País evalúa capacidades en ciberseguridad
Bajo la coordinación del Ministerio Público, este lunes dio inicio una reunión de 4 días de trabajo para la evaluación de la ciberseguridad en Costa Rica, la primera actividad que forma parte de los compromisos adquiridos por el país con la ratificación, en setiembre del 2017, del Convenio de Budapest.
La Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales del Ministerio Público (Oatri) fue designada por Decreto Ejecutivo como la autoridad central para la implementación del Convenio en Costa Rica, por lo que tiene a su cargo un rol de coordinación interinstitucional.
Manuel de Almeida Pereira, director del Proyecto Cybercrime Programme Office del Consejo de Europa, reconoce que el país "está en buen camino", pero ni siquiera a nivel global se está en el "punto óptimo" de preparación para contener el cibercrimen.
Por ello se creó la Acción Global Contra los Delitos Cibernéticos (Glacy, por sus siglas en inglés), un proyecto del que Costa Rica forma parte y que, con esta reunión como primer paso, permitirá intercambiar experiencias y mejorar el abordaje de este tipo de delincuencia.
En el Colegio de Abogados y Abogadas, sede del encuentro, representantes del Consejo de Europa, expertos internacionales en ciberdelincuencia y funcionarios de instituciones como el Ministerio Público, Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría General de la República, formularán un diagnóstico de las fortalezas y debilidades del país en materia de ciberdelincuencia.
Para Juan Carlos Cubillo, subjefe del Ministerio Público, el encuentro es una oportunidad "para capacitarnos, pero también para evaluarnos y hacernos las preguntas esenciales, y una de ellas es si con la metodología actual podemos trabajar la prueba electrónica, que por sus particularidades es delicada".
A partir del diagnóstico, añade Almeida, será posible "desarrollar un plan de trabajo para los próximos 4 años, con actividades de formación, de refuerzo de capacidades, que se van a desarrollar aquí; no solo para las instituciones policiales, sino también para el sistema de justicia en general".
Por su parte, Laura Monge, fiscala adjunta de Oatri, considera que, con su rol frente al Convenio de Budapest, la institución afronta tantos beneficios como retos, pues "es necesario adaptar la legislación a este instrumento internacional y hacer un análisis de cuales elementos hay que fortalecer; eso sí, con la ventaja de formar parte de una red de asistencia privilegiada".