Presentan proyecto para regular la Inteligencia Artificial en el país

La diputada Johana Obando, del Partido Liberal Progresista (PLP), presentó un proyecto de ley que establece un marco regulatorio para la implementación de sistemas de Inteligencia Artificial (IA).

La iniciativa busca garantizar el uso ético y responsable de la IA, protegiendo los derechos de las personas y promoviendo la transparencia en su implementación.

"Este proyecto de ley sitúa a Costa Rica a la vanguardia de la regulación de la inteligencia artificial. La IA tiene el potencial de transformar numerosos aspectos de nuestra sociedad, pero es esencial que su desarrollo e implementación se realicen de manera ética y responsable.

Este marco regulatorio garantizará que se respeten los derechos humanos, la igualdad y la no discriminación, al mismo tiempo que se fomenta un desarrollo tecnológicamente equilibrado", manifestó la legisladora liberal.

El proyecto de ley es de orden público y se aplicará en todo el territorio nacional, abarcando tanto a nacionales como a extranjeros que operen sistemas de IA en Costa Rica. Se enfatiza la centralidad de la persona y el respeto a los derechos humanos, promoviendo la igualdad, la no discriminación y un desarrollo tecnológicamente equilibrado en el uso de la IA.

Además, se prohíbe el uso de IA para la explotación de grupos vulnerables, la manipulación del comportamiento humano y la toma de decisiones en el ámbito judicial y legislativo. La legislación regula el uso de IA en sectores como la educación pública, servicios públicos, sistema judicial y control de fronteras, buscando asegurar que estos sistemas se utilicen de manera responsable y transparente.

En cuanto a la identificación biométrica en tiempo real, solo podrá ser realizada por autoridades públicas con una orden judicial en casos de delitos graves. Las actividades relacionadas con IA requerirán un procedimiento administrativo de evaluación y autorización previa, gestionado por el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt).

Además, los productos y servicios que incorporen esta tecnología deberán incluir indicaciones claras para informar a los usuarios sobre su uso de IA.

"Este proyecto de ley no solo busca regular la IA, sino también fomentar la cooperación entre entidades públicas y privadas para asegurar que Costa Rica se beneficie plenamente de las oportunidades que ofrece la IA, como en áreas de salud, educación, agricultura, cultura, música y entretenimiento.

Estamos comprometidos en asegurar que la implementación de esta tecnología sea transparente, equitativa y beneficiosa para todos", concluyó la congresista que organizó un foro que tuvo la participación de panelistas como Luis Adrián Salazar, exministro de Ciencia y Tecnología; Pedro Capmany, cantautor nacional; Adriana Restrepo, directora regional de Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI) y Mark T. Baker, vicepresidente global de políticas gubernamentales de Warner Music Group.

Tercer proyecto

Daniel Rodríguez, abogado de Datalex, señala que se trata del tercer proyecto de ley que se presenta sobre IA en el país.

El especialista en materia legal tecnológica resume los principales puntos de la normativa propuesta:

• Ámbito de aplicación: La ley aplicaría a nacionales, pero también a extranjeros que operen sistemas de IA disponibles en Costa Rica. Es decir, las grandes empresas proveedoras de IA estarían sometidas a la ley (Open AI, Microsoft, Google, Meta, etc).
• Se delimitan "Zonas de Impacto Primario", es decir, usos específicos de IA que estarían sometidos a evaluación y autorización previa del Estado.

Algunas son: sistemas sanitarios, acceso al mercado laboral, educación pública, infraestructuras críticas, incorporación de IA en productos o servicios de uso masivo, etc.

Preocupa cómo se llevará a cabo esa evaluación y si existe la capacidad humana y técnica en el Micitt para realizarlas de forma masiva y en tiempo.

No existen metodologías universalmente aceptadas para hacerlo. Ni siquiera el AI Act de la UE (la norma más avanzada en la materia) exige ese tipo de autorizaciones previas.

• Prohíbe el uso de imágenes, mensajes y producciones visuales o sonoras mediante IA generativa, sin autorización. Esta prohibición, aunque positiva para prevenir los conocidos "deepfakes", es potencialmente lesiva de la libertad de expresión si no se exceptúan de la prohibición los usos justos, como por ejemplo, cuando se usen las imágenes o producciones con fines de información, comentario, crítica, parodia o sátira, o para fines educativos.

Tampoco se excepcionan los usos de imágenes de personas públicas en temas de interés público.

• Prohíbe el uso de material protegido por derechos de autor para "procesos de IA" sin la autorización previa de los autores. Es decir, el mero entrenamiento de modelos de IA no sería considerado un uso justo de obras protegidas, sin excepción alguna.
  Por lo tanto, cualquier start up de IA que quiera desarrollar modelos de IA propios deberá pagar por acceder a datos de entrenamiento. Al no haber excepciones, el uso de obras protegidas para investigación en IA (no comercialización) también estaría prohibido, obstaculizando la investigación y desarrollo de soluciones de IA.
• Las definiciones no siguen estándares internacionales.
• Se rescatan las obligaciones que establece el proyecto de mayor transparencia para los usuarios de sistemas de IA, la protección de datos personales, y la mención, aunque limitada, a la gestión de riesgos que deben tener las empresas al utilizar IA.

Al igual que con los otros dos proyectos, no se observan medidas de fomento a la industria de IA, en áreas como educación, infraestructura, capacidad de cómputo, acceso a datos de calidad, apoyo a emprendimientos y start ups, entre otros.