en escuelas, cárceles y hospitales, principalmente.
El resto del dinero lo usó la vetusta institución, creada hace 75 años, para el pago de gastos operativos, prestaciones, indemnizaciones y la adquisición de una planta "de tecnologías de agregación de valor agropecuario".
Del multimillonario rescate para el Consejo en el 2013 correspondieron ¢1.510 millones para saldar deudas adquiridas por el PAI. Un año después fueron ¢2.000 millones los que se tomaron de la transferencia estatal para cubrir compromisos de ese mismo programas.
En el 2015 la cifra subió a ¢3.350 millones y fue de ¢2.000 millones en el 2016, último año en que el CNP reportó haber tomado dinero de las transferencias del Gobierno Central para cancelar obligaciones con proveedores del PAI.
Hoy las deudas del CNP con sus proveedores son de alrededor ¢9.000 millones.
El rescate financiero del Poder Ejecutivo se hizo necesario a partir del 2013 porque el Consejo reportó pérdidas por el orden de los ¢13.000 millones durante los cuatro años anteriores.
De hecho, la situación de la entidad autónoma era tan cercana a la debacle que la Contraloría General de la República (CGR) recomendó en un informe del 2013 iniciar con su proceso de cierre técnico.
Sin embargo, en el 2014, con la llegada al poder del Partido Acción Ciudadana (PAC), el Gobierno de Luis Guillermo Solís (2014-2018) y posteriormente el de Carlos Alvarado (2018-2022) decidieron revivirla a punta de transferencias provenientes de los presupuestos ordinarios y extraordinarios del Poder Ejecutivo—una buena porción de estos se financia con endeudamiento ante el elevado déficit fiscal—para que se dedicara, primodialmente, a la administración del PAI.
Programa opera bajo cuestionamientos
Ese programa es la principal razón por la que el Consejo permanece en operaciones todavía. Sin embargo, entre el 2014 y el 2019 la Contraloría ha cuestionado su eficiencia y eficacia.
La primera vez fue en el 2015, cuando encontró fallos en la administración del Fideicomiso CNP/BCR 3412 que se constituyó para apoyar con recursos financieros varios programas del Consejo, entre estos el PAI.
Allí la CGR detectó que había debilidades en el control de gestión de pago a proovedores y de cobro a clientes, la carencia de mecanismos idóneos para asegurar el acceso expedito a la documentación que respalda los pagos realizados y que había incongruencias en los flujos de efectivo del fideicomiso.
También detectó "falta de oportunidad" en el traslado al fideicomiso de las deudas que cobraba el CNP a sus clientes, ya que en promedio transcurrían 24 días desde la recepción del pago hasta que estos se trasladaban al banco.
"El descalce de plazos, así como el desequilibrio en los flujos de efectivo, ponen en riesgo la sostenibilidad económico-financiera del fideicomiso en el corto, mediano y largo plazo, y por ende la continuidad del fideicomiso", detalló la CGR en aquel momento.
La segunda ocasión en que el órgano contralor detectó falencias en el PAI fue en marzo del 2019, cuando su División de Fiscalización Operativa y Evaluativa determinó que el nivel de eficacia del programa es medio, con una calificación de un 78,1%, pero que su eficiencia es baja, de apenas un 51,7%.
"Existen situaciones que afectan las condiciones (cantidad, calidad y entrega) de los suministros requeridas por los Centros de Educación Primaria (CEP). Asimismo, se determinó que el servicio es brindado por el PAI con un nivel de eficiencia bajo (51,7%), en razón de las debilidades en la selección y seguimiento de suplidores, atención de contingencias, inconformidades y denuncias; así como, en la gestión de sus recursos", concluyó la Contraloría.
El principal hallazgo de la auditoría fue que en promedio un 60% de los productos que el PAI vende a sus clientes del mismo Estado tienen precios superiores a los que se ofrecen en supermercados de varias zonas del país, como la Central.
"En las Regiones Huetar Norte y Occidente los precios asignados por el PAI al 33,3% de los productos de venta a los CEP seleccionados, son consistentes con los precios de esos mismos productos ofrecidos por los supermercados locales. Mientras que los precios asignados por el PAI al 66,7% de los productos seleccionados restantes son superiores a los precios máximos ofrecidos por los supermercados locales. Para estos últimos la diferencia de precios que se presenta es la siguiente: arroz (₡82); azúcar (₡162); carne de cerdo (₡172); sandía (₡247); tomate (₡289); huevos (₡329); leche en polvo (₡435) y filete de tilapia (₡2.890)", se lee en el informe contralor.
Las conclusiones generaron que el diputado Wagner Jiménez, de Liberación Nacional (PLN) propusiera una ley para que los CEP tengan la opción de comprarle los abarrotes a otros proveedores distintos al CNP.
A pesar de los malos resultados del PAI y de las críticas que genera el servicio que brinda, el presidente ejecutivo del Consejo, Rogis Bermúdez, afirmó que el PAI se debe mantener porque crea "mínimo" 20.000 empleos en las zonas agrícolas del país, aunque no ofreció ningún sustento técnico ni la fuente de esa cifra.
Para este año el jerarca espera que las ventas del PAI lleguen a los ¢62.000 millones. Esto hace que el presidente de la República, Carlos Alvarado, rechace un proyecto de ley que presentó el diputado Pablo Heriberto Abarca, de la Unidad Social Cristiana (PUSC) para cerrar el CNP ante el anuncio que hizo Bermúdez de que la entidad pretende construir un nuevo edificio con un valor de unos ¢3.300 millones.
Casa Presidencial declaró a CRHoy.com que respalda la eventual construcción del inmueble porque los recursos provienen de la venta del actual plantel del CNP, por lo que el Estado no tendría que endeudarse para financiar la obra.
