Proyecto busca que instituciones se pongan de acuerdo en infraestructura de telecomunicaciones

(CRHoy.com).-Un proyecto que se debate actualmente en la Asamblea Legislativa, busca que las instituciones públicas se pongan de acuerdo de una vez por todas en materia de infraestructura de telecomunicaciones.

Se trata del expediente N° 22.520, "Ley para incentivar y promover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica".

"Este proyecto es muy importante, ya que elimina barreras que el mismo Estado ha impuesto a los operadores de telecomunicaciones, para el despliegue de las redes, por medio de las cuales se brindan los servicios a todo el país.

Es fundamental que el Estado ofrezca seguridad jurídica a los inversionistas", afirmó Edwin Estrada, exviceministro de Ciencia y Tecnología (Micitt), quien fue uno de los creadores de política pública de infraestructura, e hizo visitas a las municipalidades y al MOPT para avanzar con la iniciativa que ahora apoya desde el sector privado.

"El objetivo de la ley es propiciar que las entidades públicas, que intervienen en los trámites y requisitos para la construcción de infraestructura del sector, trabajen de manera coordinada y con la mayor celeridad con el propósito de incentivar la ampliación y la cobertura de las telecomunicaciones a todos los rincones del país", señala la legislación.

Y es que en la actualidad la tramitología es un obstáculo para la instalación de antenas de telecomunicaciones. Por ejemplo, en el régimen municipal, en virtud de su autonomía, obliga a que los operadores tengan que solicitar los permisos a cada uno de los 83 ayuntamientos; de hecho 7 de ellos no tienen reglamentación específica en este campo.

"En virtud de la declaratoria de interés público de la infraestructura y las redes en telecomunicaciones, las municipalidades contemplarán en sus reglamentos los requisitos necesarios para la instalación de infraestructura de telecomunicaciones en cuanto al uso de suelo y la autorización para las licencias constructivas de manera que se simplifiquen los trámites y se brinde seguridad jurídica", añade el proyecto.

También establece que las instituciones públicas, tanto del Gobierno Central como las entidades autónomas, podrán autorizar y promover el uso de sus bienes inmuebles, entre los que se incluyen los edificios, para la instalación de los dispositivos que permitan ampliar la cobertura de telecomunicaciones en todo el territorio nacional.

Tramitología y burocracia

"Con la aprobación de este proyecto, definitivamente se facilita la reducción de la brecha digital y la llegada de los servicios especialmente a las zonas más vulnerables del país. Esto también facilita la infraestructura para 5G", añade Estrada, quien además pertenece a la comisión de infraestructura de la Cámara de Infocomunicación de Costa Rica (Infocom).

Sin embargo, estima que si bien la ley viene a solucionar varios asuntos, se requiere voluntad política y considera que se necesita un acompañamiento del despacho del presidente a quien ocupa la dirección del Micitt. Menciona el caso específico del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

"Se requiere que el MOPT incorpore el tema de la infraestructura, desde el 2017 habíamos emitido una directriz en esa línea y ni siquiera el mismo MOPT que fue el que la emitió, la ha cumplido. Por eso es importante el proyecto, porque por medio de una ley sí se hace obligatorio, pero si no hay voluntad política, las cosas se atrasan", menciona Estrada, que es Director de Desarrollo de Nae para Centroamérica.

De hecho el proyecto establece un artículo de responsabilidad del diseño, que determina que el MOPT incluirá en el diseño de todas las vías nacionales, así como en los planos de reconstrucción de las carreteras, los aspectos técnicos necesarios y de planificación para el desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones.

Finalmente, en cuanto a los tiempos para resolver, para la resolución de las solicitudes de alineamiento, uso de suelo, licencia constructiva, viabilidad ambiental, permiso ante el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, certificaciones y trámites, las instituciones deberán velar por el cumplimiento de la Ley Nº 8220, Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos y tramitar dichas solicitudes en los plazos establecidos con la mayor celeridad posible en virtud de su interés público. Pasado el período, el silencio positivo se entenderá como aprobación.

Al proyecto ya se le dio primer debate en el Plenario Legislativo y se remitió el expediente a la Comisión de Redacción, el próximo paso es que entre en el orden del día en la corriente legislativa.