Fonatel está en el centro de las críticas por su gestión

Pandemia deja al descubierto la magnitud de la brecha digital en el país

Erick Murillo [email protected] Junio 22, 2020  5:12 am

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  • La emergencia del COVID-19 cambió la forma de estudiar y trabajar

(CRHoy.com).-La pandemia mostró la verdadera magnitud de la brecha digital en Costa Rica. Actividades como educación, trabajo, socialización, transportes y hasta el entretenimiento cambiaron producto de la emergencia sanitaria.

Pero, esta brecha no es unidimensional sino multidimensional, es decir, está asociada a múltiples variables, como edad, zona geográfica, nivel socioeconómico o incluso acceso no solo a una sino a múltiples tecnologías como dispositivos (teléfono celular, computadora), conectividad fija o móvil, velocidad, cobertura; el grado de alfabetización digital, así como nivel académico.

Y los datos muestran que aunque la brecha se ha venido cerrando con el tiempo, sigue abierta.

Es por ello que hoy iniciamos una serie de análisis sobre el impacto del COVID-19 en el país y su relación con la tecnología.

¿Qué es la brecha digital?

“En su esencia, la brecha digital es la desigualdad que existe, a nivel digital, entre distintas personas caracterizadas por una serie de variables socioeconómicas.

De manera muy sencilla podríamos definir que la brecha digital es la diferencia entre quienes tienen acceso a las TIC y aquellos que no”, detalla el Programa Sociedad de la Información y el Conocimiento (Prosic) del 2019 de la Universidad de Costa Rica.

El mismo reporte explica que la brecha debe ser considerada como el resultado del desarrollo disparejo de la posibilidad de acceder a la tecnología, destacando su impacto social.

Esta es la situación conceptual en medio de la pandemia y cómo afecta a la sociedad, que a la vez responde con el uso intensivo de tecnología para hacerle frente al COVID-19.

Fonatel en el ojo de la tormenta

Antes de que siquiera alguien imaginara una enfermedad que prácticamente paraliza al mundo, en el país se venían realizando esfuerzos sostenidos, pero con alcances limitados, para reducir la brecha digital.

“El pilar de Inclusión Digital del Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones 2015-2021 (PNDT) contempla un total de 8 programas y 18 metas a través de las cuales se pretende desarrollar acciones que a la larga reduzcan de la brecha digital en términos del acceso, uso y apropiación de las tecnologías digitales; prestando especial atención a la población que se encuentra en condición de vulnerabilidad”, señala el informe de Prosic.

Sin embargo, el documento añade que “a pesar de esto, los ambiciosos objetivos planteados del pilar son los que muestran mayor atraso, ya que al 31 de diciembre de 2017, se reportaba que sólo el 33% de las metas del pilar presentaban un estado de cumplimiento a tiempo, mientras que el 67% restante se catalogaba como con incumplimientos. Según lo registrado en la evaluación bienal del PNDT, los mayores retrasos se observan en las metas que forman parte de la “Estrategia Crdigital y que se financian con los recursos del Fonatel”.

Es precisamente el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) el que ha sido blanco de críticas y cuestionamientos durante la pandemia del COVID-19.  La polémica llegó a tal nivel que Luis Adrián Salazar renunció a su cargo como ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), luego de cuestionar el “uso diferente” de recursos de Fonatel, con lo que -según dijo- se pone en riesgo el acceso de comunicaciones para sectores más vulnerables del país.

Salazar señaló el pasado 28 de mayo que en este momento hay una marcada diferencia entre la ideología del gobierno y la que él como profesional tiene.

El fondo está adscrito a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) y debe llevar telefonía e Internet a zonas y comunidades donde aún no hay servicio, promoviendo acceso universal, servicio universal y solidaridad establecidos en la Ley General de Telecomunicaciones N° 8642. Además, debe cumplir con las metas y prioridades del PNDT. Sin embargo, la fecha no ha logrado cumplir sus objetivos.

“…Además de reiterar lo que ya se ha venido señalando en ediciones previas, este informe 5 no solo pone en cuestión la eficacia de Fonatel (y Sutel…) en su rol de gestor de dichos recursos, sino del PNDT como instrumento diseñado para atacar esas falencias. Esto se evidencia principalmente, en las solicitudes de modificación de metas que ha presentado la Sutel ante el Micitt para cambiar los plazos y/o cantidades establecidos en ellas”, sentencia el informe de Prosic acerca de la incapacidad que ha demostrado Fonatel para cumplir sus metas.

Hasta el mismo Estado ha sugerido usar los fondos ociosos que debieron usarse para reducir la brecha digital, para ayudar a reducir el déficit fiscal.

El Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, promueve ante la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para echar mano a ₡170 mil millones Fonatel para ayudar a frenar el crecimiento del déficit en las finanzas públicas.

Pero “la Sutel considera que los recursos de Fonatel son vitales para cumplir con el derecho constitucional de los habitantes al acceso, uso y apropiación de las telecomunicaciones; que hoy en medio de la crisis provocada por la pandemia del COVID-19, las telecomunicaciones permiten a miles de personas en el país seguir produciendo, estudiando e informándose.

Trasladar los recursos de Fonatel para otros fines impediría cumplir con las obligaciones legales y contractuales de los proyectos en ejecución (…) implicaría paralizar todos los proyectos; con un impacto negativo en las poblaciones más vulnerables del país. La posición de Sutel es coincidente con resoluciones de la Sala Constitucional, informes de la Procuraduría General de la República y la propia Contraloría General de la República; que han señalado cuál es la finalidad de esos recursos”, respondió al respecto Federico Chacón, presidente del Consejo de Sutel.

Por su parte, la diputada Yorleny León, del Partido Liberación Nacional (PLN), propuso trasladar los recursos del Fonatel a la Fundación Omar Dengo (FOD). “Y es que, cada año que transcurre sin que se atienda la brecha digital, se afecta a las poblaciones más vulnerables, afectación que se puede multiplicar en el tiempo”, señaló la legisladora.

Y un informe emitido por la Contraloría General de la República (CGR) que toma en cuenta el periodo entre 2015 y 2018, señaló al Fondo por presentar atrasos en la ejecución de los proyectos, establecimiento de metas inalcanzables y proyectos pendientes de poner en ejecución pese a giro de recursos, entre otros.

Según las metas establecidas en el Plan Nacional de Telecomunicaciones, en 2017 Fonatel solo cumplió el 10%, en 2018 el 25% y para el primer semestre de 2019 el 34%.

El informe del entre contralor fue refutado por Sutel, que considera que el Fondo ha venido actuando adecuadamente y cumpliendo el 100% de sus metas.

“Fonatel cumplió en más del 100% de las metas establecidas por el Poder Ejecutivo en 3 de los 4 proyectos en ejecución para el 2019; esto refleja que muchos de los señalamientos de la Contraloría en su informe al 2018 ya se han subsanado”, respondió Sutel, a la vez que afirmó que acatará las órdenes de la CGR con relación a mejorar los procesos y ejecutar de manera adecuada los recursos.

Hasta la Cámara de Infocomunicación y Tecnologías (Infocom) acusó al Ministerio de Ciencia y Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) de entorpecer las acciones para garantizar atención a la población vulnerable por la pandemia COVID-19.

Las autoridades de Infocom detallaron que mantuvieron una reunión con representantes del Gobierno y de la Sutel, en busca de acelerar los programas de Fonatel para atender a dichas poblaciones, pero alegan que la posición del Micitt fue que primero debían conocer cuánto dinero puede tomar el Ministerio de Hacienda del fondo.

De acuerdo con Infocom, desde el pasado 3 de abril enviaron una carta a las autoridades del Micitt pidiendo la creación de la mesa tripartita entre las instituciones, para proponer una serie de alternativas e iniciativas en pro de dar solución a estas poblaciones, entre ellas, la ampliación del programa Hogares Conectados. Luego de la insistencia, el Micitt accedió a la reunión, por lo que les sorprendió la actitud de los representantes gubernamentales.

“El Micitt, en su papel de rector, es el responsable dictar el uso de los recursos de Fonatel, pero su inacción limita la ejecución de los fondos dirigidos a la atención de esta emergencia sanitaria, que ya deja cifras históricas de desempleo y grandes impactos económicos”, señaló Vanessa Castro, presidenta de Infocom.

Está cámara sugiere que Fonatel, a través de un programa extraordinario, entregue una subvención temporal del pago de sus servicios de telecomunicaciones a las personas vulnerables y afectadas por el COVID-19 para garantizar la conectividad de todos los costarricenses.

Además, propusieron acelerar la puesta en marcha de un programa para subvencionar parcialmente la conectividad de empresas que hayan visto afectada su producción por la pandemia.

El Micitt contestó la propuesta y dicen que están trabajando en llevar conectividad a todos los hogares y que ninguna propuesta ha sido descartada, por el contrario, se encuentran en análisis para determinar cuál es la más viable.

Sutel también se sacudió de las críticas y respondió que como administrador de los recursos de Fonatel, cuenta con 4 programas en funcionamiento para el cierre de la brecha digital en los que se han ejecutado $134 millones de dólares y “los resultados son visibles”.

“Por ejemplo, en el Índice de Pobreza Multidimensional elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), se observa como el acceso a Internet en las familias de escasos recursos fue la variable que más contribuyó a la disminución de pobreza entre el 2016 y 2019; gracias al Programa Hogares Conectados que les brinda a las familias de escasos recursos una computadora y una conexión a Internet.

Según el Índice de Pobreza Multidimensional en el 2016 el 41% de los hogares de escasos recursos no tenía acceso a Internet, en el 2019 ese indicador bajó al 13%”, señaló la Superintendencia.

En medio de los dimes que te diré, cientos de miles de personas perjudicadas laboralmente por la pandemia siguen esperando una respuesta del Bono Proteger, precisamente muchas de ellas afectadas por la falta de alfabetización digital, ya que la ayuda solo se pide mediante una aplicación y no todos los solicitantes tienen las destrezas básicas para llenar el formulario, aunque tienen la posibilidad de asumir a las sedes del IMAS.

Mientras tanto, 500 mil de estudiantes de primaria y secundaria pública no tiene acceso a la educación en línea, ya sea por falta de dispositivos o de conectividad para integrarse a las plataformas de enseñanza virtual. Este medio millón de alumnos marginados del acceso a la tecnología reciben el material impreso; ya el Ministerio de Educación ha recibido denuncias de que les quieren cobrar por entregarles el contenido.

Además, el proyecto 22.019, Ley para garantizar las pensiones alimenticias en el marco de la crisis derivada de la enfermedad COVID-19, también pretende tomar parte del dinero de Fonatel para destinarlo a pagar pensiones alimentarias de aquellos que se hayan visto afectados por reducciones de jornadas.

La iniciativa presentada el 4 de junio pasado por la diputada Paola Vega busca evitar el apremio corporal (detención del deudor de pensión alimenticia) temporalmente por 3 meses: junio, setiembre y diciembre.

Brecha desde antes de la pandemia

La inversión en este sector (telecomunicaciones) y particularmente la instalación de infraestructura resulta fundamental pues actualmente, es imposible pensar en operaciones comerciales, servicios públicos y trámites personales que no se basen en dispositivos tecnológicos y por ende, en las telecomunicaciones.

Igualmente estas también poseen el potencial para reducir brechas con los sectores excluidos, particularmente con aquellos ubicados en zonas alejadas y que por limitantes geográficos pueden presentar problemas asociados al acceso, cobertura y calidad de este tipo de servicios”, señalaba contundentemente el informe de Prosic del año pasado, pocos meses antes del inicio la pandemia.

Lo anterior no solo evidencia rezagos en materia de infraestructura TIC, sino también –y principalmente- en términos de la calidad. Esto además de incidir en el tipo de contenido al que pueden acceder las y los usuarios, afecta al sector empresarial, ya que éste no puede acceder a los servicios que pueden aumentar su productividad y ampliar los mercados para sus productos; incrementando la brecha digital con respecto a otras regiones y a lo interno de los países, particularmente con los sectores que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad.

Esto deja en evidencia, la necesidad de construir más “redes de alta capacidad, tanto fijas como móviles”, puesto que las inversiones efectuadas parecieran no estar satisfaciendo las necesidades emergentes de la zona”, señalaba la investigación, como si pronosticara la situación que se avecinaba menos de un año después.

Los números no mienten. En un mundo altamente conectado y dependiente de Internet como el actual, se hace necesaria más que nunca una conexión estable y de velocidad aceptable.

Sin embargo, la realidad del país en materia de velocidad de Internet en el país no es la mejor.

De acuerdo con Speed Test, para abril del 2020 la velocidad promedio a nivel mundial de descarga de datos móviles era de 30.89 Mbps y la de redes fijas es de 74.74 Mbps. En el índice del sitio de medición, Costa Rica se ubica en el lugar 92, en redes móviles con 20.08 Mbps y en el lugar 76 con 33.94 Mbps de velocidad para redes fijas.

El Micitt reconoce que la materia de calidad de servicios no corresponde a una competencia del la institución, “no obstante, en nuestro rol de rectoría del sector se ha venido trabajando con Sutel y con los operadores para garantizar que los servicios se encuentren disponibles. Para ello, se ha establecido una mesa de trabajo que convoca a jerarcas del Micitt, la Sutel y los operadores de telecomunicaciones, donde se analiza el impacto de la emergencia sanitaria en los servicios de telecomunicaciones, así como las acciones que se toman desde las distintas aristas en respuesta a los cambios del sector”.

La entidad añade que la mesa de trabajo es de perfil netamente técnico, con personal del Micitt, Sutel y los operadores, donde se analiza semanalmente la respuesta de las redes fijas y móviles de telecomunicaciones ante los cambios en el comportamiento de consumo de los usuarios.

Para ello, se desarrolló un indicador que consiste en una relación entre la velocidad de descarga fuera de la hora de máxima carga de las redes de los operadores y la velocidad registrada durante las horas de máximo tráfico, para poder visibilizar el cambio o el efecto de las tendencias de consumo en las redes.

“Es un indicador general y agregado para todos los operadores, por lo que refleja la salud general de éstas. El detalle del comportamiento del indicador se ha declarado confidencial por parte de la Sutel, pero es posible destacar que desde el inicio de la emergencia, se ha incrementado la cantidad de horas del día de máximo tráfico así como la demanda de datos, especialmente en las redes fijas, ante lo cual los operadores han tomado medidas como mejoras y aumentos de ancho de banda de sus salidas internacionales, así como de las conexiones al punto de intercambio de tráfico local (IXP), lo cual en adición a acciones tomadas a nivel global como lo es la disminución en la calidad de los videos que se ofrecen en plataformas streaming, ha logrado generar una tendencia estable y creciente del indicador antes mencionado, mostrando un comportamiento robusto de las redes”, afirma el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones.

Por su parte la Sutel realiza mediciones semanales del comportamiento de las redes de telecomunicaciones desde que inició esta crisis por la pandemia del COVID-19 y afirma que da seguimiento al desarrollo de todo el sector y de manera individual a cada operador.

“A pesar del aumento significativo en el tráfico, el sector ha hecho un esfuerzo por comprar más ancho de banda internacional y reforzar la infraestructura de las redes para soportar el aumento de tráfico de datos.

También los proveedores de mayor tráfico ya están conectados al IXP, esto significa que todo el tráfico de datos que se origina y tiene destino dentro del país no requiere de conexiones internacionales, que da mayor rapidez y disminuye las posibles saturaciones en conexiones internacionales”, detalló Federico Chacón de Sutel.

“En las últimas mediciones hemos visto importantes mejoras en las redes fijas, por ejemplo, la reducción de los periodos de máxima carga. Al inicio de la crisis el máximo tráfico empezaba a las 7 a.m. hasta las 11 p.m.; actualmente inicia a las 3 p.m. y finaliza igual a las 11 p.m.

Esto refleja la tendencia a normalización de la respuesta de las redes ante el incremento de tráfico; cada vez los resultados son más similares a los obtenidos antes de la emergencia”, añadió el ente regulador, en referencia a un uso intensivo de Internet debido a personas que trabajan o estudian en casa.

Añadieron que se mantendrán las medidas de evaluación constante de las redes fijas y móviles con los sistemas de medición con que cuenta la Sutel y en caso de que se registre algún comportamiento que ponga en riesgo la continuidad del servicio, se tomarán las acciones pertinentes y se emitirán las recomendaciones necesarias.

“Esta situación de conexión no es de país per se y depende de muchos factores. Lo importante en este caso es contar con un buen plan de diseño de redes, de respaldo, de manejo de información y de contingencia. La organización debe regular el uso de los dispositivos de trabajo para que sean utilizados para el fin al que se están cediendo a los colaboradores y que no sean utilizados para temas lúdicos y descargas que pueden afectar a toda la empresa. En este caso, la cultura, concientización y responsabilidad de cada uno de los usuarios con respecto a sus dispositivos es de suma importancia”, señala Gabriela Hidalgo, Gerente de Mercadeo de GBM, sobre la optimización de un recuso como el ancho de banda.

Añade que a nivel de conexión a Internet, se deben priorizar ciertos sistemas a favor de otros. Además, se deben planear mantenimientos y generación de reportes en tiempos en los que la mayoría de los colaboradores no se encuentren trabajando.

Para minimizar el impacto y reducir picos de demanda en las redes, se recomiendan acciones como:

• Descargar únicamente los archivos que sean necesarios. 
• Evite enviar archivos “pesados”. 
• Tratar de administrar el uso mínimo de correos masivos. 
• Priorizar, en la medida de lo posible, el uso de herramientas colaborativas de voz. 
• Desactivar aplicaciones y cerrar las páginas web que no se estén usando en el momento.
Fuente: Micitt

Gran vacío

“Si bien uno de los aspectos que más ha preocupado de esta institución (Fonatel) es su incapacidad para alcanzar las metas planeadas y los problemas asociados con la subejecución de fondos; parte de sus falencias también tienen como telón de fondo impedimentos estructurales que tienen relación con las condiciones legales existentes para el despliegue de la infraestructura.

Esto sin lugar a dudas ha afectado el desarrollo de los programas de Fonatel, mostrando que en un escenario inicial, lo ideal hubiese sido que previo a la formulación y diseño de los proyectos a ejecutar, la calendarización planificada hubiera tomado en cuenta aspectos como el tiempo requerido para realizar las reformas y la promoción de normativa necesaria para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, así como las eventuales limitantes que a nivel municipal podrían haberse generado, lo que sugiere que el planeamiento posiblemente no integró a este sector en el proceso”, es la contundente conclusión del informe 2019 de Prosic, que evidenciaba los atrasos en la ejecución de proyectos incluso antes de la crisis por el COVID-19.

“Por ello, también es necesario que la planificación de proyectos tan importantes como los realizados a través de Fonatel revisen sus plazos de ejecución en función de dichos aspectos, ya que los resultados obtenidos a la fecha muestran que no se realizó un análisis adecuado de las condiciones legales del país en materia del despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, por lo que no solo se ha visto limitado el avance real en este aspecto, sino que también la planificación prevista no haya sido real con respecto a las capacidades efectivas de implementación”, añade la investigación.

Lea mañana el impacto de la la brecha digital en los hogares costarricenses. 

 



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