Sospechosos de asesinar a exmilitar nicaragüense Roberto Samcam estarán 6 meses en prisión
Cuarta implicada, una mujer, permanecerá en libertad
Tres sujetos vinculados con el homicidio del líder opositor nicaragüense Roberto Samcam Ruiz deberán descontar seis meses de prisión preventiva, confirmó la Fiscalía Adjunta de San José del Segundo Circuito Judicial.
Se trata de los sospechosos de apellidos Chaves Medina, Orozco González y Robles Salas, detenidos el pasado viernes durante tres allanamientos realizados en León XIII, Tibás, y en Cañas, Guanacaste.
Una cuarta detenida, de apellido Chacón Guillén, pareja sentimental del supuesto intermediario Chaves Medina, enfrentará el proceso penal en libertad mientras se recopilan otros indicios de interés, detalló el Ministerio Público.
Todavía es buscado un quinto sujeto, de apellido Carvajal y 20 años de edad, como sospechoso de participar en el crimen. La audiencia se realizó entre el sábado 13 y el domingo 14 de setiembre en el Juzgado Penal de Goicoechea.
De acuerdo con la Fiscalía, a Chaves le habrían encargado matar a Samcam y este, al parecer, contrató a Robles y a la persona que falta por detener para ejecutar el homicidio. A Orozco se le atribuye la logística que permitió la huida de los presuntos sicarios tras el crimen, ocurrido el 19 de junio en Moravia.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) avanzó con rapidez en el expediente por el homicidio del exmilitar al ubicar a cinco sospechosos ligados a la parte operativa del crimen. Sin embargo, no se descarta la participación de un sexto implicado en la logística y ejecución del delito.
El principal sospechoso es Chaves, de 33 años, considerado pieza clave para determinar si existió alguien más con un rol relevante en el caso, el cual se resolvió en menos de dos meses tras el asesinato del exiliado nicaragüense.
Chaves fue detenido 12 horas antes de los allanamientos que la Sección de Homicidios del OIJ ejecutó el viernes por la mañana. Los investigadores le dieron seguimiento desde mediados de semana y observaron que intentaba salir de León XIII hacia Guanacaste.
El arresto se produjo en ese trayecto, cuando se dirigía hacia la zona norte del país, lo que evidenciaba que buscaba acercarse a la frontera con Nicaragua. En el momento de su detención en Cañas, Guanacaste, la tarde del jueves, llevaba consigo ₡4 millones.
Samcam fue asesinado de ocho balazos el jueves 19 de junio de 2025 dentro de su propia vivienda en San Vicente de Moravia, en un edificio de apartamentos. El militar en retiro del Ejército de Nicaragua, de 67 años, era crítico constante del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Nacido en Jinotepe, Carazo, se unió en los años 80 al Ejército Popular Sandinista, donde se especializó en artillería terrestre, alcanzó el rango de mayor y se retiró en 1991 como parte del plan de desmovilización PL3.
Tras su salida, denunció violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército y la Policía de Nicaragua. Estas denuncias lo obligaron a exiliarse en Costa Rica en julio de 2018.
Desde entonces se consolidó como docente, consultor, analista político y comunicador, reconocido por sus críticas a las estructuras militares que sostienen al régimen Ortega-Murillo.
En marzo de 2023, el gobierno nicaragüense le revocó la nacionalidad y confiscó su vivienda en Jinotepe como parte de la persecución contra opositores. El homicidio habría sido ordenado desde el Ejército de Nicaragua
Investigaciones preliminares apuntan a que la orden para acabar con su vida provino del propio Ejército, del cual alguna vez formó parte.
Samcam era un crítico acérrimo del gobierno Ortega-Murillo. Buscó refugio en Costa Rica para protegerse a sí mismo y a su familia, pero los tentáculos del régimen lo habrían alcanzado incluso en el exilio.
El abogado de la familia de la víctima, Federico Campos, detalló que las primeras indagaciones y versiones preliminares indican que los autores intelectuales serían miembros de las fuerzas militares nicaragüenses y que desde allí se ordenó el homicidio.
"Todos los indicios y todas las sospechas son de que la orden salió del gobierno de Nicaragua y específicamente uno de los indicios más fuertes que también fue ordenado desde el ejército nicaragüense. Son solamente indicios", indigó el abogado.
El supuesto intermediario entre los autores intelectuales y los ejecutores del crimen tenía en su poder ₡4 millones al momento de ser detenido.
Tanto el director del OIJ, Randall Zúñiga, como el fiscal general, Carlo Díaz, explicaron que las indagaciones continúan para determinar a los responsables intelectuales. Una de las líneas de investigación apunta a que se trató de un crimen político.
El caso continúa en investigación, bajo el expediente 25-001025-0053-PE.