Canartel a Chaves: “La ruta de la confrontación no es buena consejera”

La Cámara Nacional de Radio y Televisión (Canartel) considera que el presidente Rodrigo Chaves se fue por la ruta de la confrontación en el proceso de un cambio parcial al Reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones.

Así lo dejaron de manifiesto en la respuesta a la consulta pública de la propuesta de modificación del Decreto Ejecutivo N° 34765-MINAET, en el espacio que se le dio a las entidades representativas, concesionarios y al público en general, para que realicen las observaciones que estimen pertinentes al texto propuesto.

"La ruta de la confrontación no es buena consejera, no es conveniente perseguir personas y empresas; por ello invitamos a que cualquier discusión se centre en la oportunidad que tiene el país, de consolidar un régimen libre, justo, diáfano, de múltiples voces que incentiven el debate y la libertad de expresión, entenderlo de forma diferente y como se ha hecho durante esta administración es tratar de acorralar a toda la industria en una abierta polarización, en la que dicho sea de paso, hemos tenido la cautela de no exacerbar ánimos porque no nos interesa mostrar si los buenos están de un lado o los malos de otro, tampoco hemos escrito el guion de esa película agresiva que buscar exhibir a todos aquellos que tienen líneas editoriales en las que no está de acuerdo el Gobierno", señala el documento firmado por Saray Amador, presidenta de la Cámara.

La propuesta del Poder Ejecutivo pretende extender por un año, a partir del próximo 28 de junio, las concesiones de frecuencias de radio y televisión de acceso libre y gratuito.

El gremio del sector de radiodifusión hizo un llamado al diálogo y buscar puntos de acuerdo, en lugar de la división que ha generado la postura de la administración Chaves Robles.

"El disenso, lejos de marcar una condena, es prueba de una vigorosa libertad de prensa y en caso de que haya excesos, que probablemente los habrá, el Estado de Derecho vigente nos brinda mecanismos para poder remediar lo que pudiese corresponder.

Le reitero tanto al señor presidente de la República como a su equipo ministerial, la vocación de diálogo que nos ha caracterizado y por ello creemos que una democracia centenaria como la costarricense merece ser honrada con muestras de madurez y respeto", añadió Amador Hernández.

Se solicitó una posición al respecto al Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) y respondieron que "en relación con la consulta sobre la opinión respecto a lo señalado por Canartel en el proceso de consulta pública de la propuesta de decreto para la reforma parcial al Reglamento de la Ley General de Telecomunicaciones (Decreto Ejecutivo N° 34765-MINAET), es importante considerar que el proceso de consulta pública está por concluir (finalizó el lunes 6 de mayo).

En consecuencia, el Micitt deberá analizar cada una de las observaciones recibidas para luego emitir el informe de análisis correspondiente. En su momento y a través de esa vía formal, el Micitt responderá dichos criterios. Por lo tanto, no se emitirá en este momento ninguna opinión sobre el tema en cuestión".

La radio y la televisión son conscientes del bajo impuesto que se cobra, pero también hemos colaborado con nuestros aportes en el seno de la Asamblea Legislativa y en la discusión de la reforma legal planteada en estos momentos, pero no es de recibo que se ataque injustificadamente a los medios, cuando la realidad, es que ese tema en particular, no depende de si tenemos o no voluntad de pagar, porque depende del liderazgo efectivo del Poder Ejecutivo para lograr los cambios a la Ley de Radio. El gobierno ha preferido seguir una ruta de confusión y confrontación, sin que haya hecho absolutamente nada para corregir lo que critican con acidez; asimismo y sin sonrojo alguno se ha planteado que en el sector que represento existen intereses mercantilistas, valiéndose del subterfugio ya tantas veces repetido de que se paga poco por el impuesto de frecuencias, sin que se reconozca todo el aporte que hemos brindado al país, no solo en entretenimiento, cultura, pluralidad de voces, creación de empleo, pago de tributos y libertad de expresión. Canartel

Canon según la ley

El sector también alzó la voz por el enfoque que le ha dado el Gobierno a la discusión del pago de impuestos por la explotación de frecuencias de radio y televisión.

Sin embargo, es labor únicamente de la Asamblea Legislativa establecer nuevas tarifas impositivas a los concesionarios de los servicios de radiodifusión sonora y televisiva de acceso libre y gratuito.

"Se ha intentado minimizar tales aportes (al pago del canon por la frecuencia) y por ello nos sentimos afectados directamente cuando el presidente de la República y la señora ministra han limitado el análisis de mala fe como un problema, (que lo es) el bajo impuesto que se cobra a las radiodifusoras de radio y televisión por el uso de las frecuencias, pero no han asumido la cuota de responsabilidad que les cabe al no haber propuesto ningún cambio a la Ley de Radio en lo que va de esta administración.

Y quizá eso no es lo más grave, resulta preocupante que el propio presidente de la República – sin conocimiento de causa – propusiera impuestos escalonados del 10, 20 y 30 % de los ingresos brutos, desconociendo que la industria de radio y televisión es exactamente igual a cualquier empresa concesionaria del Estado a la cual no se le puede someter impositivamente", respondió la Cámara en el espacio otorgado por ley para manifestarse.

La entidad finalizó diciendo que la modificación que pueda lograrse a la Ley de Radio sobre los impuestos de radiodifusión no son obstáculo para la prórroga respectiva.

"Aquí resulta conveniente resaltar lo que ya la Sala Constitucional señaló, cuando revisó la consulta preceptiva de constitucionalidad sobre la Ley General de Telecomunicaciones. Sobre ese particular conviene resaltarlo nuevamente: "De otra parte, si la tarifa del impuesto previsto en el artículo 18 de la Ley de Radio no ha sido actualizada, es una situación que puede ser, únicamente, imputada a la inercia del Poder Legislativo en virtud de la reserva de ley en materia tributaria dispuesta por el artículo 121, inciso 13), de la Constitución Política.

La circunstancia de pagarse un impuesto anual y no un canon no varía la naturaleza de la concesión, se trata de un problema de técnica legislativa que se arrastra por el Poder Legislativo desde la promulgación de la Ley de Radio en 1954, siendo que es de esperar que si los diputados lo estiman exiguo, deben, en el ejercicio de sus obligaciones y deberes constitucionales, promover una reforma o modificación sobre el particular", concluyó la entidad.