Contraloría cuestiona plan para destinar $30 millones de Fonatel y financiar fondo tecnológico de seguridad
La Contraloría General de la República (CGR) cuestionó la intención de destinar parte del dinero del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) para financiar un Fondo Especial de Tecnología para la Seguridad Nacional (Fetesn).
Se trata del proyecto de ley No. 25.083, presentado por la diputada liberacionista Montserrat Ruiz, que pretende tomar $30 millones de Fonatel para financiar infraestructura y tecnología avanzada para fortalecimiento operativo de las instituciones encargadas de la seguridad nacional, como el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Fuerza Pública, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), Policía de Control de Drogas y la de Fronteras, así como el Servicio Nacional de Guardacostas, y otros cuerpos policiales.
El proyecto legislativo plantea que ese fondo sea de carácter permanente y estará adscrito a la Corte Suprema de Justicia.
También pretende la adquisición, arrendamiento, actualización y mantenimiento de infraestructura tecnológica de última generación; la construcción y operación de centros de monitoreo, centros de datos físicos o infraestructura de almacenamiento virtual y plataformas de inteligencia y la contratación de personal técnico especializado en áreas de análisis forense digital, ciberseguridad, inteligencia artificial y operación de sistemas.
Además del aporte único de $30 millones de Fonatel, tendrá una aportación permanente del 10% de las utilidades netas anuales del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, así como un 2% anual de los superávits presupuestarios de todas las instituciones del sector público, excluyendo municipalidades con presupuestos menores a 1.000 millones de colones anuales.
Una serie de cuestionamientos
Pero el ente contralor sostiene que la iniciativa contraviene el destino específico legal del Fonatel (acceso universal y reducción de brecha digital) y además va en contra de compromisos internacionales del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-DR).
Además, se manifestó ante el texto del documento que indica que "por tratarse de un asunto de seguridad nacional, el Fondo se regirá por un régimen especial de excepción en materia de contratación administrativa.
Por lo tanto, podrá realizar adquisiciones de forma directa o mediante convenios y acuerdos de cooperación internacional suscritos con otros Estados".
Ante esta eventual falta de fiscalización, la CGR señaló en el oficio 01616 de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, Área de Fiscalización para el Desarrollo de la Gobernanza, que no apoya una exclusión del régimen de contratación pública regulado en la Ley General de Contratación Pública (LGCP), por cuanto es una legislación cuyo marco aplica para todas las instituciones del sector público que empleen total o parcialmente fondos públicos.
Se sugiere considerar que exclusiones genéricas e indiscriminadas se acercan más a una gestión pública poco transparente y menos eficiente, ya que se anula la competencia", manifestó la entidad contralora.
De igual forma, señala que el artículo 11 del proyecto indica que la fiscalización del Fondo estará a cargo de la CGR, que deberá adoptar las más estrictas medidas de confidencialidad y seguridad en el manejo de la información.
"El órgano contralor no comparte estas regulaciones sobre la forma en que se disponen las facultades de fiscalización sobre el Fondo.
Concentrar la comunicación de hallazgos y resultados de auditoría sobre el Fondo solamente en las figuras del contralor o contralora general de la República desconoce la garantía de independencia regulada en el artículo 2 de su Ley Constitutiva N° 7428 que indica que la Contraloría General goza de absoluta independencia funcional y administrativa para administrar sus procedimientos, respecto de cualquier Poder, ente u órgano público", añade en sus cuestionamientos.
En las conclusiones se sugieren análisis que permitan verificar si la propuesta de manejo de recursos mediante la creación de un Fondo administrado por una estructura operativa específicamente creada para ello, tiene el fundamento técnico que demuestre su eficiencia para lograr los objetivos públicos.
En ese mismo sentido, el análisis de la viabilidad financiera y sostenibilidad que las fuentes de financiamiento propuestas pueden brindar al fondo y a los propósitos para los que este se estaría creando es indispensable.
"Finalmente, la CGR estima que iniciativas de esta naturaleza y alcance deben someterse a un amplio debate con la participación, al menos, del Poder Judicial, la Procuraduría General de la República, el Organismo de Investigación Judicial y Fonatel, entre otras instituciones involucradas en el proyecto de ley", finalizó en el documento DFOE-GOB-0058 con fecha del 11 de febrero pasado.