Especialistas: Convenio de Budapest no aporta nada en ciberseguridad 5G

(CRHoy.com).-Otro grupo de expertos se unió a los cuestionamientos al Decreto 44196-MSP-MICITT de ciberseguridad para redes 5G.

Esta vez fueron representantes del Colegio de Profesionales en Informática y Computación (CPIC) los que criticaron la inclusión del Convenio de Budapest en el Reglamento sobre medidas de ciberseguridad aplicables a los servicios de telecomunicaciones basados en la tecnología de quinta generación móvil (5G) y superiores.

Dicho tratado excluye como proveedores de infraestructura a empresas basadas en países que no hayan firmado el acuerdo internacional sobre recomendaciones de lucha contra el cibercrimen, por ejemplo a Huawei, con casa matriz en China, nación que no firmó el tratado que no tiene nada que ver con ciberseguridad.

Para el Ing. Francisco Vargas, vicepresidente el Colegio, "si no tenemos acceso a la información que llegó a producir este decreto está difícil no oponerse. Yo leo el Convenio de Budapest, se me acabó el PDF y me quedé esperando la parte técnica.

El Convenio está relacionado con cibercrimen, no aporta nada en ciberseguridad 5G, en esa parte del Convenio de Budapest, bien gracias", señaló Vargas que describió el proceso como atropellado e inconsulto; para él, una discusión previa habría evitado tanto cuestionamiento, de paso hizo un llamado al consenso con el sector técnico, incluyendo a los operadores y proveedores.

En la misma línea se manifestó la Ing. Paula Brenes, directora de la Fundación YOD, que lamentó el hecho de que el decreto no se sometiera a consulta pública, lo que genera inseguridad jurídica, ya que la reglamentación no tiene un sustento ni criterio técnico.

"La preocupación del sector es bajo qué criterio sacan un decreto que lo encapsulas de seguridad nacional y después lo compartes, si ese estudio fue creado, ¿dónde está, con qué fuentes?", se preguntó.

"¿Para qué se construye un decreto? para darle la visibilidad a algo, para darle la norma que van a seguir, pero si nadie la puede seguir, ¿entonces, para qué y quién la construyó, con qué datos tomamos decisiones? Se utiliza un término, estudio o instrumento técnico cuando no lo es, me refiero a que existen formas de hacerlo con un instrumento político.

Si hubiera estado en consulta pública esta discusión, se hubiera podido tener de alguna forma hasta asesorarse de los expertos, que es mucho el rol que cumple una cámara como Infocom, el criterio técnico de Sutel en guiar procesos de discusión", señaló la exdirectora de Gobernanza Digital, a la vez que se preguntó que otros países han tomado una decisión como esta.

Ambos especialistas validaron los criterios técnicos que hicieron la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) y la Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom) que cuestionaron la normativa.

También criticaron el hecho de que no se tomara en cuenta el parecer de los actores de tecnología que tienen conocimiento en la materia.

Atraso vergonzoso

"El adjetivo que encuentro para el atraso de 5G en el país es vergonzoso, porque todos los candidatos a la presidencia de la República se llenaron sus discursos con 5G, la importancia, sus planes de gobierno con respecto a 5G y nada más, hasta ahí llegaron, como otro montón de cosas que también suceden en política y se ha ido quedando, hasta que ahora apareció este famoso decreto del que unos están a favor, otros en contra y otros más en contra y otros más más en contra.

Según mis estadísticas no he encontrado mucha gente a favor del decreto, pero sí hay, por eso queríamos tener al Micitt aquí", manifestó Vargas Navarro sobre la situación de funcionarios del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones que cancelaron una hora antes su participación el Facebook Live "por problemas de agenda".

Los 2 analistas consideran que el decreto podría afectar incluso a los proveedores de tecnología 3G y 4G y hasta la tecnología fija, a la vez que lamentaron en reiteradas ocasiones la ausencia de personeros del Micitt en el en vivo.

Ambos abogaron por la neutralidad tecnológica por un tema de transparencia, así como el aprovechamiento de la base instalada de infraestructura de telecomunicaciones.

"Necesitamos tomar decisiones basadas en datos con visión a largo plazo y si se está aplicando una orden mandatoria bajo un estándar que no es el más utilizado en la región, ¿por qué y a costa de qué? Esto imposibilita la innovación como país, proyectos a largo plazo".

La pregunta es ¿cuál era el objetivo del decreto, para qué, para tener una red más segura? Y para eso usaron esos criterios basados en un estudio que no conocemos porque era seguridad nacional", se preguntó Brenes Ramírez.