Proyecto de ley propone penas de hasta 12 años de prisión contra granjas de troles
El diputado jefe de fracción del Partido Liberal Progresista (PLP), Gilberto Campos Cruz, puso a despacho un proyecto de ley con el expediente 25379 que propone penas de prisión de hasta doce años para quienes creen, financien, coordinen o ejecuten estructuras digitales conocidas como "granjas de troles".
Estas figuras en redes sociales son utilizadas para manipular la opinión pública, interferir en procesos electorales y distorsionar el debate democrático mediante cuentas falsas, automatizadas o pagadas.
La propuesta se denomina "Ley contra la manipulación de la opinión pública y la voluntad popular en redes sociales", y establece por primera vez en el país un marco penal específico para sancionar estas prácticas, que han sido documentadas tanto en procesos electorales nacionales como en ataques coordinados contra periodistas y figuras públicas.
El proyecto plantea penas de prisión de cuatro a ocho años para quienes organicen o participen en campañas digitales coordinadas destinadas a simular apoyo ciudadano, difundir desinformación de forma deliberada, alterar tendencias en redes sociales o afectar la reputación de personas y la confianza en las instituciones públicas valiéndose de cuentas falsas de redes sociales o troles.
De acuerdo con la propuesta, las sanciones aumentarán de seis a doce años de cárcel cuando las conductas sean cometidas por funcionarios públicos en ejercicio de sus cargos, cuando exista participación o financiamiento extranjero en procesos electorales nacionales, o cuando estas acciones formen parte de una estructura u organización criminal.
Entre las conductas tipificadas se incluyen la creación y administración de redes de cuentas falsas o bots no declarados; la difusión masiva de información falsa con conocimiento de su falsedad; la simulación de consensos sociales inexistentes; el ocultamiento del financiamiento de campañas digitales de influencia política; y la interferencia maliciosa en elecciones, plebiscitos o consultas populares.
El proyecto aclara expresamente que no constituye delito la crítica política, la sátira, la parodia, la actividad periodística ética ni la manifestación individual de opiniones, siempre que no formen parte de una acción dolosa, sistemática y organizada de manipulación digital.
Campos indicó que la iniciativa establece que la investigación y persecución penal de estos delitos quedaría a cargo del Ministerio Público, mientras que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ejercerá funciones de fiscalización en el ámbito político-electoral y podrá remitir denuncias cuando detecte posibles infracciones.
Además, el proyecto incorpora medidas preventivas como la alfabetización digital en el sistema educativo y obligaciones de transparencia para operadores digitales que utilicen automatización en campañas políticas.
La propuesta surge en un contexto de creciente preocupación por el uso de redes coordinadas de desinformación en Costa Rica y otros países, fenómeno que distintos estudios académicos y organismos internacionales han señalado como una amenaza directa a la calidad de la democracia.