Otra cámara se une a los cuestionamientos al decreto de ciberseguridad 5G

Otro gremio se unió a los cuestionamientos del decreto de ciberseguridad para redes 5G emitido por el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt).

Ahora es la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) la que se suma y respalda el criterio de la Cámara Costarricense de Tecnologías de Información y Comunicación (Camtic) y la de Infocomunicación y Tecnología (Infocom) sobre el contenido del Decreto 44196-MSP-MICITT, a la vez que hizo un llamado a la neutralidad tecnológica.

"Con respecto al reglamento en cuestión, lamentamos que este no haya sido consultado, de manera previa a su publicación, con todas aquellas instituciones, organizaciones o interesados que puedan ser potencialmente afectados con el contenido de la normativa, tal como lo establecido el artículo 361 de la Ley General de la Administración Pública.

En la Unión de Cámaras consideramos que el intercambio de opiniones, conocimientos y experiencias entre el sector público y el sector privado como usuarios, es definitivamente la mejor manera de enriquecer la discusión técnica y de así lograr una mejor redacción para las disposiciones de alcance general que emite la Administración Pública", señala el oficio P-005-24 con fecha de este jueves 25 de enero dirigido a la ministra Paula Bogantes.

Es incorrecto indicar que el Reglamento únicamente regula los elementos de red que se desplegarán en el futuro, pues muchos de los elementos de red para el despliegue de 5G en el país ya se encuentran operativos para las redes 4G, y de acuerdo con las nuevas disposiciones, será necesario remplazar estos elementos de red ya existentes, los cuales significan inversiones cuantiosas. Lo anterior, genera incertidumbre sobre esas inversiones efectuadas y los retrasos en el despliegue de la tecnología 5G.

Uccaep agregó que considera que los distintos actores de la industria de las telecomunicaciones, por supuesto incluyendo a los operadores, habrían aportado opiniones sumamente valiosas sobre los aspectos técnicos más relevantes de este reglamento durante su elaboración, así como sobre las implicaciones en tiempo y costos que representa el despliegue de la red 5G en Costa Rica.

Inclusión de Convenio de Budapest

"Se debe tener claro que toda nueva regulación tiene un impacto sobre la actividad que pretende regular. En este caso en particular, el reglamento tiene, entre otras afectaciones, un efecto práctico de excluir para el despliegue de redes 5G, a algunos oferentes del mercado de esta tecnología para redes móviles, dentro de un mercado que es muy limitado a nivel global.

Debemos tener presente que la competencia en este mercado -en todo el mundo, y particularmente en América Latina- ha jugado un papel fundamental en los últimos años en cuanto a innovación y mejores precios, que a su vez se ha traducido en mejores servicios para las empresas y usuarios finales", añadió la carta, que si bien reconoce la importancia tanto de las redes de quinta generación como de la ciberseguridad para el país, considera que afecta la participación de proveedores basados en países que no han ratificado el Convenio de Budapest.

También señala que existen desafíos que el reglamento pretende abordar, pero manifiesta que es necesario un análisis completo para minimizar cualquier impacto negativo en las inversiones, en la capacidad, forma y velocidad de implementación de esta tecnología, en la calidad de los servicios de telecomunicaciones móviles actuales y futuros, así como en su asequibilidad.

En general, a la Unión de Cámaras le preocupa la incidencia de las medidas adoptadas y, en ese sentido, los impactos que están puntualizando en los costos y eventuales retrasos en el proceso hacia la ruta de IMT 2020 en Costa Rica, que incidirán negativamente en las inversiones, lo cual estiman que va en detrimento de la economía, de la competitividad del país y de la generación de empleos.

Se debe tener en cuenta que la ciberseguridad es un tema que trasciende a los operadores de telecomunicaciones y sus proveedores, y que muchas veces también corresponde, de manera aún más determinante, al comportamiento y cultura de cuidado y seguridad de los usuarios finales de las redes de telecomunicación, incluyendo tanto a las entidades públicas como las privadas. De este modo, no se debe entender que la ciberseguridad es exclusiva responsabilidad de los operadores.
Además, debemos resaltar que todos los fabricantes de equipos para redes de telecomunicaciones móviles siguen los estándares dictados por la organización internacional 3GPP, la cual dicta las especificaciones técnicas y de seguridad para los equipos de telecomunicaciones. Por otro lado, la GSMA y 3GPP desarrollaron un programa para el aseguramiento de la seguridad de los equipos de red, denominada NESAS, mediante el cual se realizan auditorías y pruebas de seguridad en los equipos de red de fabricantes, con el objetivo de garantizar la seguridad de esos equipos desde su diseño, desarrollo y uso.

"Por todo lo anterior, Uccaep solicita respetuosamente al Micitt que analice detalladamente todas las observaciones que han recibido por parte del sector privado, las cuales son realizadas con el interés de construir y procurar una normativa justa y conveniente para el desarrollo de la industria de telecomunicaciones.

Además, solicitamos que el Micitt conforme espacios de trabajo, con participación activa de representantes del sector privado, con la finalidad de analizar las posibles modificaciones que podrían implementarse en el reglamento vigente y así mitigar los efectos negativos que se derivarían de la aplicación de las estipulaciones hoy planteadas", finaliza la misiva firmada por su presidente ejecutivo José Álvaro Jenkins.