Estudio: Trámites municipales son una pesadilla para empresas de telecomunicaciones

Una encuesta determinó cuáles son los principales obstáculos que encuentran los operadores y compañías de telecomunicaciones a la hora de realizar trámites para permisos en municipalidades.

El Estudio de Mercado acerca del impacto en el despliegue de infraestructura para redes 5G realizado por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) entre operadores y empresas mostró reclamos sobre un conjunto de cuestiones tales como:

1.-Carga innecesaria de requerimientos sobre información a la que la municipalidad ya tiene acceso.

2.-Demoras en tiempos de respuesta cuando el otorgamiento del permiso o la licencia depende de la aprobación de los consejos de regidores que integran comisiones vinculadas a la obtención de licencias, como la Comisión de Obras Públicas (en estos casos, no existe un tiempo determinado de respuesta), y los trámites sufren demoras sin causa justificada.

3.-Discrecionalidad y falta de transparencia de los procesos, donde la decisión de otorgar el permiso no se sujeta a criterios técnicos prestablecidos en las normas.

"Un aspecto destacado que surge de la encuesta fue que, frente a la existencia de múltiples ventanillas, la creación de una ventanilla única digital sería de beneficio para las empresas que despliegan y para los municipios.

Esto reduciría el uso de recursos destinados al desarrollo y mantenimiento de distintas plataformas. Las empresas señalan también la existencia de reglas que, en lo escrito o en la práctica, resultan preferenciales para el operador establecido o incumbente", señalan los resultados emitidos por los encuestados.

"Concretamente, se indica que en la mayoría de los municipios el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) basa su derecho en la Ley No.3226 para obtener un resultado diferente respecto de otras empresas", añaden las respuestas del sondeo.

Las quejas

Entre los principales reclamos que manifestaron las compañías se encuentran las siguientes:

• Una queja recurrente refiere a vacíos normativos o espacios para interpretaciones subjetivas de los funcionarios que habilitan la solicitud de documentos o trámites adicionales a los establecidos en la regulación. También el hecho de que algunos reglamentos contemplan la consideración subjetiva del funcionario para la solicitud de documentos o trámites adicionales, y dejan abierta la posibilidad de someter a Consejo la instalación de infraestructura de telecomunicaciones.
  En particular, se ha cuestionado que el Reglamento de Construcciones del INVU contiene un artículo que genera incertidumbre, dado que indica que la municipalidad puede solicitar los documentos o trámites adicionales que considere necesarios para el trámite de permisos.
• Asimismo, algunas empresas remarcan la necesidad actual de recurrir a diversas entidades para obtener la documentación para usos de suelo, disponibilidad de energía y agua, planos de catastro y demás documentos que pueda considerar el funcionario y/o el Consejo Municipal para autorizar el permiso. En este sentido, indicaron que, frente a la existencia de múltiples ventanillas, la creación de una ventanilla única digital sería de beneficio para las empresas que despliegan y para los municipios. Esto reduciría el uso de recursos destinados al desarrollo y mantenimiento de distintas plataformas.

Destacan también reclamos sobre la falta de coordinación interna interdepartamental de las municipalidades, y el hecho de que los funcionarios suelen desconocer la diferencia entre permisos para la construcción de una torre de telecomunicaciones y permisos para construcción de postes para despliegue de fibra óptica.

Finalmente, los encuestados señalaron que algunos municipios rechazan la instalación de postes o se impide la instalación de infraestructura de esta naturaleza.

En cuanto a asimetrías a favor de ICE, las empresas señalan la existencia de reglas que, en lo escrito o en la práctica, resultan preferenciales para el operador establecido o incumbente. Concretamente, se indica que en la mayoría de los municipios el ICE basa su derecho en la Ley No.3226 para obtener un resultado diferente respecto de otras empresas.

Algunas empresas destacan la ausencia de compartición de infraestructura por falta de promoción y reglas por parte de la Sutel. Asimismo, un operador señala que la principal traba para el despliegue de infraestructura es conseguir los permisos de uso de la infraestructura aérea y subterránea del ICE.

Por otro lado, se argumenta que en los casos en los que sí se recurre a la compartición, existe el riesgo de saturar infraestructura y de no retribuir adecuadamente a los operadores.

También se advierte que las municipalidades no promueven el uso de servicios de coubicación y no promueven una planificación, despliegue y ordenamiento urbanístico para la colocación de las estructuras, lo que conlleva a un despliegue saturado que se traduce en un fuerte impacto ambiental y paisajístico.

Además, las empresas destacan que el mecanismo de apelación no es útil debido a que la revisión es realizada por la misma municipalidad.

Las empresas señalaron también que la densificación necesaria para lograr una cobertura 5G requiere del desarrollo de smallcells y consideran que esto debería estar contemplado en las reglamentaciones.

Recomendaciones

El documento señala que el foco principal de las recomendaciones del trabajo realizado está puesto en la importancia de simplificar, transparentar y estandarizar las restricciones establecidas por la normativa.

Asimismo, se considera que elementos de discrecionalidad y/o incertidumbre también atentan contra los incentivos de los operadores a invertir en nueva infraestructura.

"Consecuentemente, se destaca que existe potencial para simplificar y estandarizar la normativa aplicada a nivel municipal. La existencia de 33 reglamentos es en sí misma una barrera muy relevante.

Algunos indicadores muestran homogeneidad entre municipios, mientras que otros exhiben distintos niveles de heterogeneidad con algunos reglamentos que presentan los mayores desvíos respecto del marco de referencia. Esto pone de manifiesto la urgencia de establecer estándares nacionales. Asimismo, minimizar la discrecionalidad no plenamente justificada por parte de los municipios contribuiría a reducir la incertidumbre de los procesos", indica el apartado de recomendaciones.

El análisis señala otro aspecto importante de mejorar y es relacionado con los plazos con los que cuentan u otorgan los municipios.

"Buena parte de los reclamos observados en la encuesta a operadores y empresas de infraestructura se vinculan con demoras y discrecionalidad en los tiempos de respuesta por parte de los municipios.

La normativa vigente no establece plazos máximos taxativos para la respuesta y resolución de trámites de autorización de construcción de infraestructura de telecomunicaciones, por lo cual los procedimientos pueden prolongarse en el tiempo y no son uniformes entre municipios", resalta el estudio de la Sutel.

En este sentido, se recomienda que el reglamento de la Ley 10216 considere establecer plazos máximos para la respuesta a las solicitudes de autorización de despliegue de infraestructura, con aplicación del criterio del silencio positivo, de modo de lograr una mayor celeridad y uniformidad en los procedimientos municipales.

Asimismo, los plazos de caducidad impactan en el diseño, cronogramas de trabajo y plan de implementación. La estandarización de estos plazos reduciría la incertidumbre, problemas para planificar los despliegues.

Finalmente, establece que se han identificado y analizado ciertos elementos que perviven en la normativa y que sostienen asimetrías a favor del operador establecido de Costa Rica.

Al respecto, se detallan las cuestiones que podrían ser fuente de este tipo de asimetrías y que deberían ser revisadas para eliminarlas.

Destacan como asimetrías las siguientes cuestiones:

1.-El control del incumbente sobre las bandas 5G.
2.-Régimen especial de expropiación.
3.-Contratación directa entre administraciones públicas
4.-Otras asimetrías a favor de ICE en la práctica, que surgen del relevamiento realizado.