Red 5G del ICE no estará lista en esta administración
La meta de que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) cuente con una red 5G no será posible en la administración Chaves Robles.
A la fecha, el ICE no ha podido resolver las licitaciones de infraestructura y tampoco pudo participar en la subasta de frecuencias, por lo que se ha quedado rezagado en la carrera por esta tecnología necesaria para competir en el nuevo entorno tecnológico actual.
Y ante los últimos acontecimientos, la fecha para que la entidad pública cuente con este sistema de comunicaciones inalámbricas no se ve cercana.
Licitación de frecuencias
El 8 de mayo del 2022, cuando el presidente Rodrigo Chaves tomó posesión, uno de sus primeros anuncios fue la orden de liberar las frecuencias para permitir el despliegue de redes de quinta generación.
En aquel momento, Chaves ordenó al presidente del ICE, Marco Acuña, y al entonces ministro del Micitt, Carlos Enrique Alvarado, disponer de las frecuencias retenidas.
Pero no fue sino hasta dos semanas después que se emitió un documento que establecía un corto plazo de seis meses para devolver un segmento de frecuencias del espectro radioeléctrico necesarias para desarrollar redes IMT 2020.
Desde ahí comenzó un tortuoso camino lleno de obstáculos legales, técnicos, burocráticos y geopolíticos que a la fecha le han impedido al ente estatal ofrecer comercialmente el servicio 5G, mientras sus dos competidores Claro y Liberty ya tienen disponible para sus clientes esta tecnología de telecomunicaciones de última generación.
De hecho, al principio Casa Presidencial alegó confidencialidad para no dar a conocer el contenido del acuerdo entre el ICE y el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) para la devolución parcial de bandas.
No fue sino tras la presión de la opinión pública y los medios de comunicación que se supo qué decía el decreto de carácter público.
Luego el proceso entró en una serie de procedimientos que establece la legislación en los que participaron el Micitt, la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) y la Contraloría General de la República (CGR).
La licitación de espectro finalizó en enero de 2025, cuando la Sutel le entregó al Micitt el informe con la recomendación de adjudicación.
Y el 24 de abril del año pasado, casi tres años después de la orden inicial de Chaves, se publicaron en el Diario Oficial La Gaceta los acuerdos de concesión de uso del espectro para redes móviles IMT, incluyendo 5G.
A partir de esa fecha, los nuevos concesionarios deben cumplir las formalidades para suscribir los contratos y comenzar el despliegue. Los adjudicatarios ahora deberán colocar 3.104 radiobases en 134 distritos con baja conectividad, con una inversión de unos $310 millones.
En la puja sin fines recaudatorios participaron 7 operadores entre nacionales y regionales. A nivel de territorio nacional las operadoras privadas Claro y Liberty fueron los oferentes por el recurso en las bandas bajas (700 MHz), medias (2300 y 3500 MHz) y altas (26/28 GHz).
El total recaudado fue de $32.519.940 ($16.259.970 para cada una de las dos telefónicas), mientras que en la subasta regional se obtuvo $1,5 millones, en la que participaron Ring Centrales de Costa Rica y las cooperativas Coopeguanacaste, Coopelesca, Coopesantos y Coopealfaroruiz (esta última se retiró al final).
Proceso sancionador
Sin embargo, el ICE no pudo participar en el procedimiento licitatorio anterior a causa de la alta concentración que ya mantiene sobre este bien demanial (espectro), en detrimento de sus competidores.
Así consta un documento presentado ante la Contraloría.
Una sanción de tres años por parte de un órgano administrativo lo despojó de 70 MHz por haber subutilizado el recurso escaso que le había sido asignado, según una resolución; el mismo proceso sancionatorio le impidió participar en el reciente cartel.
Al respecto, Marco Acuña, jerarca del ICE, había afirmado que el futuro de la institución dependía de poder tener acceso a las bandas medias.
"Entramos perdiendo al negocio y los otros operadores sí pueden tener más de 220 MHz y el ICE no puede comprar nada, a mí me parece que esta es absoluta práctica anticompetitiva que atenta contra la estabilidad de la empresa del Estado. No voy a dar conclusiones sobre eso, es solo información, pero el futuro del ICE depende mucho de eso", manifestó Acuña Mora en aquella oportunidad con motivo de la publicación del precartel de licitación; también a mediados del año pasado afirmó que en 2025 ya estaría comercializando este nuevo servicio.
Pero el hecho de que no haya podido ser parte de la subasta no le impide el despliegue de la red, ya que en el pasado altos funcionarios han afirmado que con el espectro que ya tiene concesionado por ley le es suficiente para comenzar a desarrollar una red de última generación.
Se estima que para iniciar una red 5G se requieren al menos 100 MHz y el ICE ya tiene concesionados 309,4 MHz, incluyendo 190 MHz en la codiciada banda media de 2,6 GHz, distribuidos así:
| Banda | Espectro asignado |
| 2600 MHz | 190 MHz |
| 2100 MHz | 40 MHz |
| 1800 MHz | 40 MHz |
| 850 MHz | 39,4 MHz |
Licitación de infraestructura desierta
Como si no fuera suficiente haber quedado fuera de la licitación de espectro, en mayo del año pasado el ICE declaró como "Desierto/Infructuoso" el cartel por $125 millones para implementación de infraestructura de redes 5G.
Así consta en el Sistema de Compras Públicas (Sicop) en el expediente de la solicitud de contratación, el monto exacto del presupuesto era $124.735.994.
Ante la situación, el 30 de julio del año anterior lanzó un nuevo documento cartelario, esta vez por el doble que el anterior, por $250 millones.
Esta vez, la red Stand Alone (SA) estaría basada en el modelo de arquitectura abierta Open RAN.
Sin embargo, esta licitación ha sufrido múltiples aplazamientos, la última la semana pasada; actualmente la licitación se encuentra en etapa de evaluación.
Con anterioridad, el día fijado cuando se cerraba el recibo de ofertas por parte de proveedores era el 19 de septiembre del 2025, después la fecha máxima se movió para el 3 de octubre, pero se trasladó para el 7 de ese mismo mes, posteriormente al 14 y luego para el 24 de octubre con un máximo del acto final de 70 días hábiles, fecha que se cumplía el 17 de febrero anterior.
Ahora, el ICE prorrogó por hasta 30 días hábiles el plazo, por lo que en el mejor de los casos se extendería hasta finales de marzo, tiempo insuficiente para que entre en funcionamiento cualquier tipo de servicio 5G antes de que finalice la actual administración en poco más de dos meses.
La razón del nuevo retraso es que se tuvieron que emitir 41 solicitudes de subsanación para corroborar el cumplimiento técnico y legal de las diez ofertas recibidas por parte de los proveedores.
En este caso, la Contraloría aclaró que en esta etapa la División de Contratación Pública no está relacionada, sino que todo el aplazamiento le corresponde al ICE.
Decreto de ciberseguridad
El ICE se tuvo que inclinar por la arquitectura de red Stand Alone (SA), en lugar de Non-Stand Alone (NSA), es decir, que no puede aprovechar la base ya instalada de 4G para migrar a la siguiente generación.
Una red con la arquitectura SA podría costarle hasta $200 millones, en lugar de los $20 millones que le costaría si utilizara el núcleo y parte de la infraestructura ya existente.
Pero el Instituto solo puede desarrollar sistemas basados en SA porque tiene que plegarse a la política pública que establece que solamente puede contratar equipos y software a empresas de países que hayan firmado el Convenio de Budapest.
Así se establece en el Decreto 44196-MSP-MICITT, que indica que compañías de naciones que no han ratificado el acuerdo internacional de lucha contra el cibercrimen, no pueden participar como oferentes de equipamiento en territorio nacional.
De hecho, el Reglamento sobre medidas de ciberseguridad aplicables a los servicios de telecomunicaciones basados en la tecnología de quinta generación móvil (5G) y superiores, fue objeto de múltiples recursos ante la Sala Constitucional y el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA), que se han resuelto a favor de la legalidad de su aplicación.
Plan piloto limitado
Finalmente, en agosto del año anterior, el ICE lanzó un plan piloto para ofrecer servicio 5G que requería estar pasándose a la red de Radiográfica Costarricense (RACSA) para obtener señal de quinta generación.
Por medio de su marca comercial kölbi, anunció el proyecto denominado Experiencia Piloto Kölbi 5G Stand Alone, en una fase de implementación gratuita durante seis meses, que permitirá a clientes pospago experimentar con el uso de esta nueva tecnología de telecomunicaciones.
El plan finalizó este 22 de febrero, por lo que se procederá con la desconexión del acceso para los clientes que participaron en la prueba, la cual no tuvo costo.
Sin embargo, para probar este sistema era necesario contar con al menos dos tarjetas SIM para el celular, una para conectarse a la red del ICE y otra eSIM o virtual para tener acceso a RACSA.
Al principio solo estuvo disponible con una marca de teléfonos de fabricación china.
De esta manera, dicho smartphone debería estar cambiándose de red de acuerdo con las zonas de cobertura, que era limitadas ya que no estaba disponible en todo del país, solo donde RACSA tuviera cobertura fija.
Así, cuando el celular detectaba la red 5G se conectaba a esta y cuando se perdía la señal, volvía a la red 3G o 4G del ICE.
Además, el operador público y su subsidiaria RACSA pretendían declarar confidencial un acuerdo para comercializar servicios de redes de quinta generación bajo la figura de operador móvil virtual (OMV), esquema menos probable de poner en práctica en el ICE.
Ambas empresas estatales habían firmado un acuerdo por casi $65 millones para ofrecer servicios 5G.
El convenio para dar conectividad móvil a 600,000 clientes del ICE, significaría un pago de $539,205.29 mensuales durante diez años a RACSA, para un total de $64,7 millones durante el plazo del contrato.