Sindicato pide investigar por prevaricato a alcalde de San José tras caso de despido
La Unión Nacional de Empleados Municipales (Unemu) solicitará una investigación penal contra el alcalde de San José, Diego Miranda, por el aparente delito de prevaricato. Esto, a raíz del despido sin responsabilidad patronal de Marvin Torres Labardini, quien se desempeñaba como subdirector de Asuntos Jurídicos del ayuntamiento.
La petición también será remitida a la Contraloría General de la República (CGR) y a la Procuraduría General de la República (PGR), con el objetivo de que ambas instituciones formen parte de la investigación de los hechos.
El documento fue compartido por Eugenio Barrantes Espinoza, secretario general de la organización sindical.
A Torres Labardini se le notificó su despido sin responsabilidad patronal el pasado 1.º de agosto, mediante el oficio MSJ-ALCALDÍA-3153-2025, firmado por Fernando Vega Guillén, quien fungía como alcalde interino en ese momento.
¿Qué es el prevaricato?
El prevaricato consiste en que un funcionario judicial o administrativo dicte resoluciones contrarias a la ley o basadas en hechos falsos.
El Código Penal establece en su artículo 357 que se impondrá una pena de prisión de dos a seis años al funcionario que incurra en este delito.
La investigación
El documento de Unemu expone que a Marvin Torres Labardini se le abrió un órgano director por supuestas ausencias injustificadas, abandono de labores, incumplimiento del deber de probidad, uso indebido de bienes institucionales, violación a la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales, incumplimiento de la Ley de Control Interno, realización de teletrabajo sin autorización el 20 de noviembre de 2024 y goce de vacaciones sin haberlas solicitado ni aprobado con antelación.
Sin embargo, los representantes legales del propio órgano director recomendaron archivar el caso. A pesar de ello, Fernando Vega Guillén, vicealcalde capitalino, se apartó de ese criterio y procedió con el despido sin responsabilidad patronal.
Ante esta situación, Torres Labardini recurrió al Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda (TCA), el cual le dio la razón y resolvió dejar sin efecto el despido.
El pasado domingo 3 de agosto, el tribunal ordenó de forma provisional a la Municipalidad de San José suspender de inmediato los efectos del acto administrativo y proceder con la reinstalación del funcionario.
Asimismo, otorgó audiencia a la Municipalidad por un plazo de tres días para referirse a la medida cautelar antes de que esta se resuelva, en definitiva.
Acusación de prevaricato
Para Unemu, Diego Miranda no cumplió con el debido proceso establecido para este tipo de casos. Además, consideran que el actuar de la alcaldía constituye una violación al debido proceso y, con ello, a los derechos laborales y humanos del trabajador afectado.
Se supone que el órgano director al cual se sometió el licenciado Marvin Torres fue dirigido por la Oficina de Asuntos Laborales, área administrativa que recomendó archivar el caso ante las pruebas presentadas. A la vez, es menester indicar que el caso de este funcionario, ni su despido, fue conocido por la Junta de Relaciones Laborales, órgano colegiado tutelado por la convención colectiva vigente y conformado por representantes de las organizaciones sindicales, de la administración y del Concejo Municipal, detalla la carta del sindicato.
Ante ello, la organización sindical considera que es evidente y manifiesto a todas luces que este hecho podría verse como una forma de prevaricato, esto en el contexto de que Torres Labardini ha presentado serias denuncias sobre el actuar de la administración municipal, en especial relacionadas con el tema de los parquímetros.
Es importante mencionar que, Costa Rica es un Estado de Derecho, con normas jurídicas y compendios de Convenios internacionales que respetan y respaldan los debidos procesos que amparan a los trabajadores. Es inaudito el hecho de que se proceda con un despido sin responsabilidad patronal, habiendo emitido el Órgano Director que representa a la administración de la cual usted (Diego Miranda) forma parte la recomendación de archivar el caso, señala el sindicato.
Además, Unemu anunció que también solicitará una investigación sobre estos hechos a la Junta de Relaciones Laborales de la Municipalidad de San José y al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, al considerar que podría tratarse de un caso de persecución laboral.