Llueven críticas de diputados contra reglamento de ciberseguridad 5G
(CRHoy.com).-La tarde de este miércoles llovieron críticas de diputados en el Plenario durante el espacio de control político, contra el reglamento de ciberseguridad para redes 5G, el cual prácticamente destrozaron.
Las manifestaciones se dieron este 18 de octubre, luego de que en horas de la mañana el Consejo Directivo de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) compareciera ante la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior de la asamblea Legislativa, donde emitieron una serie de cuestionamientos a la reglamentación.
Lluvia de críticas legislativas
Por ejemplo, la diputada Sofía Guillén expuso que el Gobierno en el Decreto No. 44196-MSP-MICITT establece que solo pueden participar como oferentes empresas que se ubiquen en países que hayan firmado el Convenio de Budapest, el cual es sobre ciberdelincuencia, no un referente en ciberseguridad.
Guillén Pérez también se refirió al 3GPP, el cual es un proyecto internacional de cooperación entre organizaciones y empresas de todo el mundo y el mayor proyecto de ciberseguridad del planeta, pero ni siquiera se incluyó en la reglamentación para redes de quinta generación elaborado por el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt).
Para la representante del Frente Amplio, esta decisión tendrá 3 graves consecuencias: un golpe financiero al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), una demanda internacional por parte de China, por discriminación y porque se violenta el Tratado de Libre Comercio Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA) y se está involucrando innecesariamente al país a la guerra económica entre China y Estados Unidos.
Mientras Melina Ajoy del PUSC recalcó que el despliegue de 5G implicaría para el país una mejor tecnología, inversión extranjera y nómadas digitales. Sin embargo, le preocupan las carencias en el reglamento, específicamente el artículo 10, inciso e, donde se establece que solo pueden aplicar empresas que se hayan adherido al Convenio de Budapest ya que la justificación utilizada es la ciberseguridad y el resguardo de los datos, cuando en realidad este acuerdo es una guía de lucha contra el cibercrimen.
Ajoy Palma reiteró que la misma Sutel señaló que no hay relación alguna al Convenio de Budapest y ciberseguridad, y a la fecha no existen reportes de cibercrimen en las redes de telecomunicaciones.
La socialcristiana cuestionó cómo garantizar cobertura a los 134 distritos incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones hasta rincones olvidados a los que el Estado tiene la obligación de garantizar y proteger, pero que con estas restricciones significan un mecanismo desalentador para los operadores de participar en este proceso.
Finalmente, explicó que los países que han desplegado esta tecnología de telecomunicaciones lo han realizado por etapas, y han utilizado tecnologías ya instaladas, es decir, con el método que se conoce como non stand alone, es decir, aprovecha la base instalada para escalar a redes IMT 2020.
El Partido Liberación Nacional también se unió a las críticas de las otras bancadas.
Para Danny Vargas, la promulgación del decreto generó un atraso en la implementación de 5G, y significa una nueva muestra de improvisación por parte del Poder Ejecutivo, ya que se utilizaron argumentos donde desde su punto de vista se envía un peligroso mensaje de que el país no desea competencia efectiva, discriminando a empresas por su país de origen y no se respeta la neutralidad tecnológica, entendida como la posibilidad de los operadores y proveedores para escoger las tecnologías a utilizar.
Para Vargas Serrano esa libertad y respeto está siendo atropellada, y reclama que la ministra de Ciencia y Tecnología Paula Bogantes insiste en que no están diciendo qué proveedores de tecnología deben utilizar, pero con el decreto se está reduciendo significativamente la cantidad de oferentes.
Agregó que así se está limitando la competitividad del país con la inclusión del Convenio de Budapest.
Por su parte, la diputada Andrea Álvarez señaló que lo sucedido con la redacción del decreto es una muestra de que este Gobierno utiliza criterios políticos y no técnicos para gobernar, que toma decisiones de forma antojadiza y solo para satisfacer caprichos presidenciales, como se había visto con lo sucedido con la Coalición de Iniciativas de Desarrollo (CINDE) y la Fundación Omar Dengo (FOD).
La liberacionista también manifestó así se atrasará la implementación de la red 5G en el país, por lo que se utilizaría tecnología de menor calidad y con menor cobertura. Además, Álvarez Marín recalcó que los principales órganos de telecomunicaciones y competencia del país se han pronunciado en contra de este decreto como Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom) y la Sutel, que han alegado conflictos con el concepto de neutralidad tecnológica.
Finalmente, Monserrat Ruiz calificó la decisión del Ejecutivo como arbitraria y sin sustento técnico que toma en Gobierno y señala que la discusión se ha visto empañada por una lucha geopolítica antes que por las prioridades del país.
Para ella, incluir el Convenio de Budapest constituye una forma antojadiza para excluir empresas de ofrecer soluciones de infraestructura, ya que no es un estándar internacional de ciberseguridad en telecomunicaciones, sino un documento emitido hace 20 años cuando solo existía 3G.
Además, le reclamó a Paula Bogantes que sigue sin demostrar que el Convenio es un estándar, sino que más bien es argumento discriminatorio, limita la sana competencia, a la vez que aumenta la brecha digital.
Según Ruiz Guevara, el reglamento fue elaborado para dejar por fuera a empresas chinas, de igual manera tendría problemas de legalidad, proporcionalidad, inconstitucionalidad y racionalidad, al tiempo que carece de bases de política pública en la materia, e implica un incumplimiento del Tratado de Libre Comercio con China.
