Cartel de licitación 5G del ICE deja por fuera a empresas chinas
Por inclusión del Convenio de Budapest en decreto de ciberseguridad
La licitación para desarrollo de redes 5G publicada por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) deja definitivamente por fuera a proveedores de equipo de origen chino.
Este jueves 9 de noviembre, el Instituto publicó el cartel para implementar redes de quinta generación en el país, por un monto de 125 millones de dólares.
Sin embargo, el Apartado de Ciberseguridad RAN-Core móvil 5G establece lo siguiente:
El oferente deberá presentar una declaración jurada en donde se indique su sede está en un país que ha manifestado su consentimiento de obligarse al cumplimiento del Convenio sobre Ciberdelincuencia (Convenio de Budapest). Para lo cual deberá adjuntar la documentación de respaldo. El ICE se reserva el derecho de verificar la validez de la información aportada.
El oferente deberá presentar una declaración jurada en donde se indique que, si la sede de la fábrica es o no susceptible de presión por parte de un gobierno extranjero por disposición normativa o política pública oficial de dicho gobierno extranjero, en relación con la ubicación o ejecución de sus operaciones.
El oferente deberá presentar una declaración jurada en donde se indique si tiene su base en un país, o, de alguna manera, están sujetos a la dirección de un gobierno extranjero con leyes o prácticas establecidas que les puedan requerir que compartan la información de los usuarios finales de servicios de telecomunicaciones en ausencia de un proceso legal transparente que proteja adecuadamente sus derechos e intereses.
Así lo determina el pliego de condiciones para la adquisición de: GT-Adquisición de bienes y servicios para la implementación de la red 5G entrega según demanda publicado en el procedimiento No. 2023XE-000023-0000400001.
¿Por qué no pueden participar?
El Decreto Ejecutivo 44196-MSP-MICITT incluye el Convenio de Budapest, un acuerdo internacional con recomendaciones de lucha contra el cibercrimen.
El tratado no tiene nada que ver con ciberseguridad, pero su aplicación en el país excluye a empresas basadas en naciones que no lo hayan firmado, ofrecer soluciones de infraestructura de telecomunicaciones de quinta generación.
De esta forma, por ejemplo, la compañía Huawei con casa matriz en China, no puede participar como oferente, ya que se encuentra en una República que no ratificó el convenio.
Dicho marco normativo ha sido cuestionado por las cámaras del sector de tecnología y telecomunicaciones, colegios profesionales, diputados y el órgano regulador.
En general, coinciden que se trata de una decisión geopolítica y no técnica.
Pero en sus argumentos, el ICE afirma que se apega a lo establecido en la política pública para incluir la restricción en el proceso licitatorio.