Sindicato del PANI denuncia situación crítica en albergue de Moín

El Sindicato de Empleados del Patronato Nacional de la Infancia (SEPI) denunció este martes una situación crítica en el albergue conocido como Aldeas de Moín, ubicado en la provincia de Limón, donde, según aseguran, se está poniendo en riesgo la seguridad de funcionarios y menores bajo tutela estatal.

De acuerdo con Ovidio Fernández, secretario general del sindicato, han recibido múltiples denuncias de parte de trabajadores del centro sobre la presencia de un adolescente con un perfil violento.

"Ha protagonizado episodios de agresión física y verbal contra cuidadores y otros menores de edad. Nos preocupa profundamente que esta situación, lejos de ser atendida de forma oportuna, se mantenga sin una solución efectiva por parte de la institución. Recordamos que los albergues del PANI deben ser espacios seguros, y no lugares donde los menores continúen expuestos a la violencia que se supone fueron retirados de sus entornos familiares para evitar esa exposición a la violencia", indicó Fernández.

El sindicato manifestó además su preocupación ante la falta de respuesta institucional, señalando que la situación se mantiene sin una solución efectiva, a pesar de que ha sido reportada por parte del personal.

"Esta no es una denuncia contra una persona en específico. No se trata de discriminación, sino un llamado urgente a garantizar la atención especializada a menores de edad que necesitan o requieren atención especializada, sin poner en riesgo a otros menores ni al personal encargado.

Hacemos un llamado respetuoso pero firme a las autoridades del PANI para que actúen de inmediato, protegiendo el interés superior de todas las personas menores de edad bajo su tutela, y garanticen condiciones dignas de albergue y de trabajo", expresó el dirigente sindical.

Ejemplo reciente ilustra la preocupación sindical

Como ejemplo de la situación denunciada, el sindicato compartió un incidente ocurrido el pasado 3 de agosto a las 5:30 p. m., cuando un trabajador fue agredido físicamente por un adolescente en estado de alteración. El funcionario intentó intervenir al observar una situación de agresividad hacia otros compañeros y una cuidadora, y terminó con lesiones en el brazo y la rodilla, tras caer al suelo.

El afectado fue atendido por la Cruz Roja y recibió una referencia médica para que acudiera al Instituto Nacional de Seguros (INS) para ser valorado como un caso de riesgo laboral.

"Lamentamos profundamente que, pese a que existen antecedentes, informes técnicos y alertas internas que advierten sobre la incompatibilidad de perfiles y el riesgo latente de convivencia entre determinadas personas menores de edad en dicho centro, no se haya observado una acción institucional eficaz que prevenga estos eventos o modifique las condiciones de riesgo", concluyó el Sindicato.

CR Hoy pidió una reacción al Patronato Nacional de la Infancia. En la institución contestaron que ante esta situación, se tomaron las siguientes medidas:

"Para el caso específico, luego de agotar las gestiones correspondientes con el Departamento de Protección y de buscar alternativas con una Organización No Gubernamental especializada, se determinó la contratación de tutores por un monto de ₡20.642.840, y se complementa con un segundo servicio para el resto de los niños del albergue, cuyo costo asciende a ₡29.551.760, lo que da un total de ₡50.194.600. A esto se suma que, existiendo presupuesto y criterio técnico, también se autorizará en ese mismo albergue el servicio de tutores para la casa de adolescentes mujeres, con un monto adicional de ₡29.551.760, lo que eleva el gasto total estimado a ₡79.746.360.

Además, se han reforzado los servicios profesionales en psicología, educación y recreación; asimismo, la Dirección Regional Huetar Caribe se encuentra gestionando una valoración en psiquiatría con un proveedor del sector privado, con el fin de atender de forma integral la situación mencionada".